Yo opino
Créditos: Foto de Agostina Mileo / Infobae
Con la aprobación de la idea de legislar frente al proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas el debate está que arde, pero parece haber retrocedido en el tiempo, pues se pretende volver a la discusión sobre el inicio de la vida y los derechos del feto que ya fue resuelta para el caso de la Ley IVE en tres causales. Respecto de ese punto existe un antecedente en la sentencia de la corte Interamericana de DDHH en el caso de Artavia Murillo contra Estado de Costa Rica, y ya muchas sociedades nos han mostrado la superación de esa disyuntiva asumiendo: la progresividad de derechos de quien está por nacer, la diversidad de plazos y la obligación de garantizar la autonomía sexual y reproductiva de mujeres y personas con capacidad de gestar, para no imponer la maternidad como una obligación.
Volvemos entonces a hablar de si la mortalidad materna por aborto existe o no, como si la única razón para aceptar que los abortos clandestinos existen es si llevan a la muerte a las mujeres. El aborto provoca pocas muertes hoy en Chile porque las personas gestantes utilizan métodos que permiten interrupciones tempranas, bastante seguras, con niveles muy bajos de complicaciones. Por esta razón su realización no se ve reflejada en las únicas estadísticas disponibles hoy que permiten estimarlo, y que son los egresos hospitalarios. Estos se han mantenido relativamente estables en los últimos años, rondando los 30.000.
[cita tipo=»destaque»] Frente a las limitaciones de una Ley de interrupción voluntaria del embarazo el actual proyecto y su avance representa una respuesta posible, no la mejor, porque se abren múltiples dificultades, y es que el Estado no podrá criminalizar, pero no asumirá la responsabilidad ni pondrá los recursos necesarios para que los abortos sean seguros. [/cita]
Las cifras, hablando con cautela, nos permiten estimar a partir de aquellos registros que podrían corresponder a abortos inducidos (60% app del total) una cifra cercana a los 100.000 abortos anuales (Molina et al 2013) y no tengo duda de que me quedo atrás. Quienes no creen en esas cifras de aborto, desde mi experiencia personal, no puedo sino pensar que obedece a que no tienen la confianza en su entorno para conocer experiencias cercanas de aborto, mostrando en la cotidianeidad la realización de abortos en clandestinidad con los medios a los que hoy se puede acceder y con la solidaridad entre mujeres. Las bajas complicaciones obedecen al uso de métodos más seguros, pero esa es una realidad que nada asegura se mantenga, dadas las dificultades en su acceso y el evidente empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en el contexto actual que vive el país.
Desde 2017 en adelante por supuesto las mujeres cuyas razones no fueron abordadas en la Ley por tres causales han seguido abortando, y el actual proyecto de Ley es la respuesta a este contexto adverso y de criminalización. Para avanzar sin duda deberíamos tener una ley de aborto seguro garantizado por el Estado sin causales y con plazos razonables, lo que tendríamos con la despenalización sería apenas que no se trate jurídica y socialmente como criminales a miles de mujeres que abortan cada año. La despenalización es necesaria en ausencia de la respuesta pública, si el proyecto avanza será importante resguardar el acceso a los servicios frente a complicaciones, y que se transparente su ocurrencia e impacte en la despenalización social. Se deberá asegurar el acceso a información y a medicamentos, pues de lo contrario podría implicar un aumento del mercado del aborto y del uso de métodos inseguros que aumenten el riesgo para las mujeres.
Lo que está en cuestión es sincerar que hay otras razones igualmente legítimas y mucho más frecuentes, que ponen a las mujeres en la disyuntiva de decidir sobre su maternidad a las cuales la legislación actual no reconoce ni acoge. La situaciones cotidianas vinculadas al aborto no son por supuesto solo las causales reconocidas en la Ley 21.030, sino las más humanas que podamos imaginar, en nuestro país se culpabiliza y estigmatiza en las mujeres lo que es parte de nuestra condición, equivocarse o no controlar el contexto, y qué ser humano puede alardear de tener ese poder: “se te olvido el anticonceptivo, eres culpable”, “es una lástima que te fallara”, “que pena que a tu pareja se le olvidó el preservativo”, y “cómo es que eres incapaz de hacer que lo use”, o peor, “problema tuyo si tu pareja es violenta y te obliga a tener sexo”, o “porqué no te enfrentas a él si te impide usar anticonceptivos”, o “cómo se te ocurre cambiar de idea, porqué ahora se te ocurre decidir que no quieres tener un hije con él” etc…… etc…. etc…, me pregunto entonces, ¿Cuál es el espacio real que tenemos para el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos?.
Importante en esta oportunidad de reactivación del debate es seguir planteando las cuestiones de fondo respecto de la regulación del aborto y develar la discriminación en el [doble] discurso patriarcal, pues cuando la discusión se maneja en abstracto hay un deber ser que aplica solo a las mujeres, y devela un inagotable conjunto de contradicciones. Cuando en Chile hablamos de la igualdad de oportunidades de las mujeres y esperamos que se empoderen, que sean económicamente independientes, que sean capaces de manejar sus vidas parecemos olvidarnos de que con las restricciones actuales nuestra regulación cierra con llave materias que son sustantivas para que eso ocurra. Se quita a las personas con capacidad de gestar el derecho más básico, a decidir libremente sobre su cuerpo. Estas disyuntivas suelen no ser un problema cuando los recursos sociales y materiales están, pero justamente cuando las situaciones se enfrentan con menos posibilidades y recursos sociales no hay un Estado que proteja ese derecho. Ahora, por el contrario, la sociedad recuerda muy bien que son las mujeres las que deben cuidar, la ética de sus decisiones luego resulta conmovedora, y la postergación de sus propias necesidades son naturalizadas. La sociedad observa a las mujeres llevar la carga desmedida del cuidado de todes y ni siquiera se diseñan políticas públicas que les alivien sustantivamente en sus consecuencias. Y, – para evitar lecturas erradas- no es que sea una cosa por otra, el tema es que son esas mismas mujeres a quienes cuando se trata de su reproducción se les retira la confianza sobre su ética y su capacidad para decidir.
Entonces, eso que nos ocurre como sociedad tiene un nombre, y se llama patriarcado, por más igualitaristas y transversalizadores de género que pretendamos parecer el aborto es la hora de la verdad. Reconozcamos que la reproducción tiene consecuencias en la vida que resultan determinantes, inequitativamente distribuidas e influidas por las complejidades de los contextos sociales, políticos y económicos que son discriminatorios y violentos con las mujeres. En un estudio hace tres años el testimonio de una adolescente de trece años me conmocionó, al decir que si a ellas las abusaban tenían que hacerse cargo de esos hijos/as porque qué culpa tenían esos niños, y yo me pregunto que culpa tienen esas niñas.
Finalmente, frente a las limitaciones de una Ley de interrupción voluntaria del embarazo el actual proyecto y su avance representa una respuesta posible, no la mejor, porque se abren múltiples dificultades, y es que el Estado no podrá criminalizar, pero no asumirá la responsabilidad ni pondrá los recursos necesarios para que los abortos sean seguros en el contexto de servicios públicos accesibles y de calidad. Por otra parte se transparentaría por fin una realidad silenciada. Lo que está claro es que cualquiera sea el resultado los procesos participativos y la marea verde deberán seguir creciendo en Chile para ser protagonistas de una ley que garantice y un Estado que proteja el derecho a decidir.
