BRAGA
Crédito imágenes: Aton Chile
El documento presentado indica la responsabilidad política de las autoridades y el Estado ante la protección de la población inmigrante, haciendo principal hincapié en los jóvenes afectados y acusa al gobierno por no tomar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis.
Ante la grave crisis humanitaria que enfrenta el país, durante esta semana se desató una la manifestación antiinmigración en Iquique, en la cual muchas familias de inmigrantes, entre ellas mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes (NNA), quedaron en total desamparo después de que un grupo radical incurriera en la quema de las pocas pertenencias de los migrantes que se encontraban al paso de la marcha.
El hecho provocó el desalojo de cientos de inmigrantes, principalmente venezolanos y haitianos, que se encontraban habitando la Plaza Brasil y varias calles de la ciudad. Además, fueron golpeados e insultados. Acto causo gran indignación y repudio a nivel internacional y fue catalogado como un acto de odio y xenofobia en contra de las víctimas.
Fue en este contexto que la diputada presidenta de la Comisión de Familia, Patricia Rubio (PPD) junto al parlamentario Rubén Moraga (PC) oficiaron a la Ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar; a la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett; y a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, con en el propósito de que tomen acción en la protección activa de las víctimas que fueron vulnerados en el norte del país.
Con respecto a la situación, la diputada Patricia Rubio explicó los motivos por los cuales oficiaron a las ministras y a la defensora de la niñez en el documento presentado. «Como Presidenta de la Comisión de Familia no vamos a permitir que niños, niñas, y mujeres embarazadas estén sufriendo vejámenes por el solo hecho de ser migrantes. Hacemos un llamado al Estado de Chile, a hacerse cargo, este es un tema humanitario, de derechos humanos».
En el contenido del escrito, se responsabiliza al Estado de Chile por el resultado de la manifestación, haciendo hincapié en la pobre gestión que ha tenido el actual gobierno con la crisis migratoria y en tomar medidas eficientes para castigar a los responsables. «La gravedad en la demora, por parte de la autoridad migratoria, de resolver su condición dentro del país de manera ágil, y que nos enfrenta a la administración política con la visión xenofóbica que realiza el actual gobierno en materia de migraciones, promoviendo expulsiones y permitiendo marchas que terminan en quemas de los pocos enceres que tenían estas personas», señala el documento.
Además, hace énfasis en la responsabilidad del Estado para hacerse cargo de la situación con medidas concretas como el alojo para los inmigrantes desalojados. «Hemos podido observar en la acción policíaca desproporcionada contra hombres y mujeres en Iquique, pero principalmente en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas, los que fueron desplazados, desalojados y golpeados, sin contar posteriormente, por parte de las instituciones gubernamentales competentes, del debido respaldo o al menos en un albergue que les permitiera sobrellevar su compleja situación».
Por su parte, el diputado Rubén Moraga señaló que “estos hechos de violencia no pueden pasar desapercibidos y es necesario que se juzgue y castigue a los responsables de estas vergonzosas acciones”.
