BRAGA
Créditos: Foto del Movilh
El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.
En 2007 el Arzobispado revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad para hacer clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985. Esto, luego de que ella le confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para “revertir su orientación sexual”.
Tras una larga batalla legal, en donde la Corte Suprema mantuvo la prohibición, consiguió un avance en su caso gracias a la Corte Interamericana de DDHH. Sin embargo, esta semana, la docente tuvo que jubilarse sin que nunca más, desde el 2007, pudiese haber ingresado a un aula a hacer clases, a pesar de ser colegios laicos.
Actualmente, Pavez está a la espera de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que decidirá si condenar o no al Estado de Chile por impedirle el ejercicio docente en un colegio, aunque este fuera laico.
La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, comenta al respecto que “Sandra terminó su vida laboral con un desenlace triste. Finalmente, nunca más pudo ejercer la docencia pues la justicia aún no llega mientras este año ella jubiló. Nunca más pudo ejercer la profesión que tanto amó y que tanta satisfacciones le trajo. Sandra ha vivido uno de los casos de lesbofobia más graves e injustos conocidos por nuestra organización en 30 años de trayectoria. Un atropello inédito donde el Estado y la Iglesia actuaron como un solo poder para negarles sus derechos más básicos solo por amar a otra mujer”.
Por ello esperan que la Corte Interamericana de DDHH que analizó el caso el 12 y 13 de mayo del 2021, dicte lo antes posible su sentencia “condenado al Estado de Chile, reparando el daño causado y exigiendo a los responsables de este brutal abuso a la dignidad humana que le pidan disculpas a Sandra”, añade Zúñiga.
El caso
Respecto del suceso discriminatorio ocurrido en 2007, Rolando Jiménez de parte del Movilh cuenta que a tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para “obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre”, comenta.
El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.
Por tal razón desde Movilh presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación al prohibirle a una persona ejercer su profesión solo por ser lesbiana.
Más de una década después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso aún en curso y donde la docente ha sido representada por los abogados pro bono Ciro Colombara y Branislav Marelic.
