BRAGA
Este contexto en que nos encontramos, vuelve notorio el complejo entramado que tejen los DDSSRR (derechos sexuales y reproductivos) con los DESCA. Los derechos sociales son aquellos derechos que permiten a las ciudadanas y ciudadanos poder desarrollarse en plenitud, gozando de autonomía, igualdad y libertad. Son posibles gracias al sostén material que incluye condiciones económicas y sociales que faciliten una vida digna. Ejemplo de ellos son derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la privacidad o el derecho a una vida libre de discriminación.
La ONG Matria Fecunda trabaja desde el año 2015 promoviendo derechos sexuales y reproductivos en un contexto territorial, desigual y descentralizado de la Región del Maule.
La vivencia y la historia organizacional nos han llevado por el camino de las reivindicaciones de derechos de mujeres, adolescentes, niñas y disidencias sexuales/género en 4 ámbitos donde la legislación en derechos sexuales y reproductivos es insuficiente o ausente. El acompañamiento terapéutico en aborto sin causales, salud mental perinatal, violencia gineco-obstétrica y primera acogida en violencia de género son insuficientes en las legislaciones en materia de violencia, amenazando derechos humanos elementales: derecho a la salud, a la integridad, derecho a no recibir tratos indignos, crueles o inhumanos, privacidad e intimidad, no discriminación y dignidad.
Los derechos sexuales y reproductivos buscan asegurar autonomía y respeto para decidir sobre la vida sexual y reproductiva, sin ninguna forma de coacción o violencia. Hoy sabemos que muchos de estos derechos como el derecho a una educación sexual laica y no sexista, una vida libre de violencias en todas sus formas, el acceso a métodos de anticoncepción oportuno y asequibles, la posibilidad de que el Estado ofrezca las condiciones materiales y de protección para una interrupción del embarazo en condiciones de dignidad y respeto en todo evento, el resguardo a todo el ciclo reproductivo de las mujeres y las disidencias, entre otros derechos, se encuentra severamente amenazado por la falta de consagración de principios de autonomía, dignidad, respeto y libertad en la toma de decisiones en la constitución política chilena.
[cita tipo=»destaque»] La nueva constitución debe asegurar la libertad, autonomía y respeto a las vidas y los cuerpos de las mujeres, las niñas y las disidencias porque se trata del cuidado a la sostenibilidad de la vida, la dignidad y el reconocimiento histórico a un conjunto de derechos negados. [/cita]
Desde el espacio regional, invisible a los ojos de un Chile centralizado, las mujeres seguimos estando ausentes en los discursos de las estrategias de desarrollo regional. Como ONG hemos ido instalando espacios de sensibilización, investigación, acompañamiento terapéutico e incidencia política local de la mano de un profundo compromiso humano y sororo con las mujeres desplazadas por las políticas neoliberales y patriarcales que siempre han puesto el cuidado y la sostenibilidad de la vida en una segunda categoría.
Pese a estos vacíos y brechas, la ONG Matria Fecunda ha fortalecido un sistema de acompañamiento a mujeres y disidencias en varios de estos temas, brindando un espacio autogestionado y reivindicativo en los márgenes del sistema, en que la participación y el compromiso de las socias que componen esta organización han permitido el despliegue de una plataforma de intervención en crisis, primera acogida, orientación, consejería, redes anónimas y derivación oportuna de casos de aborto, violencia sexual, violencia de género, violencia gineco-obstétrica y otras formas de violencias.
Cumplir esta misión en un contexto de enormes brechas de género y desigualdad territorial y centralización, donde los determinantes sociales incrementan la opresión estructural (ruralidad, baja escolaridad, baja conectividad, dispersión geográfica, baja empleabilidad, alta concentración de población que no ha ingresado al mercado de trabajo formal y cuya actividad principal son los cuidados o el trabajo doméstico), hacen de esta misión una tarea con una profunda huella en nuestras propias vidas. Brechas de territorio, limitación de acceso a recursos de financiamiento a las iniciativas, concentración de problemas psicosociales sonde intersectan pobreza, aislamiento geográfico, falta de acceso a servicios, entre otros determinantes sociales, hace de nuestro trabajo un apasionado camino de apoyo y sostén material y simbólico para construir vidas dignas de ser vividas para las mujeres y sus proyectos de vida.
En lo que respecta al análisis constitucional el actual texto no consagra ningún derecho referido a los aspectos sexuales o reproductivos. Esto implica que el reclamo histórico no sólo se ha centrado en que el Estado no interfiera en aquellas decisiones que buscan asegurar una vida digna a las mujeres, niñas y disidencias, sino también ofrecer condiciones materiales que hagan posible su realización.
Es clave en este punto que la educación sexual integral, la consejería en salud sexual y reproductiva, la atención de salud en el ciclo reproductivo y no reproductivo de las mujeres, niñas y disidencias, contemple principios sustantivos de no violencia, no discriminación, igualdad de trato, pertinencia cultural, de género y de cosmovisiones, y que su redacción no sólo declare acciones que propendan que el Estado no se involucre sino que emplee una modalidad de redacción con verbos que no relativicen la acción del Estado. Esto quiere decir que verbos como velar, propender o procurar son contrarios al derecho internacional que recomienda la acción y garantía inmediata.
Este contexto en que nos encontramos, vuelve notorio el complejo entramado que tejen los DDSSRR (derechos sexuales y reproductivos) con los DESCA. Los derechos sociales son aquellos derechos que permiten a las ciudadanas y ciudadanos poder desarrollarse en plenitud, gozando de autonomía, igualdad y libertad. Son posibles gracias al sostén material que incluye condiciones económicas y sociales que faciliten una vida digna. Ejemplo de ellos son derechos humanos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la privacidad o el derecho a una vida libre de discriminación. Como un todo, estos derechos construyen una plataforma de garantías que hace posible la realización de otros derechos de un nivel mayor de complejidad como la libertad y autonomía en la reproducción, ya que por ejemplo una educación sexual integral, laica y no sexista, sienta las bases de prácticas, diálogos y saberes que hacen posible decisiones autónomas donde prime el respeto a los propios cuerpos como territorios de auto-conquista, libertad emocional-afectiva, y placer.
La nueva constitución debe contribuir a crear un escenario de notorio avance en DDSSRR para todas las mujeres, las niñas y las disidencias en Chile. Tanto la CEDAW como la convención Belem Do Pará han sido ratificadas por Chile, pero ello no ha hecho imperativa la acción del Estado y su compromiso con tareas específicas de protección o plena garantía de estos derechos. Con insuficiente avance aún no es posible contar con una ley de aborto que permita la interrupción legal del embarazo y la despenalización en todas sus formas, lo que es una cuestión grave que se traduce en riesgos de muerte o daño irreversible a las mujeres.
La falta de legislación en materia de aborto (no sólo terapéutico) violencia gineco-obstétrica o parto respetado, producen profundas barreras en las trayectorias de vida de mujeres en las que sistemáticamente confluyen otros determinantes sociales (como raza, etnia, condición migrante, edad, o territorio). La ausencia de respuesta en acceso a salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural o de género (por ejemplo, que recoja las particularidades de las cosmovisiones de pueblos originarios o de personas de la diversidad sexual o de género) impacta con una gravedad indudable aspectos como la equidad en salud, el derecho a una educación digna o el reconocimiento a formas de vida y de relacionarnos que cuestionan las formas heteronormadas y sexistas de vincularnos emocional y sexualmente.
A partir de nuestro trabajo con mujeres y disidencias en contextos amplios del ámbito del trabajo, la salud u otros contextos como el espacio público o los ambientes escolares, hemos observado con preocupación y dolor como la violencia se hace presente de las más variadas formas y manifestaciones y cómo la actual ley de violencia con las modificaciones recibidas el año 2017 sigue siendo insuficiente. Una declaración más explícita de formas de violencia sutiles como la violencia simbólica (como la desarrollada por medios de comunicación sexista) o la violencia estructural institucional, se vuelven escenarios urgentes para considerar el principio de no discriminación en todo contexto y lugar. Fue a partir de las movilizaciones feministas del año 2018 que el reclamo por la educación en la diversidad y no sexista en las universidades se hizo evidente para un sistema que históricamente vio con sus propios ojos el acoso en relaciones de evidente asimetría de poder.
Fue a partir del trabajo de varios años de la coordinadora por los derechos del nacimiento en que junto a varias organizaciones de la sociedad civil la ONG Matria Fecunda viene desarrollando acciones de visibilización, sensibilización, advocacy, incidencia política y otras acciones para sancionar la violencia gineco-obstétrica y promover el parto respetado, facilitando sacando adelante una legislación que constituye un grito en la memoria histórica de las mujeres, sus partos y nacimientos. Adicionalmente hoy también tenemos participación en el movimiento postnatal 12 meses, que busca asegurar condiciones de vida dignas velando por la diada materno infantil y el derecho a la conciliación, el cuidado compartido y el interés superior del niño, la niña y la madre en escenarios de protección y seguridad emocional, permitiendo asegurar lactancia materna prolongada y el bienestar de madres e hijos como una garantía universal.
La nueva constitución debe asegurar la libertad, autonomía y respeto a las vidas y los cuerpos de las mujeres, las niñas y las disidencias porque se trata del cuidado a la sostenibilidad de la vida, la dignidad y el reconocimiento histórico a un conjunto de derechos negados.
