Corte Suprema ratifica exigencia de médico/a las 24 horas en la Cárcel de Mujeres de San Miguel

Corte Suprema ratificó durante este mes el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que acogió el recurso de las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte y Sur, presentado para solicitar a Gendarmería la presencia de un médico durante las 24 horas del día en la Cárcel de Mujeres de San Miguel, luego del fallecimiento de Mylena Cartes ocurrido el pasado 29 de enero.

Cartes tenía 50 años y falleció en el Hospital Barros Luco, donde fue trasladada por Gendarmería luego de sufrir fuertes dolores estomacales durante días, y sin recibir ayuda médica en el interior del recinto penal. La causa de su muerte sigue siendo investigada por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Además, a este caso se sumó la muerte de Marisol Alvear de 43 años ocurrida en el Centro Penitenciario de Valparaíso luego de sufrir un paro cardiorrespitorio. En esa ocasión, la familia de Alvear denunció “negligencia por parte de Gendarmería”, y aseguraron que la mujer presentaba una infección urinaria severa y problemas en sus huesos desde diciembre del 2021.

En ese contexto, las Defensorías Regionales Metropolitanas presentaron el requerimiento para evitar la repetición de este tipo de hechos en las cárceles de Chile ya que, a juicio de la Encargada de Género de la Defensoría Penal Pública, Claudia Castelletti, «somos los últimos garantes para que ellas tengan derechos”, y recordó que la vulneración de los derechos en los recintos penales, particularmente el acceso a servicios médicos, “no es una cuestión que haya aparecido ahora”.

“En marzo del 2018, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –(CEDAW, por sus siglas en inglés)– ya le dijo al Estado que debe adecuar su sistema penitenciario con enfoque de género, y recomendó a Chile tener un cambio en las políticas penitencias, particularmente en el acceso a la medicina, para que estas mujeres tuvieran siempre acceso a un médico y atención ginecológica y obstétrica”, explicó Castelletti, y precisó que, actualmente, “el Estado de Chile no se ha hecho cargo de esas observaciones, y tiene que ponerse en campaña para hacer efectivo que las personas presas sólo pierden su libertad y no pierden el resto de sus derechos”.

Además, Castelletti aseguró que con la presentación del requerimiento ante el Tribunal de Alzada y la Suprema “no estamos pidiendo privilegios porque estamos pidiendo igualdad”, y señaló la necesidad de ajustar los protocolos de Gendarmería para situaciones de emergencia, como los casos de Mylena Cartes y Marisol Alvear. En el mismo sentido, la experta en materias de género enfatizó en la importancia de una mejoría sobre la inversión de recursos y capacitación del personal de los recintos penales, para que exista un mejor trato hacia las personas privadas de libertad.

“En principio, cuando una persona es sancionada con una pena privativa de libertad y es enviada a la cárcel para el cumplimiento de una condena efectiva, el único que debería perder es el derecho a la libertad. Todos los demás derechos no deberían ser afectados con esa privación de libertad. Pero, en la práctica, todo el sistema carcelario ha sido un gran olvidado de las políticas públicas en Chile”, expuso Castelletti.

En esa línea, la abogada y directora de Incidencia de la Fundación ‘Red de Acción Carcelaria’, Antonella Oberti, sostuvo que el fallo de la Corte Suprema reflejó la precariedad del sistema penitenciario en Chile ya que la vulneración de derechos es constante. Incluso, aseguró que “muchas veces hemos recibido denuncias sobre la ausencia de ginecólogos o que no hay matronas para las mujeres embarazadas, y tampoco acceso para hacerse los exámenes rutinarios que debemos hacer las personas con sexo femenino como la prueba de Papanicolaou y mamografía”.

Oberti señaló que esos testimonios los conoció durante sus visitas a las cárceles para entregar insumos de higiene y cuidado personal a las mujeres privadas de libertad, y recordó un hecho que sucedió durante la jornada de conmemoración del Día Internacional de la Mujer: “El 8 de marzo estuve en la Cárcel de San Miguel y una interna me comentó que ha tenido cáncer al cuello uterino, que no la habían llevado a sus controles y que no le permitían tener acceso a sus tratamientos”.

Por su parte, la abogada, docente y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas, aseguró que actualmente “las condiciones carcelarias en Chile son paupérrimas y en algunos casos hay un severo déficit”, situación que fue constatada por diversos estudios elaborados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la UDP, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico que visitó la Penitenciaria a inicios del 2020, y que también se plasmó en el último informe del Comité de la Prevención Contra la Tortura.

Incluso, la investigadora profundizó en que si bien las mujeres privadas de libertad están en situación de menor hacinamiento, “también tienen condiciones específicas de necesidades que pudieran no necesariamente tener los hombres” que respeten la dignidad de ellas, como que en el venusterio haya acceso a condones y a otros métodos de anticoncepción para protegerse de embarazos no deseados o de enfermedades de transmisión sexual. Además, valoró que distintas autoridades del país reconozcan que las condiciones carcelarias no son buenas, pero apuntó a la necesidad urgente de “pasar a un plan de acción que permita mejorar la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad”.

“Quienes están en conflicto con la ley no son una prioridad para la mayoría de las personas de nuestro país, porque están preocupadas de que más gente ingrese a las cárceles y haya menor nivel de delincuencia en las calles. Por lo tanto, las necesidades de aquellas personas que están privadas de libertad no aparecen como una gran prioridad para las autoridades nacionales y, yo diría, para la mayoría de los países”, expuso.

Y si bien Claudia Castelletti coincidió con que el Estado de Chile adeuda garantías al sistema carcelario, la abogada valoró la preocupación de la Administración de Gabriel Boric en torno a mejorar la situación de las mujeres privadas de libertad, ya que la primera actividad pública de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y el Subsecretario de esa cartera, Jaime Gajardo, fue una visita al Centro Penitenciario Femenino de Santiago para participar en un diálogo sobre la defensa de género.

“Tenemos un fuerte compromiso con los derechos humanos y no sólo de quienes estén fuera de estos recintos, sino que estas garantías deben ser garantizados para todos y las personas privadas de libertad
no pierden sus derechos”, dijo la Ministra en una parte de su intervención.
(Fotografía: Defensoría Penal Pública / Aliosha Márquez Alvear)

En el caso específico de las mujeres que actualmente están privadas de libertad, Lidia Casas recalcó en la importancia de observar la situación de manera más compleja, desde garantizar el acceso a la salud hasta la regulación de las visitas de sus hijos e hijas que viven en el exterior de los recintos penales. Por ejemplo, los delitos por los que las mujeres son imputadas principalmente se refieren al tráfico de drogas en pequeñas cantidades, robos y lesiones, ilícitos que están directamente relacionados con el contexto de sus vidas ya que, según datos de la Defensoría Penal Pública, los dos primeros tipos de delitos se cometieron con la necesidad de subsistencia y manutención de sus familias, ya que muchas mujeres que cumplen condena en el sistema penitenciario son las jefas de hogar.

En ese aspecto, la investigadora de la Universidad Diego Portales remarcó que la preocupación del Estado no sólo debe darse en términos de dignidad, sino también en los procesos de rehabilitación, con programas que estén pensados para que realmente una persona viva fuera del ámbito carcelario. “A las mujeres tenemos que enseñarles no solamente el oficio típico de la costura o peluquería, sino otros aquellos oficios donde ellas puedan redituar mejor. Aprender gasfitería, albañería u otro tipo de oficio que no son típicamente femenino, pero son muy bien pagados y que les podrían permitir estar en muchas mejores condiciones que estar en un circuito criminógeno”, sostuvo Casas.

Por su parte, Antonella Oberti lamentó que además de enfrentarse a un sistema judicial diseñado por y para hombres, muchas de las mujeres privadas de libertad viven su condena “con culpa, frustración y angustia” por el abandono de su rol tradicional en una sociedad patriarcal, empujadas a cometer delitos, incluso, para dar sustento a sus familias. “Sufren una especie de doble castigo porque tienen el castigo penal y el castigo social por los roles que tradicionalmente se asignan, y ellas suelen sentir mayor recriminación por haber sido malas madres o por haberse involucrado en conductas criminales que llevaron a que sus hijos se quedaran solos”, comentó, y enfatizó en la importancia de velar por los derechos humanos de esas mujeres.

“Ellas también son personas y merecen el mismo respeto y dignidad que todas. Hay que humanizarlas. Es súper fácil caer en el estereotipo de la delincuencia y decir que son malas y delincuentes. El humanizar a esa mujer significa que, por más que haya hecho algo que no era bueno, escuchar sus historias de vida nos permiten entender, pero no justificar, lo que hicieron en un contexto de altísima vulnerabilidad”, reflexionó Claudia Castelletti, mientras que Lidia Casas aseguró que “la nueva Administración tiene muchos desafíos frente a la situación carcelaria, y el primer gran desafío es cómo mejorar las condiciones básicas para darle dignidad y establecer condiciones de vida mínimas para todas aquellas personas privadas de libertad”.

• Esta nota fue publica originalmente por Lorena Moreno Berroeta en Radio U Chile.