BRAGA
Créditos: GETTY IMAGES / BBC MUNDO
Entre los años 1996 y 2001, más de 270 mil mujeres fueron esterilizadas en Perú por un programa de planificación familiar del Gobierno de Alberto Fujimori y que tenía como objetivo –según indican– combatir la pobreza y reducir la tasa de natalidad en sectores de escasos recursos. Hoy, transcurridos 25 años y ante la evidencia de que dichos procedimientos quirúrgicos fueron realizados contra la voluntad, a través de engaños y operaciones forzadas a mujeres indígenas, estas siguen esperando reparación y justicia por parte de un Estado que no ha dado respuestas. Este caso ha sido documentado en el “Proyecto Quipu”, un archivo de memoria que permite conocer los testimonios de las víctimas. El Mostrador Braga conversó al respecto con la periodista y documentalista chilena María Ignacia Court, responsable de la campaña de visibilización internacional del caso, a pocas semanas de su reanudación, que dará a conocer si se abrirá proceso penal en contra de los denunciados.
En la década de los 90, el Gobierno de Alberto Fujimori, en Perú, fue el responsable de la esterilización forzada de 272.028 mujeres indígenas, no alfabetizadas, que vivían en situación de pobreza en áreas rurales del país. Miles de ellas reclamaron que fueron abordadas de forma violenta, bajo amenaza y en contra de su voluntad. Ante las acusaciones, el Gobierno de aquel entonces respondió que “se trataba de un programa de desarrollo social y lucha contra la pobreza, el cual contemplaba una estrategia de planificación familiar para que de esta forma las mujeres dispongan con toda autonomía y libertad sobre su propia vida”.
En 2006, Fujimori fue juzgado por corrupción y violación de los derechos humanos, sin embargo, no se le acusó por las esterilizaciones forzadas y el caso continuó abierto a la espera de justicia. Ya han pasado más de veinte años y, luego del ir y venir de una causa que ha sido archivada y reconsiderada en distintas oportunidades, finalmente el próximo 14 de septiembre se discutirá nuevamente ante la justicia, instancia en que el expresidente y tres de sus entonces ministros de Estado deberán comparecer ante la ley.
“Se tienen que hacer ligar y, si no, ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas. Me subieron a la cama y entonces me agarraron entre cuatro, dos me agarraron de las manos y dos debajo de los pies para ponerme la ampolla y ahí ya no me acuerdo”, revela uno de los testimonios de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas.
Testimonios como este fueron recopilados en “Proyecto Quipu”, una iniciativa que busca visibilizar la existencia de estos casos. Se trata de una plataforma de memoria, que utilizó herramientas como el archivo documental y la extensión de una línea telefónica en la cual estas mujeres lograron contar sus historias y unirse en torno a las vivencias de tantas otras. Para profundizar en el caso, El Mostrador Braga conversó con la periodista y documentalista chilena María Ignacia Court, miembro del equipo responsable de la iniciativa.
María Ignacia Court, junto con Rosemarie Lerner, cineasta peruana y coproductora de Quipu, estudiaban en Londres cuando el caso se hizo público. “Esto sucedió a finales de los 90, pero el caso salió a la luz pública en el año 2011, mientras Ollanta Humala y Keiko Fujimori se encontraban en la carrera por la presidencia. Fue justo en ese momento que empezaron a aparecer fuertemente noticias sobre el tema de las esterilizaciones forzadas a mujeres en su mayoría indígenas y en situación de pobreza en Perú. Sabemos que fueron 300 mil mujeres y 20 mil hombres y siempre en periodos de campaña aparece este tema del ‘programa de planificación familiar’, como lo llamaron”, explica la periodista.
“Claramente, es un sector de la sociedad que no tiene tanta visibilidad, no están en los estratos de poder para poder llegar a la justicia, entonces, es en los momentos de campaña que este caso reaparece con fuerza”, comenta María Ignacia.
“Así sucedió posteriormente cuando Keiko Fujimori intentó ir por segunda vez a la carrera por la presidencia contra Pedro Pablo Kuczynski y ahora por tercera vez con Pedro Castillo. En esta línea, el expresidente de Perú se enfrentará a la justicia próximamente junto con sus ministros de Estado, quienes están siendo acusados como principales responsables de la implementación de esta política pública”.
-¿Se trató de una política de Estado?
-La esterilización forzada es una intervención quirúrgica sin información, ni consentimiento previo, que se encuentra tipificada como un delito y violación a los derechos humanos ante distintos acuerdos del derecho internacional, sin embargo, el Gobierno peruano las justificó como parte de una política de planificación familiar.
En este sentido, María Ignacia Court explica que se trató de una política de Estado con características específicas y aplicada de forma sistemática. “Les sucedió a muchas mujeres, hay ahora 1.300 mujeres que están defendiendo su caso ante la justicia, que están siendo representadas por la justicia para poder poner sus casos a disposición”. La documentalista describe algunos de los aparatos que estuvieron dispuestos para que estos casos sucedieran:
“Llegaban equipos de salud a los pueblos a implantar este programa, se pusieron cuotas a las personas que trabajaban en los servicios para lograr metas y si no lo hacían los despedían, o se supo de otros sobornos. Armaban consultorios de campaña en las plazas y ponían servicio de dentista con anuncios como: ‘Sácate una muela y esterilízate al lado’, queriendo decir, ‘mientras tu marido se está sacando una muela, tú te puedes pasar a esterilizar’”, expone.
Y agrega que “a muchas de estas mujeres las obligaron, no hicieron un consentimiento informado acerca de este caso, algunas de ellas no sabían ni leer ni escribir y las hacían firmar un documento. Las amenazaban con que al marido lo iban a llevar preso o que no les iban a dar el programa del vaso de leche –el Estado daba hartos programas a personas con escasos recursos–. También se dice que se recurría a policías y militares para amedrentar a las mujeres”.
“Claramente esta política de Estado fue con target, focalizada en mujeres de zonas rurales en situación de pobreza”, apunta Court a este respecto. “En el fondo se las iba a obligar, porque no existe ningún caso –hay un caso en Lima que es bien emblemático–, pero no hay ningún otro caso de clase alta limeña que haya estado ni cerca de que se le esterilizara sin consentimiento en una clínica privada y en los sectores públicos tampoco, entonces, acá había una intención clara de que disminuyeran los índices de pobreza de esos sectores”, puntualiza.
Una vez en la luz pública, distintas agrupaciones se movilizaron en la búsqueda de justica y reparación para las mujeres, hombres y familias que fueron víctimas de estos crímenes, entre las que destacaron los responsables de la producción de Quipu desde Inglaterra, que contó con la colaboración del periódico británico The Guardian, la Universidad de Bristol en Londres y Amnistía Internacional. En este aspecto, María Ignacia indica que “el hecho de producir este documental desde Inglaterra y que se tratara de un documental interactivo con acceso desde internet, sirvió para la internacionalización del proyecto y la exposición de la problemática”.
“Quipu” es el nombre del proyecto, el que se inspira en los “Quipus”, que son cordones anudados que fueron utilizados por los Incas para transmitir mensajes complejos.
Este proyecto estimuló la reunión y organización de las mujeres afectadas por esta situación, a lo que se sumó el apoyo de otras orgánicas de mujeres indígenas en resistencia contra la violencia de género, lo que aportó de manera importante en la movilización de este caso ante la justicia.
“Esto sucede en distintos niveles, siempre ha habido organizaciones de mujeres en distintos niveles, algunas no estaban tan organizadas, pero las que sí lograban organizarse siempre tenían un líder o un representante”, explica Court sobre las mujeres que se han unido en torno a este caso. “Las mujeres de Huancabamba, por ejemplo, estaban representadas por Josefa Ramírez, que vivía en Lima, entonces tenía cierto contacto con la capital y se encargaba de organizar las marchas o lo que hubiera que organizar”, ejemplifica.
Ejemplo de esto es la organización de mujeres de Cusco, IAMAMC (Instituto de apoyo al movimiento autónomo de mujeres campesinas), agrupación que lideró la movilización y que fue representada por Hilaria Supa Huamán, congresista y parlamentaria andina, o el caso del AMHBA (Asociación de Mujeres de Huancabamba), localidad donde hubo gran cantidad de estos casos, y la AMPAEF (Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas).
Otras destacadas representantes fueron María Esther Mogollón, activista feminista por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en situación de discapacidad, o Constanza Guayama, protagonista del documental y rostro de la campaña de “Quipu”. A nivel internacional, participó Julia Tamayo, “una de las primeras abogadas que recibió estas denuncias en los 90. De hecho, corrió peligro su vida, recibió amenazas, tuvo que exiliarse a Madrid, donde la entrevisté por primera vez. Ella trabajaba en Amnistía internacional también luchando por este caso y experimentó en carne propia y entrevistó con sus propios ojos a estas mujeres que habían sido esterilizadas”, comentó Court.
Actualmente el caso continúa descansando en los tribunales de justicia del Estado peruano, a la espera de una resolución que repare los daños cometidos contra estas miles de mujeres, algunas de las cuales sufren concretamente las consecuencias hasta hoy, de acuerdo a lo que comenta María Ignacia: “Como se hicieron de manera informal, sin especialistas que tuvieran mucha experiencia, algunas murieron por cáncer u otras enfermedades, otras no pudieron seguir trabajando como lo hacían, también hubo todo un juicio social, porque ya no eran mujeres fértiles. Hay muchos elementos que involucran su desarrollo económico, social y de identidad como mujeres, que es muy complejo”.
Por otra parte, la invisibilización de estas personas, derivada de su posición de mujeres en su mayoría indígenas, quechua-hablantes, en situación de pobreza y vulnerabilidad social, sirvió al Gobierno para la aplicación de una política arbitraria. En este sentido, Court aporta que “la posición de una mujer rural en situación de pobreza en Perú tiene mucha desventaja con respecto a cualquier hombre rural que viva en las grandes ciudades y es la lucha que han tenido que llevar, siendo la base familiar, se levantan a las 5 de la mañana a trabajar la tierra, después a cocinar, después a trabajar la feria, después a cuidar los hijos. Es un trabajo imparable y tienen el problema del machismo fortísimo en Perú, al igual que en todo Latinoamérica”.
Para la documentalista, “lo positivo es el empoderamiento que han tenido, no han dado su brazo a torcer y han seguido unidas a través de estas organizaciones de mujeres que luchan incansablemente por hacer justicia (…) Nosotras nunca perdemos la esperanza de que haya justicia y reparación para estas mujeres, si no, no habríamos hecho el Proyecto Quipu. Ese era uno de los grandes propósitos, nunca prometimos justicia porque se escapaba de nuestras manos, en el fondo nos comprometimos a hacer visible en todo el mundo su historia”, finaliza.
Revisa el proyecto QUIPU AQUÍ
