Yo opino
Foto: Cristian Vivero Boornes / Agencia Uno
Para muchas mujeres, los servicios públicos son el principal mecanismo a través del cual se hacen realidad derechos sociales como la educación, la salud física y mental, la vivienda y el acceso al agua, entre muchos otros. Sin embargo, la creciente privatización que ha vivido Chile, y la consecuente baja en la calidad de los servicios públicos -especialmente en zonas rurales, aisladas o de menores ingresos- son una de las grandes preocupaciones que pudimos identificar en la investigación que dio origen al libro “Más que Juanitas”.
“Cuando los servicios públicos son deficientes en calidad y se privatizan los derechos sociales, son las mujeres las que se ven desproporcionadamente afectadas”, plantea una de las participantes en esa investigación. Éste y otros testimonios muestran cómo las mujeres tienen una mayor dependencia de los servicios públicos (salud, educación y otros) debido especialmente a su vinculación social con el trabajo de cuidados. De esta forma, los servicios públicos pueden jugar un papel decisivo en la transformación de las condiciones de vida de las mujeres, al permitir abordar los desequilibrios de poder que sostienen la desigualdad de género.
[cita tipo=»destaque»] Una organización de este tipo, debe estar acompañada de recursos suficientes que garanticen el financiamiento a largo plazo de estas medidas de igualdad de género en los servicios públicos, incluso de manera intergeneracional. [/cita]
Para que los derechos sociales sean una realidad en la vida de millones de mujeres en Chile, junto a organizaciones de la sociedad civil y sindicatos del sector público estamos efectuando un llamado a apoyar la iniciativa popular de norma 18.202, cuyo objetivo es que la nueva Constitución incorpore la obligación del Estado de proveer directamente servicios públicos dignos y con enfoque de género.
¿Qué significa proveer servicios públicos dignos? De acuerdo al Manifiesto Global por los Servicios Públicos, esto implica -entre otras cosas- que tengan una cobertura universal para todas las personas, independiente de su capacidad económica, su condición física o ubicación geográfica. También significa que su diseño y funcionamiento sea participativo y transparente. Los servicios públicos dignos también son capaces de mejorar continuamente y cuentan con financiamiento a largo plazo. Y quizás lo más importante: están comprometidos con la igualdad de género.
Pero, ¿qué implicaría incorporar la igualdad de género en los servicios públicos dentro de la Constitución? En la práctica, esto significaría desarrollar políticas públicas que busquen activamente eliminar las barreras que impiden el acceso de las mujeres y niñas a los servicios públicos en condiciones de igualdad al igual que estrategias que desafíen los estereotipos que -como lo demuestra el proyecto “Más que Juanitas”- aún persisten en la sociedad. Implica además, desarrollar respuestas estatales coordinadas y multisectoriales que resuelvan o erradiquen dichas barreras en los distintos ámbitos de los derechos sociales, a la vez que incorporar la participación de las mujeres y niñas en el diseño, organización y gestión de los servicios públicos en todos los niveles. Una organización de este tipo, debe estar acompañada de recursos suficientes que garanticen el financiamiento a largo plazo de estas medidas de igualdad de género en los servicios públicos, incluso de manera intergeneracional.
Por último, el enfoque de género también nos desafía a explorar diferentes modalidades de propiedad colectiva y democrática de los servicios públicos que permitan, por una parte, perseguir metas ambiciosas de interés público –como la transformación de los desequilibrios de poder entre géneros– y responder a los rasgos culturales específicos que configuran la desigualdad de género en cada comunidad.
En este sentido, la Convención tiene la capacidad de transformar las condiciones de vida de las mujeres en Chile, regulando constitucionalmente los servicios públicos e incorporando expresamente la obligación de aplicar el enfoque de género en el diseño, implementación, evaluación, financiación y mejora continua de los servicios públicos.
Sin nosotras no hay servicios públicos de calidad. Por ello, hacemos un llamado a apoyar la iniciativa popular de norma 18.202 para que los derechos sociales, de una vez por todas, se aseguren en serio.
