BRAGA
Tras examinar una petición presentada por las organizaciones Corporación Miles Chile y Women’s Link Worldwide, tres mecanismos de monitoreo de derechos humanos de Naciones Unidas hicieron un llamado al Estado a tomar medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas.
El 23 de julio del año 2020 fue presentada la primera denuncia en torno a la calidad de las pastillas anticonceptivas Anulette CD que se entregan en los servicios de atención pública. Esta denuncia fue recibida por el Instituto de Salud Pública el 6 de agosto del mismo año. Como consecuencia, el 24 de agosto de 2020 se emitió una Alerta Farmacéutica, ya que se comprobó que la serie B20034A tenía defectos, más tarde, se encontraron fallos en otras series y marcas.
Tras lo sucedido, se dieron a conocer los casos de más de 200 mujeres que quedaron embarazadas producto del consumo de estos anticonceptivos defectuosos entregados por el sistema público de salud, por lo que Corporación Miles Chile comenzó un proceso de mediación, sin embargo, el Estado se negó a aceptar las diferentes propuestas presentadas.
Este procedimiento de mediación con el Consejo de Defensa del Estado, convocó a diversos actores públicos con injerencia en la regulación de la salud sexual y reproductiva en el país y a los laboratorios que fabrican y distribuyen estos anticonceptivos.
Gracias a la persistencia de las mujeres y al trabajo de la Corporación, llegaron a un acuerdo con el laboratorio que proveyó las píldoras fallidas, lo que permitió otorgar ciertos beneficios económicos para aquellas mujeres respecto de las cuales se pudo establecer, entre otros requisitos, que habían consumido comprimidos provenientes de blísteres correspondientes a los lotes de la serie B20034A y B20035A.
Sin embargo, ante el rechazo de la autoridad gubernamental, “desde Corporación Miles decidimos dar por frustrada la mediación y preparar una demanda particular contra el Estado de Chile, para que los tribunales de justicia le obliguen a tomar las medidas de reparación y no repetición que las mujeres requieren como una garantía el que sus derechos sexuales y reproductivos no se verán afectados en el futuro”, aseguraron desde la organización.
Entre las solicitudes rechazadas, destacan la creación de un protocolo de fiscalización en los medicamentos de anticonceptivos, la disposición de una oferta más variada de diferentes métodos de larga duración en los centros de atención primaria, la creación de un protocolo estandarizado para todos los CESFAM del país que establezca la obligación de mantener un registro del número de lote de las pastillas anticonceptivas que se le entrega a cada usuaria.
Tampoco aceptó el Estado generar contenido sobre “pasos a seguir” en caso de denegación ilegal de interrupción voluntaria del embarazo ni proveer de atención gratuita en salud mental a las mujeres afectadas (psicológica y psiquiátrica, incluyendo el costo de los fármacos, en caso de ser necesario su consumo).
Sumado a la demanda que está en preparación, Miles Chile en alianza con la organización internacional Women’s Link Worldwide, le solicitaron a diferentes organismos internacionales de derechos humanos que le exigieran al Estado tomar medidas para que estas situaciones no se repitan y se repare a las mujeres afectadas.
El llamado fue acogido por el Grupo de Trabajo Contra la Discriminación de las Mujeres de Naciones Unidas; la Relatoría Especial sobre el derecho a la salud física y mental; y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, quienes en conjunto, le han pedido al Estado durante esta jornada rendir cuentas por este caso de desprotección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas del país.
“Los tres mecanismos de Naciones Unidas le solicitaron a Chile, entre otras medidas, adelantar un estricto control de calidad para garantizar la calidad y eficacia de las pastillas anticonceptivas; ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país, especialmente en casos como este, derivado de una negligencia del Estado; y levantar la prohibición de difusión de información sobre el acceso a la interrupción del embarazo. En cuanto a las mujeres afectadas, pidieron acompañar las maternidades no planeadas, a través de ayudas económicas que les permitan a las mujeres retomar sus proyectos de vida y la crianza de los niños y niñas”, afirmó la abogada de Women’s Link Worldwide, María Cecilia Ibañez.
En paralelo a esta demanda y las solicitudes de los organismos de las Naciones Unidas, la corporación está trabajando para que su propuesta en la Convención Constitucional, que ya recibió más de 26 mil firmas para que el aborto sea discutido, “adopte las recomendaciones emitidas por los diferentes organismos de Naciones Unidas de manera que a todas las mujeres en Chile se nos garantice, entre otros, el acceso sin barreras a información y educación sexual integral, a anticonceptivos de calidad, a servicios que protejan y garanticen la maternidad deseada, y a la interrupción del embarazo, no solo cuando la vida está en riesgo, sino cuando la salud física o mental o el proyecto de vida de la mujer se ven comprometidos”, afirmó la directora ejecutiva de Corporación Miles Chile, Javiera Canales.
