BRAGA
La paridad como principio debe leerse más allá del Parlamento: atravesando otros espacios y poderes del Estado, como el Judicial y el Ejecutivo, y siguiendo los principios internacionales. De este modo, podemos entenderlo como parte de un proyecto político mayor de la gobernanza democrática, en donde se asegure sustantivamente espacios reales de representación y un ejercicio del poder democrático de mujeres y grupos históricamente excluidos.
La presencia de mujeres y disidencias en los poderes e instituciones del Estado es una deuda que continúa vigente, pese a los mecanismos de corrección implementados en Chile este último tiempo. Esta subrepresentación de mujeres y diversidades sexo-genéricas varía dependiendo del Poder del Estado que se observe.
Actualmente, en América Latina existen, según lo indicado por ONU Mujeres en diciembre de 2021, nueve países que han optado por sistemas de cuotas –entre los que se encuentra Chile– y nueve países por sistemas de paridad –tales que Ecuador, Bolivia y México–.
Cabe recalcar que nuestro país sigue la primera tendencia, la de las cuotas, la cual busca promover la elección de mujeres a través de incentivos impulsando un mínimo de candidatas por elección. Muchas veces esto se usa como una acción afirmativa provisoria. La paridad busca integrar dentro de las democracias representativas la integración de la diferencia sexual, al promover mecanismos de igualdad.
En Chile, la Cámara Baja contará con un 35,5% de mujeres hacia marzo de 2022, es decir, 55 de 155 escaños. Se trata de un aumento considerable en comparación con la elección parlamentaria del 2017, cuando se implementó por primera vez la ley de cuotas de género. En esos comicios, se lograron 19 escaños. Esta alza puede ser atribuible a la ley de cuotas. Sin embargo, en la Cámara Alta la representación solo será del 21,7% (con 10 de los 46 escaños), lo que mantiene el número de senadoras respecto de la última elección –estando ya vigente la ley–. Así, es posible apreciar cómo en la medida que ascienden los espacios de decisión, la cantidad de mujeres disminuye.
A nuestro parecer, la paridad como principio debe leerse más allá del Parlamento: atravesando otros espacios y poderes del Estado, como el Judicial y el Ejecutivo, y siguiendo los principios internacionales. De este modo, podemos entenderlo como parte de un proyecto político mayor de la gobernanza democrática, en donde se asegure sustantivamente espacios reales de representación y un ejercicio del poder democrático de mujeres y grupos históricamente excluidos.
[cita tipo=»destaque»] La paridad y la presencia de mujeres y disidencias son cuestiones fundamentales y puntos de partida indispensables para perfeccionar nuestra democracia. [/cita]
A propósito de cómo se debe ir materializando la paridad en los distintos poderes del Estado, podemos observar que en el Poder Judicial hay un techo de cristal, lo que ha sido históricamente denunciado por el feminismo. Aun cuando hoy la presencia de magistradas resulta importante –en los Tribunales de Familia de la Región Metropolitana y del Biobío, el 86,3% y 73,5%, respectivamente, son mujeres, según cifras oficiales), en la medida que asciende la escala de poder hacia las cortes de mayor grado y alcance, la presencia de mujeres disminuye.
Por ejemplo, si comparamos la cantidad de ministras y ministros de la Corte Suprema, hay un 35% de mujeres versus un 65% de varones. Es más, entre 1823 y el 30 de marzo de 2021, han sido nombrados 216 ministros y apenas 11 ministras (de acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile sobre la base de los datos de Escalafón General de Antigüedad del Poder Judicial).
Actualmente, el gabinete ministerial está conformado por 23 integrantes, de los cuales solo 6 son mujeres, y no tienen presencia sustantiva en el Comité Político, a excepción de la representante de la cartera de Desarrollo Social y Familia. Esta brecha espera subsanarse, a propósito del compromiso que el Presidente electo, Gabriel Boric, ha expresado respecto a la conformación paritaria de su gabinete y la incorporación de mujeres y disidencias en espacios de decisión política.
Pese a los límites de los actuales mecanismos institucionales para la promoción de la paridad, hemos visto cómo, en este último tiempo, la sociedad ha entregado su confianza política a mujeres provenientes de diversos contextos. De forma creciente, esto también ha pasado con las disidencias y diversidades sexo-genéricas. Así, se han desbordado los mecanismos institucionales, lo que ha permitido llevar a espacios de decisión estratégicos para el devenir de la política chilena a sectores históricamente excluidos.
La composición y dinámica de la Convención Constitucional es una clara muestra de ello. Esta instancia ha sido presidida por dos mujeres, ambas representantes de sectores no hegemónicos de la sociedad: una perteneciente a pueblos indígenas y otra de región, ambas promotoras de las luchas por la defensa del medioambiente. Se trata de representantes de y con un perfil político que dista bastante de lo que estábamos acostumbradas y acostumbrados a ver en la política tradicional. Se suma, por cierto, la elección de Gaspar Domínguez a la vicepresidencia de la Convención, quien lleva la bandera de la lucha por las diversidades sexo-genéricas.
Con todo, la historia y los territorios movilizan la presencia de mujeres y disidencias en espacios de discusión y toma de decisiones. Frente a ello, los diseños institucionales deben responder a esta demanda histórica y permitir que nuestra democracia se legitime a través de la presencia de sus representados y representadas. Para nosotras, es la única alternativa para consolidar el sistema político y evitar incrementar la desconfianza en las instituciones.
Por esta razón, se torna tan fundamental la propuesta de norma ingresada por algunas convencionales pertenecientes al Colectivo Feminista de la Convención Constitucional, el pasado viernes 7 de enero, con representación de Movimientos Sociales Constituyentes, Voces Constituyentes, Apruebo Dignidad, La Lista del Pueblo, Independientes, entre otras organizaciones. A través de esta iniciativa, se busca que en la nueva Constitución Política se garantice el derecho a la igualdad sustantiva de género fundada en una democracia paritaria en clave no binaria. Ciertamente, es un hito a nivel mundial. Los cinco artículos incorporados en la propuesta permiten avanzar en una representación efectiva de todas las identidades de género, incorporando a las mujeres, identidades trans y no binarias, comprendiendo la diversidad de experiencias, contextos e identidades.
De incorporarse estas propuestas en la Carta Magna, no solo todas las instituciones del Estado deberán tener una integración paritaria. Asimismo, se promoverán e implementarán medidas para que esta paridad se extrapole hacia organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, mandatando a estos últimos a conformar sus directivas con criterios de paridad para avanzar en la búsqueda de la igualdad.
Respecto al Estado, la propuesta hace de la incorporación de mujeres y disidencias un chiche político, ni la deja a la voluntad y arbitrio del Gobierno en ejercicio. Al contrario, obliga a todas las instituciones, órganos autónomos y poderes del Estado a incorporar la paridad en sus espacios de decisión y el enfoque de género en su diseño institucional. De esta manera, se busca asegurar que la política fiscal y el presupuesto se adecuen al cumplimiento de este mandato.
El camino de transformaciones que Chile ha trazado, desde el mayo feminista de 2018 y la revuelta de octubre de 2019, hoy interpela a la institucionalidad a fijar agendas de cara a la ciudadanía, con las mujeres y disidencias incluidas. En ese sentido, nos encontramos en un momento histórico clave para la consolidación de la paridad como un piso y no un techo.
La paridad y la presencia de mujeres y disidencias son cuestiones fundamentales y puntos de partida indispensables para perfeccionar nuestra democracia. No obstante, lo que está pasando en la Convención nos plantea un desafío aún más profundo: avanzar hacia la despatriarcalización de la política, subvirtiendo las nociones tradicionales del ejercicio del poder. En el fondo, vivimos la integración de un lenguaje y de un nuevo paradigma que viene a repensar lo que somos. Tal como dijo Elisa Loncon hace unos días, «lo extraño se vuelve normal».
Creemos indispensable avanzar hacia una democracia paritaria que realmente involucre las voces de mujeres y disidencias. Hoy nos enfrentamos al peligro de que dichos avances, sin una transformación mayor de nuestra estructura institucional, queden como algo decorativo. No todas las mujeres que hoy participan de la vida política y en la Convención son feministas o han integrado el enfoque de género como directriz de su acción. Por lo mismo, la instalación del feminismo en las lógicas de funcionamiento institucional no puede quedar al alero de la voluntad política del presente. Se requieren de mecanismos fuertes para que sea integrado de manera transversal en nuestro sistema político y, de este modo, avancemos hacia un cambio social de largo plazo.
