Yo opino
Créditos: Foto de Taryn Elliott en Pexels
Este año la coordinadora feminista 8M, en conjunto con otras organizaciones, publicó un libro que relata, a modo de memoria, el extenso, arduo y continuo trabajo detrás de la organización de las mujeres en la reconstrucción del actual movimiento feminista chileno, que vino a posicionarse desde el 2018 bajo la demanda general de una sociedad donde los derechos sociales de las mujeres no estén condicionados por el género ni ninguna otra categoría que se le intersecte.
En uno de los textos, Daniela Saéz, quien fue vocera de luchas de pobladoras y territorios durante la Huelga del 2019 y también integrante de un comité de allegados del Movimiento de Pobladores y Pobladoras en Lucha (MPL) cuenta desde su experiencia en el Primer Encuentro de las que Luchan (2018), cómo se fueron conformando y organizando los contenidos políticos que dieron paso a la primera huelga feminista de mujeres el 2019. En su relato, plantea una pregunta que en ese entonces guio la discusión de las asambleas y que refleja muy bien la desigual distribución de los derechos sociales y políticos de las mujeres en los territorios, y es: ¿pueden hacer huelga las dueñas de casa SIN casa?
La reflexión alude a que no era usual que las huelgas –un instrumento históricamente levantado por los y las trabajadores/as desde sus gremios– fuesen impulsadas desde los territorios y poblaciones. Cuenta Daniela, que en la discusión existía conciencia de que las mujeres eran trabajadoras fundamentales –y precarizadas– ya que “contribuyen y producen la economía, pues son quienes realizan las labores de cuidados, alimentación, higiene, educación, crianza, entre otras”, y desde ahí se movilizaron.
[cita tipo=»destaque»] Nuestra experiencia nos muestra a diario como aún hay personas que quedan excluidas del acceso a la vivienda es primordial no sólo que el derecho sea garantizado por igual para todos y todas, sino que junto a él exista un sistema social robusto que resguarde y vele porque nadie más quede marginada/o [/cita]
Por eso, la huelga del 2019 fue en varios sentidos diferente: “Quisimos llegar a todas las mujeres: aquellas con una relación contractual que perciben un salario miserable por su fuerza laboral, aquellas sin relación contractual que se desempeñan en el ámbito informal sin derechos laborales, sin descansos, y aquellas que trabajan en el hogar, las dueñas de casa sin casa que generan plusvalía pura”.
Pese a su importancia social y económica, el trabajo de cuidados en el hogar aún no está reconocido como tal y, por consiguiente, no se rige bajo las normas que regulan las condiciones laborales (como la remuneración, los tiempos de descanso, etc.) de los trabajos formales. Esto representa sin duda una parte de la desigualdad de género y es que sobre quienes –social y culturalmente– ha caído la responsabilidad de cuidar es en las mujeres.
Sabemos, desde nuestra experiencia con comunidades residentes en campamentos, que, en contextos de pobreza y exclusión social, el trabajo de cuidados que se desarrolla tanto en los barrios (en forma de organización comunitaria) como a escala de hogares (al interior de las viviendas) es liderado por mujeres. Sobre esto último, evidenciamos que el problema de “lo habitacional” -que tanto las políticas públicas estatales como la sociedad civil y las comunidades han buscado resolver incesantemente- está permeado por una cuestión estructural que lo define y tensiona: el acceso a la vivienda no es igual para todos y todas y en eso hay un componente de género que es fundamental comprender. Entonces, cuando nos preguntamos sobre el derecho (a huelga, a vivienda, etc.) “de las dueñas de casa sin casa” nos cuestionamos las posibilidades y oportunidades que tienen y/o han tenido las mujeres (de manera general y plural) de participar en el diseño y ejercicio de dichos derechos.
En medio del proceso constituyente que estamos viviendo, consideramos fundamental repensar los derechos sociales existentes e incluir otros que en Chile no existen, como por ejemplo el Derecho a la Vivienda. De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la vivienda es una necesidad humana esencial para la sostenibilidad de la vida ya que no sólo entrega cobijo, sino que además es el escenario en donde se desarrollan gran parte de las actividades cotidianas de las personas. Con todo, en Chile, la política urbana y habitacional carece de perspectiva de género, lo cual implica que la vivienda sea hasta ahora diseñada de forma estandarizada, sin considerar las diferencias y multiplicidad de necesidades de las personas. El resultado: viviendas pensadas para un tipo o ideal de familia, definida bajo una mirada hegemónica, constituida por un padre benefactor, una madre cuidadora e hijos beneficiarios, propiciando, por ejemplo, fenómenos de inadecuación habitacional y de urgencia como la violencia doméstica, cuya prevalencia es considerablemente mayor para mujeres.
Nuestra experiencia nos muestra a diario como aún hay personas que quedan excluidas del acceso a la vivienda –ya sea por medio de la adjudicación de programas estatales o a través de métodos bancarios– y, en ese sentido, es primordial no sólo que el derecho sea garantizado por igual para todos y todas, sino que junto a él exista un sistema social robusto que resguarde y vele porque nadie más quede marginado o marginada. Sin duda la inclusión del Derecho a la Vivienda en la Constitución es una oportunidad para mejorar la vida de las personas. Pero, para lograrlo, se requiere de la participación de todos y todas en su proceso y de las mujeres en particular, en tanto las involucre –a todas, independiente de sus diferencias sociales– como actoras claves en la definición del derecho, tomando, por supuesto los criterios y estándares internacionales, pero esencialmente sus propias definiciones de lo que, en adelante, entenderemos por digno y adecuado.
