Yo opino
Créditos: Foto de Agostina Mileo / Infobae
Sin lugar a duda, que el tema de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) genera cuestionamientos y estigma social. Pero más allá de eso, una arista fundamental dentro de este complejo tema es la declaración como objetores de conciencia por parte del personal de salud.
Contrario a lo que la mayoría piensa y según reveló una investigación de Universidad de La Frontera en la que participo desde el año 2018 y cuyos primeros resultados se obtuvieron en 2020, cuyo objetivo es indagar en las verdaderas razones por las cuales el personal de salud se declara objetores de conciencia ante una solicitud de IVE, lo ético y lo valórico no son el único elemento que pesa para esta definición.
La objeción de conciencia ha provocado un conflicto entre el ejercicio de la práctica clínica y el acceso a la prestación de IVE de las mujeres. Por ello es de relevancia indagar sobre lo que se conoce como “pseudo-objeción de conciencia”, que se trata del uso de esta opción por motivos ajenos a las creencias y valores personales.
[cita tipo=»destaque»] El poder trabajar e intentar derribar barreras socio-emocionales y valóricas frente al tema del aborto se hace indispensable. [/cita]
Existen tres aspectos fundamentales que impactan en el responder ante una solicitud de IVE. Algunos médicos, por ejemplo, optan por declararse objetores de conciencia ante una solicitud de IVE, por temor a dañar su reputación profesional o porque no quieren ser de los pocos profesionales, o el único, que realiza la IVE en su lugar de trabajo. Lo que no quieren es pasar a ser reconocidos por sus pares como “el doctor que hace abortos en su lugar de trabajo”. Esta es otra brecha que debemos trabajar para derribar esas barreras.
Por otra parte, existe desconocimiento de la ley de aborto, aun cuando una solicitud de IVE se desarrolla en torno a las 3 causales ya reguladas por la ley 21.030: riesgo de vida materna, inviabilidad fetal y violación. Esto se debe a que la legislación vigente es poco precisa y especíifica en relación a las situaciones en las que es procedente realizar la interrupción del embarazo, sobre todo en el causal de inviabilidad fetal. Ello, dado que el marco regulatorio vigente deja mucho a la interpretación del médico, donde nuevamente caemos en temas valóricos y la desconfianza o desacuerdo entre profesionales, por ende, puede suceder que el profesional se declare objetor de conciencia para evitar enfrentarse a estos dilemas.
En tercer lugar, en el desarrollo de la investigación detectamos otro factor que complejiza el poder llevar a cabo el IVE sin contar con dificultades valóricas, reputacionales e interpretativas de la ley de por medio, se trata de un alto nivel de “desconfianza” de los profesionales de la salud de cara a la persona que acude a ellos para solicitar su IVE. Hay un tema de desconfianza de la mujer y miedo a asumir implicancias legales. Este motivo pesa en el causal de violación, donde el profesional desconfía de que la violación realmente haya sucedido, conjugándose la posible falta de pruebas y denuncia, ya que en la mayoría de los casos las mujeres abusadas no denuncian el delito. El profesional de la salud en cuestión teme que se trate de un engaño por parte de la persona que solicita la IVE, o verse enfrentado a un juicio en el que intervenir como testigo o perito.
El poder trabajar e intentar derribar barreras socio-emocionales y valóricas frente al tema del aborto se hace indispensable, ya que tras la aprobación en la Cámara de Diputados el 28 de septiembre recién pasado, de la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, se abre nuevamente la discusión en relación a la objeción de conciencia de parte de los profesionales de la salud. Por esta razón, se hace necesario avanzar en esta materia por el bienestar social, tanto las mujeres como del personal de salud. Trabajar en conjunto con el personal de salud y profundizar en las razones que esgrimen para declararse objetores de conciencia con la intención de ir eliminando barreras es una manera de ir resolviendo un tema que desde lo ético es bastante complejo. Además, debe existir mayor claridad de parte de la legislación vigente en torno a las 3 causales de aborto en Chile para reducir al máximo las interpretaciones de los profesionales en cada caso de solicitud de IVE.
