Según el estudio Radiografía al Fútbol Femenino, actualmente el 83% de las jugadoras no recibe sueldo por su trabajo y sólo el 4,4% tiene un contrato laboral con el club al cual pertenece.
El Estadio Municipal de La Cisterna se convirtió hoy en el escenario donde se realizará la promulgación de la ley que exige a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) un contrato de trabajo y un sueldo para las futbolistas de los equipos que participan en el torneo femenino local.
La iniciativa fue presentada en marzo del 2019 por la diputada Erika Olivera y contó con el apoyo de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, Anjuff, y mujeres futbolistas de todos los rincones del país, quienes desde hace años venían buscando mejorar las condiciones en las que desarrollaban su labor.
Uno de los principales argumentos que influyeron para que el proyecto no se tramitara inmediatamente fue que «la ley ya existía y sólo faltaba fiscalización». “Prueba de que ello no era suficiente, fue la investigación presentada en octubre del 2021 por el Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, junto a Anjuff y que reveló las precarias condiciones laborales de las futbolistas no habían cambiado en poco menos de 3 años”, señaló la diputada Olivera.
Según el estudio Radiografía al Fútbol Femenino, actualmente el 83% de las jugadoras no recibe sueldo por su trabajo y sólo el 4,4% tiene un contrato laboral con el club al cual pertenece. “Esto significa que hasta hoy ellas carecen de todo tipo de cobertura médica y son las responsables de su seguridad e integridad física, a pesar de que defienden su club con el mismo compromiso que sus pares masculinos”, explicó la diputada.
El 22 de diciembre del 2021, el proyecto fue aprobado en la comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados y pasó al Senado. Desde ese momento no hubo paso atrás en el anhelo de emparejar la cancha.
Finalmente, el pasado 21 de marzo el proyecto fue aprobado casi en forma unánime en la Cámara Baja y fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. La ley entrará en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial.
La gradualidad y los recursos
Los principales cambios de esta ley implica el fin a la tercerización de administración y gestión del fútbol jugado por mujeres, la profesionalización gradual del fútbol femenino y la adjudicación de recursos estatales de apoyo para equipos profesionales femeninos que presenten proyectos de desarrollo deportivo.
La iniciativa contempla que durante el primer año se exigirá contratar al menos al 50% de las jugadoras, en el segundo al 75% y en el tercero al 100%.
Durante 5 años las Sociedades Anónimas deportivas profesionales podrán acogerse a la ley de donaciones y, además, podrán postular a proyectos con el fin específico de desarrollar el fútbol femenino.
En la elaboración del documento final participaron la diputada Erika Olivera, Anjuff y el Ministerio del Deporte. Y son coautores de la iniciativa las diputadas Marisela Santibáñez, Pamela Jiles y la ex disputada Karin Luck; los diputados Andrés Celis, Marcos Ilabaca y el ex diputado, Mario Desbordes.