2021: el año en que las mujeres cambiaron las reglas de una sociedad machista

Si bien 2021 no ha sido el año que más avances ha tenido en materia de género, sí ha sido el que ha progresado más en peticiones históricas. En tal sentido, la pandemia no detuvo los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para posicionar en la palestra los derechos humanos de los sectores históricamente segregados.

En materia legal se creó el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, a raíz de que el retiro del 10% de las AFP dejaran en tácita evidencia una verdad que ya era conocida por las ciudadanas de nuestro país: que el 84% de las pensiones alimenticias denunciadas hasta octubre de este año estaban impagas.

Otro avance enormemente significativo fue la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, que vino a saldar una deuda con el sistema interamericano de derechos humanos que se arrastraba hacía años. El Estado en 2016 se comprometió a trabajar en una legislación que incluyera a las diversidades sexuales, comprometiendo una reforma a la Ley de Matrimonio Civil que, al aprobarse este año, dio un “paso importante en la adopción para parejas del mismo sexo, asegurando un marco común para los distintos proyectos de familia en el país”, explica la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado e Integrante de la Red de Politólogas, Fabiola Miranda Pérez.

La Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior es un importante reconocimiento a la lucha histórica que las mujeres han liderado para eliminar el sexismo en la educación. Para Miranda, esta medida otorga un marco a los centros educativos sobre el horizonte que se debe alcanzar a través de protocolos y políticas internas para dar respuesta a las distintas situaciones de acoso y abuso.

“Este hecho viene a dar forma y fondo a las reivindicaciones comenzadas desde 2015 y 2016 desde el movimiento estudiantil contra las violencias de género, y que luego, desde el mayo feminista de 2018, con la movilización de estudiantes por espacios libres de violencias, llevara a muchas universidades y centros educacionales a establecer agendas de género”, explica la académica.

Relacionado con las disidencias, la abogada experta en género y también académica UAH, Lieta Vivaldi, considera que este año se progresó mucho en la visibilización tanto mediática como social de la comunidad trans, “que ha sido tan invisibilizada a lo largo de nuestra historia”.

Ambas profesionales coinciden en que la Convención Constitucional llegó a cambiar las reglas del juego, más mujeres en puestos de poder, la paridad como el piso de la democracia y la demostración explícita de que la movilización social obliga a la clase política a reventar la burbuja.

“Esto es un hecho histórico y muy relevante, porque finalmente ha permitido instalar el tema de la paridad y de la democracia paritaria en la agenda pública de nuestro país, y llevó a que actualmente los principios que guían el reglamento del proceso constituyente tengan una impronta de género, el cual reconoce la paridad como un piso y no como un techo”, analiza.

Esto también abre la posibilidad de pensar en la inclusión de las diferentes identidades sexogenéricas, como a personas no binarias, en lo que será la Carta Fundamental de nuestro país, Constitución que la académica proyecta que debería guiar nuestra ruta al menos en los próximos treinta años.

Muy de la mano con los procesos eleccionarios del presente año, también hemos visto incrementarse los puestos de representación popular que hoy ocupan mujeres, como en el caso de las alcaldías, en donde el 17% de ellas quedó en manos de mujeres y donde el 33% de concejalías es actualmente femenino.

El mismo aumento también ocurrió en las elecciones de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde gracias a las cuotas de género se impulsó un mayor número de candidatas, pasando de 19 a 35 en comparación con las elecciones del año 2017. “Cierto es que aún estas cifras son bajas si miramos el todo y nos comparamos con otros países, pero se observa un aumento progresivo de mujeres en espacios de decisión política”, asevera.

Otra ganancia importante en este contexto es que hoy existan diputadas electas de la diversidad sexual, como la primera diputada trans por el Distrito 10, Emilia Schneider, ya que permitirá ir posicionando problemáticas y debates más inclusivos. “Estas voces me parecen fundamentales en el fortalecimiento de lo que es nuestro país y nuestra democracia”, puntualiza Miranda.

Focos 2022

La agenda de género es bastante compleja y priorizar no significa desatender ciertas áreas. La pandemia y todo el despliegue que ha significado poner al Estado a responder a esta emergencia ha significado que, en muchos casos, se ralenticen o no se den ciertas seguridades a grupos y personas que son parte de aquellos denominados “de especial protección”.

Según el análisis de Miranda, hay muchas personas que hoy sienten incertidumbre respecto a las prestaciones del Estado en materia de salud o que tienen que esperar periodos más largos para poder acceder a sus cambios de nombre registral asegurados por la Ley de Identidad de Género aprobada en 2018. Entonces, “una de las prioridades, creo, es poder hacernos cargo de personas que han visto interrumpidas sus prestaciones en salud (terapias hormonales, tratamientos antirretrovirales, y otros) y de aquellas que esperan el reconocimiento de derechos que ya han sido adquiridos”.

En materia de género, Vivaldi considera que este 2022 se debería priorizar la actualización de la sociedad conyugal, ya que la mujer no es propietaria ni administradora de sus bienes, de la misma manera que sí lo es el hombre. Otro punto importante que destaca la experta en género es la necesidad de garantizar el derecho a una vida libre de violencias, proyecto que fue presentado en 2017 y que aún se encuentra en el Senado.

Para Miranda, hoy existen grandes paradojas, ya que si bien mucho se avanzó con la Ley Gabriela, en 2020, para integrar la variable de género en los femicidios en contexto de pololeo, “el que aún tengamos una Ley de Violencia Intrafamiliar de perspectiva binaria no permite atender ni entregar desde la política pública dispositivos a las personas de las diversidades sexuales”.

La pandemia ha evidenciado un aumento en las cifras de violencia, no porque estas no existieran con anterioridad, sino porque las cuarentenas fueron un factor muy importante en intensificar los factores de riesgo.

En el caso del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, no se ha evidenciado un aumento sustantivo en el presupuesto de Atención, Protección y Reparación (este ha sido menor al 10%, pese a dicha explosión del fenómeno) y, en lo que respecta al ámbito de prevención, el presupuesto se mantuvo igual al contexto prepandémico. “Hay una gran deuda que el Estado debe saldar, reorganizando recursos para que, a través de iniciativas con mayor impacto, puedan ser más efectivas para la ciudadanía”, reflexiona la experta.

En este punto, Vivaldi enfatiza la necesidad de buscar formas donde no haya revictimización en los procesos penales, especialmente considerando las denuncias relacionadas con delitos de violación y/o abuso sexual.

Durante 2021, la despenalización del aborto no se logró y quedó en evidencia que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales debería mejorar y restringir los objetores de conciencia, puesto que fue este uno de los puntos que más obstaculizaron el uso legítimo de esta política de salud pública para quienes la necesitaban.

Finalmente, Miranda opina que todos los espacios ganados por las mujeres y disidencias se seguirán profundizando, sobre todo porque las mujeres son una parte importante de la propuesta de “Gobierno feminista” del Presidente electo Gabriel Boric.