BRAGA
Créditos: @kolctiva.las.kabras
“Hoy ha sido un día dramático y vergonzoso, las autoridades no estuvieron a la altura de la gravedad de los hechos y diversas organizaciones se coordinaron para poder entregar ayuda a las personas que estaban en la calle y sobre todo mujeres con niñas y niños y a partir de ahí se logró activar algunos dispositivos para que estuvieran resguardadas por esta noche, pero son alrededor de cien personas las que pudieron refugiarse, lamentablemente el resto de las personas están ahora mismo en la calle y muy temerosas. La calle es un lugar muy peligroso para ellas porque la situación está muy desatada en términos de violencia y lo único que ha podido resultar es que las organizaciones sociales se coordinaron para poder ir en asistencia inmediata, entonces lo que estuvimos haciendo ahora es ir a las calles y priorizar el resguardo de algunas de ellas en distintos espacios”, este es el balance de la experta en migraciones de la ciudad de Iquique, Romina Ramos, quien conversó con El Mostrador Braga sobre la compleja jornada que se enfrentó en la ciudad, posterior al desalojo de personas migrantes, mujeres, embarazadas y niños.
“Hay una marcha antinmigrante, la gente está super asustada, no saben dónde esconderse porque creen que los van a ir a atacar y lo que pasó ‘milagrosamente’ no fue por la violencia de carabineros, fue por la violencia de la misma gente de la ciudad que los fue a agredir. Me tocó defender a una señora que la agreden con su niño. Ahora estamos entregando comida en la calle y estamos con una chica que está con sus dos niños muy pequeños y no saben dónde dormir, no tienen carpa, no tienen cama y están en el semáforo haciéndose monedas para poder comprarse un pasaje e irse. La gente aquí habla de quemar las carpas, de pegarle a la gente con palos, la violencia es desmedida en este punto y las mujeres están sentadas solas en la calle sin saber qué hacer, tienen niños pequeños, algunas están embarazadas, están durmiendo a la intemperie porque las carpas que quedaron las están priorizando para los niños, están durmiendo como quien se sienta en la pared del colegio A11 donde estoy ahora, una miseria”.
Este es el testimonio de Natalia, integrante de la colectiva feminista «Las Kabras» de la ciudad de Iquique, quienes en medio del complejo escenario de este fin de semana, acudieron en ayuda de las cientos de mujeres con familias desalojadas de la emblemática “Plaza Brasil” ubicada en el centro neurálgico de una de las más grandes crisis humanitarias ocurridas en el país.
De acuerdo con las apreciaciones de las entrevistadas, «la indolencia del Estado, el precario y cuestionable manejo del Seremi de Salud de Iquique, la elusión de responsabilidades por parte de las autoridades del gobierno regional y las narrativas de odio elevadas por parte de la población, fueron alguna de las razones que desataron el enfrentamiento que dejó a la comunidad migrante arrojada a total incertidumbre. Para profundizar en el análisis de la gestión migratoria El Mostrador Braga conversó con Natalia, activista feminista y Romina Ramos, doctora en sociología, académica de la Facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Arturo Prat y representante de la red de Universidades por la migración.
“Las políticas migratorias y fronterizas restrictivas no detienen la migración”
“Lo que ocurrió ayer en términos de desalojo en la plaza Brasil responde a una violencia de Estado y tiene un correlato en la historia y ese correlato se ve manifestado mediante la restricción a las personas venezolanas para ingresar como turistas a Chile vía visas consulares y luego cambiar su estatus migratorio para poder quedarse acá en Chile. Eso terminó de manera abrupta en el año 2018 y como una medida reparatoria el gobierno de Piñera implementó la visa ‘Responsabilidad democrática’, con la idea de poder generar una especie de alianza entre el gobierno chileno y el paragobierno venezolano. Ese es un problema -y lo ha detectado la academia internacional hace muchísimo rato-, ya que cuando tu impones visas consulares sin comunicar a la comunidad internacional que vas a implementar una medida restrictiva, lo único que provocas es que aumenten de manera muy significativa los ingresos irregulares, pero no detienen la migración”, explica la académica diagnosticando la situación.
En segundo término, la académica explica cómo funcionan las dinámicas de migrantes una vez cruzada la frontera, “nosotros hemos tenido relatos de mujeres y hombres que llevan dos años viajando con el objetivo de instalarse en Chile. Particularmente, Iquique es un espacio considerado de tránsito, habitualmente la gente no se queda acá y el motivo principal es la reunificación de la familia. La migración como fenómeno se constituye en que viajan el padre o la madre y una vez que logran acceder a mecanismos de regularización, viajan hijas e hijos para poder reunificarse. Las familias tienen el derecho a procesos de reunificación y es reconocido como derecho humano que la familia no puede estar separada, en ese contexto, lo que vemos ahora son en su mayoría familias que están con esa inquietud. Estas personas están reconocidas como personas en situación de refugio por la comunidad internacional Anglo Acnur, Human Rights Watch o Amnistía Internacional «, explica.
En este sentido, para la académica, lo que sucede en la ciudad de Iquique no es una crisis humanitaria, sino una crisis migratoria, que ha sido atomizada por la ausencia de regulación y toma de responsabilidad por parte del Estado agravada por la crisis sanitaria y la criminalización sistemática que se ha desarrollado en torno a la movilidad forzada, “nadie va a querer migrar de su país si es que no está empujada por cuestiones políticas, económicas o de desastres naturales como lo que pasó en Haití; entonces es una movilizad forzada que llega acá en condición de solicitud de refugio y que el Estado chileno generó condiciones diversas para impedir el refugio, la regularización migratoria y la reunificación”, analiza.
Y profundiza respecto de la condición actual de mujeres y sus familias , “si a eso le sumas la condición de mujeres acompañada de niñas, niños y adolescentes que incluso han llegado como infancia no acompañada, que es un fenómeno reciente en que menores de edad han cruzado la frontera solas y solos sin compañía de un adulto y sin medidas de protección que son en muchos casos institucionalizados, lo que resulta es este ejemplo paradigmático de violencia institucional que se ha venido forjando desde hace mucho tiempo”.
Organización feminista en torno a la emergencia
Natalia es integrante de la colectiva feminista “Las Kabras”, organización autogestionada de mujeres que se han reunido en torno al trabajo territorial y han sido observadoras del declive y agravamiento de la situación de las mujeres migrantes en la ciudad. “Llegar a este país para ellas significa días caminando muchas veces sin comer. Para venirse de Bolivia hay que pasar por la frontera, vienen con niños en brazos, con gente en silla de ruedas, gente con muletas, gente de la tercera edad, con recién nacidos, embarazadas, que no comen, que no toman agua, que no se pueden sentar. Es algo impresionante”, cuenta.
La organización feminista este fin de semana se encuentra movilizada en conseguir ayudas para las personas que perdieron sus pertenencias en medio del desalojo y quema de carpas, colchones y abrigos, para esto han iniciado una campaña de donaciones a través de su Instagram, las que posteriormente entregan a las personas migrantes ahora dispersas por playas y carreteras.
“Hay mucha gente en las calles acampando a la espera de poder irse de aquí ya sea porque le faltan los papeles, los pasajes o esperan a un familiar y se han asentado como han podido en distintos lugares de la ciudad y siendo ahora emblemático la toma del espacio de la plaza Brasil lugar donde llevan alrededor de un año y hace unos ocho meses la cantidad de carpas se multiplicó de cinco a cuarenta carpas y esto trajo muchos problemas sanitarios principalmente porque no contaban con agua, con electricidad, baños, entonces al final todo se degeneró al punto de que la gente se indignó y el enfoque que le están dando a su rabia o a su descontento está super mal dirigido porque su descontento es contra los migrantes cuando debería ser contra las autoridades porque hay gente que está encargada de intervenir estos lugares y aparecieron recién hoy día”, expone Natalia sobre la situación que se vive en el lugar del conflicto.
En este sentido, Romina Ramos profundiza sobre la situación actual que viven las mujeres que son parte de la comunidad migrante y explica uno de los mecanismos que el Ministerio de Salud dispuso para sortear la sobre población migrante, denominada «Autodenuncia». La investigadora considera que esta medida impactó directamente sobre la preservación de los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres, “la autodenuncia es un mecanismo que se generó ante la imposibilidad de impedir el ingreso por pasos no habilitados, el cual establece la oportunidad de autodenunciar la infracción cometida al ingresar ilegalmente al país y con eso se inicia un proceso de expulsión del dictado por la Intendencia, lo cual se ha utilizado de manera perversa porque muchas personas pensaron que con la autodenuncia comenzaba un proceso de regularización, lo cual administrativamente no corresponde y actualmente hay un condicionamiento a la autodenuncia para atenderte en un servicio de salud”, explica.
Respecto de esto destaca que, “acá no se están cumpliendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se les está pidiendo una autodenuncia para poder ir a controles médicos o que puedan acceder a anticonceptivos, no hay controles de embarazos, o sea, no hay garantías mínimas de protección a los derechos humanos, ni de género ni de protección a la infancia, efectivamente hay una vulneración importante de derechos a toda la comunidad y si hablamos de una perspectiva interseccional efectivamente aquellas mujeres y niñas están expuestas al espacio público en condiciones de vulnerabilidad”.
Una institucionalidad precarizada en términos de gestión migratoria
“Nosotros hace dos semanas estuvimos en una mesa con el gobernador regional, con el alcalde, con el delegado presidencial, un montón de organizaciones INDH y otras migrantes y promigrantes para poder abordar la situación de plaza Brasil para que se generen políticas de control migratorio y ayer nos encontramos con el desalojo”, comenta Ramos y sugiere que no se respetan los acuerdos, ni los límites establecidos por los acuerdos internacionales.
En este aspecto, para la representante de Universidades migrantes, lo primero es respetar los espacios establecidos para el cuidado de la población que migra, “En febrero expulsaron a un migrante desde una residencia transitoria y tu piensas que una residencia que cuide la salud de las personas debiese ser una zona santuario, ningún policía debiese entrar a un espacio donde hayan mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres que están al cuidado de la autoridad sanitaria, pero llegó la PDI, los sacó de la residencia sanitaria, los llevó al cuartel y al otro día los expulsó con overoles blancos, entonces no es suficiente generar un espacio, sino que ese espacio tiene que dar garantías de seguridad y control, porque imagina estar en tránsito dos años, entrar, llegar a una residencia sanitaria y que te expulsen. Muchas prefieren quedarse en la calle”.
Lo segundo es en materia de regularización sobre todo de la infancia migrante y a sus padres, “no sacas nada con regularizar a las niñas, niños y adolescentes si no vas a aceptar a sus padres. El estatus de refugiado para ellas y ellos y generar un plan integral para la infancia no acompañada y un plan de integración, no hay otra forma. Incluso si lo ves desde una perspectiva utilitarista neoliberal, va a ingresar más dinero a las arcas fiscales producto del pago de impuestos, el migrante invierte mucho más dinero de lo que el Estado invierte en él, eso ya está comprobado, el Banco Central lo reconoce, en fin, desde esa mirada hasta a los agentes de control les sirve para regularizar las cosas, pero falta voluntad política”, apuntó.
Finalmente, y analizando la situación vivida este sábado en medio de las protestas ciudadanas contra los migrantes y la barrida y quema de carpas y pertenencias sucedidas, Ramos expresa su indignación ante lo sucedido, “estamos impactadas con esta violencia desde la Institucionalidad del Estado y la comunidad, nosotros entendemos el malestar de las vecinas y vecinos, hay que hacerse cargo de eso también, no se puede desconocer, pero eso es una cosa y se debiese resolver con mecanismos mesas de trabajo, con todos los involucrados, pero lo que no vamos a permitir nunca que la comunidad se organice de manera física y simbólica a las comunidades migrantes. Es tremendamente dramático que existan crímenes de odio por racismo y xenofobia”.
