BRAGA
Créditos: Foto de Jonnathan Oyarzún/Aton Chile
Según información recopilada vía Ley de Transparencia, del 2017 a octubre 2021 han sido ingresadas 562 causas penales como delitos relacionados al aborto en la Fiscalía Nacional. De este total, un 26,3% corresponde a investigaciones que se mantienen vigentes. En relación con esta situación, la abogada de AML Defensa de Mujeres, Paloma Galaz, comentó a El Mostrador Braga que ‘‘la imputación hacia las mujeres siempre afecta en mayor medida, porque hay todo un sistema castigador respecto de esa mujer que incumple su rol histórico. Con delitos relacionados al aborto es peor’’.
El 14 de septiembre del 2017 fue promulgada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que permite el acceso a esta prestación médica en 3 causales: cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, cuando el feto no tenga posibilidades de sobrevivir fuera del útero y/o cuando el embarazo sea producto de una violación. Si bien esta legislación significó un gran paso para los movimientos de mujeres y el derecho a decidir sobre sus cuerpos, la lucha por una ley que permita un aborto libre, seguro y gratuito persiste.
Durante este año, en el Congreso Nacional se discutió un proyecto que despenaliza el aborto consentido por la mujer hasta la semana 14. El debate no estuvo fuera de polémicos argumentos, sobre todo, desde los sectores más conservadores del Poder Legislativo.
En una de las sesiones en la Cámara Baja, realizada durante septiembre de este año, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) se manifestó en contra de aquellas personas que defienden que a las mujeres no se les debe criminalizar así, y aseguró que, “según datos de Gendarmería de Chile, no hay ninguna mujer en la cárcel por haber abortado».
En la misma instancia, la diputada Camila Flores (RN) señaló que ‘‘acá hay que decir las cosas como son, y sobre todo actuar con responsabilidad, porque somos autoridades públicas, no hay mujeres que estén condenadas en nuestro país porque hayan cometido un aborto’’.
Aun cuando estos diputados afirmaron que en Chile actualmente no existe ninguna mujer en la cárcel por interrumpir un embarazo fuera de las tres causales, de acuerdo a cifras obtenidas vía Ley de Transparencia, pudimos comprobar que sí existen mujeres imputadas por delitos relacionados con abortos, es decir, sí existen mujeres criminalizadas por interrumpir su embarazo fuera de las tres causales.
Revisamos el detalle de todas las causas penales ingresadas entre septiembre del 2017 y octubre del 2021, por los artículos 342, 343, 344 y 345 del Código Penal, es decir, delitos relacionados con aborto.
Entre los principales datos que arrojó el informe, 562 causas por aborto han sido ingresadas en Fiscalía Nacional desde el 2017 a 2021. De este total, las regiones que concentran mayores investigaciones fueron, en primer lugar, la Metropolitana, con 210 causas, es decir, un 37,3%, seguida por las regiones del Biobío, con un 10,1%, y de Valparaíso, con un 8%.
De este total, 148 siguen vigentes. Vale decir, un 26,3% de los casos está abierto a la fecha.
En conversación con El Mostrador Braga, la abogada de AML Defensa de Mujeres, Paloma Galaz, explica que estas causas son de acción penal pública. O sea, “si la Fiscalía toma conocimiento de estos hechos que son constitutivos de delito, tiene la obligación de investigar”.
Respecto de la manera en que los fiscales pueden enterarse de estos hechos, ‘en los casos más comunes, “son las denuncias que se interponen directamente en los hospitales’’, explica. ‘‘También, en muchos otros casos las mujeres han sido denunciadas por sus propios familiares o sus propias parejas en la policía o en la Fiscalía’’, señala Galaz.
En relación con las denuncias que provienen desde el personal profesional de salud, la presidenta de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile (ASOMAT), Katiuska Rojas, explica que «no hay nada que obligue a un(a) profesional de la salud a denunciar este tipo de situaciones. Sobre todo, porque acá hay un juicio de valor, en cuanto no siempre se puede estar seguros de que se trate de un aborto inducido».
La matrona detalla que no existe manera de diferenciar un aborto causado versus uno espontáneo, »las causas de un aborto espontáneo pueden ser múltiples, desde un ejercicio, una actividad física o incluso por un tercero». Es decir, muchas veces no hay certeza. La profesional de la salud comenta también que la confidencialidad entre matrona y paciente debería primar, antes que la realización de la denuncia, ‘‘si es que se rompe el resguardo profesional, las mujeres pueden denunciar al personal de salud, porque hay un resguardo de sus derechos’’.
En cuanto a la distribución por años de las causas, se observa que desde el año 2017 al 2019 hubo un alza sostenida de investigaciones ingresadas, siendo 50 delitos el 2017, 132 el 2018 y 163 el 2019. Sin embargo, en el año 2020 se puede ver que hubo una disminución, siendo 140 las causas ingresadas a Fiscalía Nacional y 77 hasta octubre de 2021.
Sobre las imputadas por estos delitos (366), 39 corresponden a menores de edad. Es decir, un 10,6% de las imputadas por una interrupción voluntaria del embarazo son menores de 18 años. Frente a esto, la abogada de AML comenta que ‘‘la imputación hacia las mujeres siempre afecta en mayor medida, porque hay todo un sistema castigador respecto de esa mujer que incumple su rol histórico. Con delitos relacionados al aborto es peor’’.
De acuerdo al informe, la RM concentra el mayor número de imputadas menores y mayores de edad, con un 2,7% y un 29,2%, respectivamente, le sigue la Región de Valparaíso con un 2,1% y un 8,2%, y la Región del Biobío con 0,82% y 7,6%. De acuerdo a Rojas, «las mujeres que están pasando por un aborto provocado son mujeres que vienen de sectores más vulnerables, más populares», quienes no tienen acceso a anticonceptivos y viven en ambientes violentos.
En torno a los tipos de salidas que tienen estas causas, 251 fueron por archivo provisional, es decir, por falta de antecedentes el caso fue archivado en Fiscalía. Le sigue la facultad para no investigar (50), que –según explica la abogada Galaz– ocurre en casos que finalmente no se consideran un delito. La tercera mayoría dice relación con la decisión de no perseverar (42), que de acuerdo al glosario de la Fiscalía de Chile corresponde ‘‘al cierre de la investigación, por no haberse reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación’’.
Respecto a la cantidad de mujeres que han recibido una sentencia definitiva condenatoria, son 11. Vale decir, 2,4% mujeres han sido condenadas por delitos relacionados con interrupción voluntaria del embarazo en el país.
El proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta la semana 14, fue finalmente rechazado el pasado 30 de noviembre, aunque, debido a que la iniciativa fue aprobada previamente de manera general, no existe la restricción de plazo de un año para volver a presentar la moción. En este último debate, la diputada Karol Cariola (PC) fue clara: ‘‘Los organismos internacionales han planteado la necesidad de avanzar en erradicar todas las formas de violencia. Seguir criminalizando el aborto es y constituye sin lugar a dudas una forma de violencia de género’’.
