Yo opino
Créditos: Aton Chile
En el imaginario cotidiano de muchas personas en Chile, las mujeres hemos sido reducidas a un bloque monolítico, estático y universal, caricaturizado como “la señora Juanita”. Son innumerables las ocasiones en que expresiones como esta han dominado el espacio político, económico y social, utilizándosele para ilustrar externamente una experiencia de vida que se asume ignorante en temas económicos, simple, doméstica, predecible y uniforme.
Estos ejemplos demuestran cómo se invisibilizan las diversas formas en que existimos las mujeres en Chile e ignora el hecho de que las desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y raciales se interceptan con las de género y, a su vez, las agudizan.
Si ya antes de la pandemia, la brecha de género era profunda en el país, como lo demuestra por ejemplo, que más de 3.7 millones de mujeres (47,3%) estaban fuera de la fuerza de trabajo en 2019, debido, en un 96,6% de los casos, a razones de cuidados familiares permanentes (INE, 2019); la pandemia ha exacerbado esta cifra. Para 2020, esta la ocupación laboral femenina retrocedió en un 6,1% (INE, 2021) mientras que las horas de trabajo no remunerado han aumentado.
[cita tipo=»destaque»] El efecto acumulativo de la falta de un sistema nacional de cuidados, viviendas adecuadas, acceso a derechos sexuales y reproductivos de calidad, acceso a agua y saneamiento, protección eficaz contra el acoso sexual, entre muchas otras, impacta de manera desproporcionada a las mujeres y aumenta la brecha de género.[/cita]
En este contexto, el proceso constitucional chileno ofrece una oportunidad única para crear las condiciones que permitan reducir la desigualdad de género que afectan a las mujeres y niñas en el país. Una de las herramientas para enfrentar este desafío es a través de la incorporación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) con enfoque de género en el nuevo texto constitucional. El éxito de esta misión, sin embargo, exige un trabajo previo de deconstrucción de los estereotipos que por décadas vienen reduciendo la experiencia y la agencia de las mujeres y niñas en Chile, tales como la “la señora Juanita”.
La evidencia internacional demuestra que existe una relación inversamente proporcional, entre la consagración de los DESCA y la desigualdad. Es decir, mientras menos protecciones existan para estos derechos, mayor será la desigualdad imperante (Fukuda-Parr et al., 2015). Por eso no es extraño que en Chile, donde el aseguramiento de los derechos sociales es escaso y meramente retorico, la tasa de desigualdad sea una de las más altas de la OCDE (2019).
Los DESCA, que incluyen el derecho a la educación y salud de calidad, mejores pensiones y viviendas, acceso al agua y protección del medio ambiente, han estado al centro de las demandas sociales en el país. Y son las mujeres quienes tienen un menor acceso a estos derechos. La insuficiente garantía de ellos, sumada a la existencia de patrones socioculturales de conducta que alientan el estereotipo de que es el hombre es el principal sostén de la familia y la mujer la principal responsable de la crianza y las tareas domésticas, han sido la receta perfecta para obstaculizar su acceso al mercado laboral, limitar sus promociones laborales y privarlas de una pensión digna en la vejez. Sin seguridad económica, la autonomía de las mujeres y niñas se ve mermada y se las expone a una mayor violencia de género.
Bajo esta perspectiva, la falta de protección de los DESCA constituye una forma de violencia institucional contra las mujeres que es exacerbada por la deficiente provisión de servicios públicos de calidad y la progresiva privatización de los derechos sociales. El efecto acumulativo de la falta de un sistema nacional de cuidados, viviendas adecuadas, acceso a derechos sexuales y reproductivos de calidad, acceso a agua y saneamiento, protección eficaz contra el acoso sexual, entre muchas otras, impacta de manera desproporcionada a las mujeres y aumenta la brecha de género.
Para hacer frente a este diagnóstico, y porque los derechos sociales son derechos humanos, desde la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su siglas en inglés) enfatizamos la necesidad de incorporar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con enfoque de género en la Nueva Constitución y reafirmamos nuestro compromiso con la tarea de cambiar las narrativas simplistas, sexistas y asistencialistas que han despolitizado los derechos sociales y propiciado las condiciones para la ocurrencia de episodios de violencia estructural contra las mujeres.
Para ello, trabajamos con mas de 50 organizaciones de la sociedad civil y académicas en el proyecto denominado “Más que Juanitas”. A través de este proyecto buscamos proporcionar la evidencia y las alternativas para que el debate constitucional tenga en cuenta los factores estructurales y la diversidad de experiencias de las mujeres en Chile para que se pueda avanzar en la incorporación de un enfoque de género construido desde las bases.
