BRAGA
Créditos foto: Aton
“Esta es la segunda crisis migrante más grande en el mundo después de la de Siria y ningún Estado está preparado para afrontar esto”, comenta la doctora en Sociología de la Universidad Arturo Prat, Romina Ramos, en conversación con El Mostrador Braga, quien además, repasó la situación que viven mujeres, niñas y niños actualmente en la ciudad de Iquique, quienes se han visto expuestos a un escenario de precariedad, vulnerabilidad y violencia.
Conmoción han generado durante los últimos meses las imágenes de la crisis humanitaria que se vive en el norte de Chile, siendo la región de Tarapacá uno de los centros más afectados por el conflicto, el cual se ha profundizado a partir del primer desalojo migrante ocurrido en el mes de septiembre, en el que familias, mujeres, niñas y niños fueron arrojados desde campamentos improvisados a las calles y playas fuera de la ciudad, en completa situación de vulnerabilidad. Desde entonces, la crisis de Estado y migratoria no ha logrado ser resuelta del todo y el conflicto ha vuelto a estallar, dejando un saldo relevante en términos de seguridad pública y derechos humanos.
En conversación con El Mostrador Braga, la trabajadora social y doctora en Sociología de la Universidad Arturo Prat, Romina Ramos aseguró que “han existido intentos para abordar la situación”, sin embargo, no termina por resolverse. “Según los resultados del último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la situación de las personas de nacionalidad venezolana en situación de desplazamiento forzado en Chile durante 2021, el 70% de las personas vienen con niños y niñas en condiciones socioeconómicas muy deplorables, estamos hablando de personas que no tienen dinero para comer más de una semana”, explicó.
«También han aumentado los índices de delitos violentos principalmente en los últimos seis meses”, apunta y considera entre ellos la violencia de género. “Las mujeres migrantes sufren triple violencia y si son madres, la situación es aún más compleja, por eso es necesario intervenir en todos los niveles con perspectiva de género, pero desde una mirada interseccional, porque la vulnerabilidad no es solo por ser mujer, es la nacionalidad, la pobreza, si pertenece a las comunidades afrodescendientes, entre otros”, indicó.
La solución de salida al conflicto de septiembre
A partir del primer desalojo migrante ocurrido a finales del mes de septiembre en la ciudad de Iquique, se barajaron algunas soluciones para paliar la crisis, entre las que se generaron campamentos improvisados para recibir a familias de personas migrantes en las localidades de Colchane, Huara y playa Lobito, solución que, a visión de la trabajadora social y las agrupaciones que acompañan a personas migrantes en el norte son ineficaces, “se encuentran en situaciones precarias, tanto las personas de nacionalidad venezolana como las y los trabajadores. Ha habido dificultades para poder atender la situación sanitaria y más que todo es como un espacio para poder acoger, pero que no da abasto y que no cumple con los mínimos que debiera tener un espacio de acogida”, apuntó.
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Según Ramos, lo mínimo es que la situación de las personas migrantes en condición de desplazamiento forzado, debieran tener atención del Estado, no una mera asistencia en un campamento. En Colchane, los campamentos se destruyeron por las lluvias, les dan sólo unos snacks para comer. “Imagina que los niños tienen una pérdida de escolaridad de un año, tienen problemas de salud, también de seguridad (…) La mayoría de ellos y ellas lo único que quieren tener es comida, agua y un lugar seguro donde dormir”, señaló.
Seguridad y victimización
Respecto al tema seguridad, comenta que ha habido un aumento en los delitos violentos y son justamente esos lo que tienen alta connotación pública. En este sentido, considera que las políticas migratorias se circunscriben dentro de una crisis que incumbe al Estado y a la política nacional cuyas consecuencias han impactado a la población, “efectivamente hay un problema de seguridad, efectivamente ha aumentado la sensación de inseguridad en las personas (victimización)”, comentó.
“También han aumentado los índices de delitos violentos principalmente en los últimos seis meses, donde han sido víctimas -esto en palabras de la fiscal regional- donde dice que, ‘las personas que son víctimas de violencia también son extranjeros’. En términos globales, sólo el 3,8% de las personas que han cometido delitos son extranjeros, pero existe y “hay que hacerse cargo de la sensación de inseguridad que tiene que ver con muchas cuestiones, creo que la incapacidad para abordar un fenómeno que es complejo de parte de las instituciones a cargo”, profundizó.
Abordaje asistencial y situación en campamentos
En medio del desarrollo del conflicto, uno de los eventos preocupantes fue que los lugares de acogida habilitados para migrantes en Iquique fueron también vulnerados en medio de un contexto de potente violencia y caos en la ciudad.
En este sentido, la trabajadora social recalcó que “en términos de campamentos, claro, entre estar en la calle y estar en una carpa en la que puedes acceder a algún snack y ver la posibilidad de que trasladen, sin duda es mejor eso, pero insisto en que esos campamentos no están en condiciones, o sea no deberían operar si es que no garantizan seguridad, protección y asistencia jurídica, psicosocial; sobre todo en las infancias migrantes y mujeres embarazadas que son las que se ven tremendamente afectadas en términos de acceso a la salud”.
Para cerrar este punto, Romina reflexionó sobre el incierto futuro de esta crisis, sobre las responsabilidades que el Estado de Chile demora en asumir y sobre la hostilidad que se ha creado entre los ciudadanos, “creo que la violencia es tremenda, el racismo, la xenofobia, hay mucha hostilidad en la región frente a las personas de las comunidades extranjeras, pero hay que ver que en esta situación también hay violencia institucional, podríamos hablar de racismo de Estado, porque la violencia no es hacia todas las personas migrantes, es hacia ciertas personas, como haitianos y venezolanos”.
Por tanto, “el abordaje tiene que ser integral y eso es lo que no hemos visto hasta ahora” y enumeró algunos factores que a su parecer son necesarios de tener presentes al momento de analizar la crisis, entre ellos destacó que, “el aumento de irregularidad las y los expone a situaciones de explotación laboral, imposibilidad de acceder a medios básicos para la subsistencia, los que finalmente terminan por extender la condición de vulnerabilidad hacia las familias”, señaló.
En esta línea, finaliza expresando que desde lo simbólico es preocupante que los discursos de odio puedan provocar enfrentamientos entre la sociedad civil, “porque el miedo está ahí y es muy difícil de abordar cuando no existe voluntad política para generar, por ejemplo, campañas de sensibilización antirracistas. Yo creo que acá -y de cara a la cuestión pública- hay un esfuerzo que todos y todas debemos hacer y es separar la migración de la delincuencia, porque a partir de ese vínculo es que criminaliza toda la migración y no se ponen los acentos en las cuestiones relevantes para una región que ha sufrido un histórico abandono”, finalizó.
