BRAGA
Créditos: Foto de Dragomir Yankovic/Aton Chile
La llegada de la periodista Antonia Orellana para encabezar la cartera, levantó diversas expectativas, sobre todo en organizaciones de la sociedad civil enfocadas en los derechos de las mujeres. Estas agrupaciones valoraron la incorporación de una mujer feminista para liderar este ministerio y proyectan que, gracias a esta característica y la amplia trayectoria territorial de la futura ministra, demandas históricas feministas –como la legalización del aborto, un sistema de cuidados universal y la derogación del régimen conyugal– podrán ser discutidas.
El próximo 11 de marzo, la periodista y militante de Convergencia Social, Antonia Orellana, deberá asumir como la próxima ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Este hecho levantó las reacciones de diversas organizaciones de la sociedad civil, las que valoran que una feminista sea la encargada de esta cartera.
Además, la designación de Orellana y la promesa del Presidente electo, Gabriel Boric, de trabajar codo a codo con la ciudadanía, trae consigo la posibilidad de incorporar demandas históricas del movimiento feminista, que se han visto invisibilizadas y paralizadas durante las administraciones anteriores.
Por esto, El Mostrador Braga conversó con la integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Priscila González; la directora ejecutiva de la Asociación de Matronas y Matrones de Chile (Asomat), Katiuska Rojas; la presidenta ejecutiva y cofundadora de Chile Mujeres, Francisca Jünemann; y con la Coordinadora Feminista 8M, sobre las expectativas y problemáticas urgentes a discutir en materia de género durante los próximos cuatro años.
Desde la Red Chilena recalcan que una materia decisiva para abordar, durante los primeros meses de Gobierno, es impulsar el proyecto de ley integral sobre la violencia hacia las mujeres, el cual se encuentra hace cinco años en el Senado. ‘‘El Estado no entiende el problema al que se está enfrentando y esta ley podría ser una herramienta para que las reparticiones públicas puedan asumir el compromiso de prevenir, erradicar y sancionar’’ detalla Priscila González.
La importancia de esta política, es que con la ley integral “aspiramos a que todas las conceptuaciones de violencia estén unificadas y que el Estado, a través de todos sus aparatajes, pueda responder a un concepto de violencia más acorde a nuestros tiempos y la reflexión feminista’’.
Por otro lado, tanto la Coordinadora 8M como la Red Chilena destacan que se debe avanzar hacia un sistema plurinacional de cuidados, ‘‘no solamente el que se les pueda dar a las hijas(os), sino ampliar a personas mayores y en situación de discapacidad que lo realizan en mayor medida mujeres’,’ opina González.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, el 68,8% del trabajo de cuidados no remunerado entre la población de 15 años y más, es llevado a cabo por mujeres. En promedio, ellas destinan 5,9 horas a estas labores en un día, mientras que los hombres apenas 2,7 horas.
Ambas organizaciones también esperan que otra problemática que debe ser erradicada es la precarización que existe entre las funcionarias y funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. ‘‘Hay algunas funcionarias que están a cargo de muchos Centros de la Mujer que se ven sobrepasadas de trabajo y creemos que es necesario que se avance en un trato más digno y justo hacia sus trabajadoras y trabajadores’’, detallan desde la coordinadora.
Estos centros que están bajo administración del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg), son los encargados de prestar atención a mujeres que hayan sido víctimas de violencia en contexto de pareja o expareja.
Las organizaciones también han sido claras en la ausencia de políticas y trabajo que tuvo la cartera durante la administración de Sebastián Piñera, lo que trajo consigo diversas consecuencias que no han podido tener soluciones profundas, como el alza del desempleo femenino, retrocesos en derechos sexuales, entre otras.
Desde Chile Mujeres esperan que, para resolver algunos de estos problemas, se elabore una nueva legislación con relación a sala cuna universal, porque ‘‘el que presentó el Gobierno a principios de este mes no se basa, a nuestro entender, en los principios adecuados para ser una política pública que incentive y no afecte la contratación de mujeres’’.
‘‘Deberá, con sala cuna universal, demostrar que puede lograr lo que no logró el Gobierno de Sebastián Piñera y, de esta forma, hacer la principal reforma para recuperar completamente los empleos formales perdidos por las mujeres’’, agregan.
Según cifras de Women in Work dadas a conocer durante mayo de 2021, Chile tiene la tercera tasa de desempleo femenino más alta de la OCDE (11,81%), únicamente superada por Grecia (20,5%) y España (18,4%).
Con relación a otra materia, Jünemann destaca que debe ser necesario que durante el próximo Gobierno se aborde un nuevo régimen matrimonial que reemplace la sociedad conyugal, el cual impide a la mujer no únicamente administrar la sociedad sino incluso sus bienes propios. ‘‘Como Fundación Chile Mujeres elaboramos una propuesta de un nuevo régimen matrimonial simple que respeta la libertad e independencia de administración por parte de ambos cónyuges, el cual ya presentamos a la Comisión Mujer del Senado. Esperamos presentarlo a la nueva ministra’’.
En lo que respecta a salud y específicamente derechos sexuales y reproductivos, Katiuska Rojas reflexiona en lo crucial de incluir nuevas miradas a este ámbito, para asegurar la integridad de las chilenas, que se ha visto agravada durante la pandemia. Por ejemplo, menor acceso a métodos anticonceptivos, disminución de exámenes preventivos de cáncer de mama, entre otros.
‘‘Como Asociación de Matronas, sentimos mucho la necesidad que desde una perspectiva de género, feminista e interseccional se pueda instalar una salud de mejor calidad para las mujeres’’, detalla Rojas.
Sobre la discusión del aborto, esperan que esto avance para su eventual legalización y correcta implementación, lo que ‘‘no es solamente el derecho a garantizarlo, sino tener a los funcionarios de la salud para que puedan ejecutar la política y no sean obstaculizadores’’, lo que se traduce en mejores herramientas, capacitaciones con perspectiva de género, etc.
Por último, la Coordinadora Feminista 8M indica que es sumamente importante trabajar en la erradicación de la violencia de las mujeres, ‘‘han aumentado los femicidios y femicidios frustrados, muchas de las causas judiciales que se han abierto no terminan en sentencias definitivas, también ahí hay un problema contundente’’.
Según datos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, durante 2021 se contabilizaron 44 femicidios consumados y 163 intentos frustrados. Además, según se informó en una nota previa de este medio, la mayoría de las víctimas tenía denuncias previas.
Sumado a todo lo anterior, las organizaciones creen unos de los grandes desafíos, tanto para el ministerio como para el Gobierno en general, es incorporar la mirada ciudadana a la construcción de políticas públicas, y que, según destaca Katiuska Rojas, ‘‘es algo que el Presidente ratifica’’ y que ha estado en la palestra desde el estallido social.
Por último, debido a los avances de movimientos conservadores, que por ejemplo lograron 25 escaños en el Senado (entre el Partido Republicano y Chile Podemos Más), convirtiéndose así en mayoría en la Cámara Alta, las organizaciones avizoran complejos acuerdos para la tramitación de leyes.
‘‘El principal desafío que tendrá la futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género será lograr acuerdos transversales en el Congreso para sacar adelante los proyectos de ley emblemáticos para las mujeres del nuevo Gobierno’’, opina Francisca Jünemann.
