BRAGA
El proyecto de ley que busca evitar la revictimización de las mujeres que han sufrido delitos sexuales, también pretende regular que los jueces no hagan juicios de valor que puedan afectar a las personas agredidas, evitando preguntas que “humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad”. [ACTUALIZADA]
Esta semana la cámara baja sesionó sobre el proyecto de Ley Antonia, el cual tiene como objetivo instaurar un estatuto de garantías para un trato digno que resguarde la vida, integridad física e indemnidad sexual, además de evitar la revictimización en casos de delitos sexuales.
En la instancia, se aprobaron la mayoría de las modificaciones al Código Penal y procesal, por lo que el proyecto pasó a comisión mixta. En este sentido, se rechazó todo lo concerniente al concepto de «inducción al suicidio» para poder abordar la legislación desde el «suicidio femicida», ello, por estimar que esta figura debe regularse mejor.
Al respecto, la diputada Maite Orsini, señaló las razones detrás del rechazo a las modificaciones a la inducción al suicidio. «Hemos rechazado estas modificaciones porque en la comisión mixta buscamos defender la tipificación del suicidio femicida», afirmó.
Cabe recordar que según explican desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el suicidio femicida se produce cuando una mujer acaba con su vida tras ser víctima de una violencia de género permanente, ejercida por los victimarios, e incluye como factor “la desidia de las instituciones cuando las mujeres solicitan ayuda”, puntualiza Lorena Astudillo.
Generalmente en la inducción al suicidio, existe una intención, por parte de un tercero, de lograr que una persona se quite la vida, a diferencia del suicidio femicida, donde lo más probable es que el agresor no tenga como objetivo que la mujer muera, sino que busca continuar el control y posesión sobre ella.
Entre las normas aprobadas se encuentra la no revictimización y la protección de los datos personales, a través de un enfoque intersectorial con perspectiva de género, acceso y asistencia, con el fin de evitar cuestionamientos por la conducta anterior o vida privada de la víctima.
Conjuntamente, los jueces no podrán establecer juicios de valor que puedan afectar a las personas agredidas, evitando preguntas que “humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad”.
Por otro lado, se prohíbe a los intervinientes que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social relativas a la identidad de la víctima.
De aprobarse, “el Ministerio Público tomará conocimiento de una denuncia por los delitos (…) se contactará con la víctima dentro de las 24 horas siguientes, con el objeto de asesorar en el ejercicio de sus derechos y brindar acompañamiento, pudiendo, si esta lo solicitare, involucrar a su familia. Si el Ministerio Público no pudiere tomar contacto, comunicará dicha circunstancia al juez de garantía”, señala el escrito.
Adicionalmente, se incorporaron medidas de prisión preventiva relacionadas al estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.
Es importante recalcar que dicha resolución se enmarca en la conmemoración del suicidio femicida de Amira, una joven de 16 años cuya muerte, al igual que Antonia Barra, se dio en un contexto de violencia de género.
Justamente a raíz de la muerte de Javiera Sepúlveda a principios de este mes, organizaciones como la CF8M han vuelto a plantear la necesidad de la Ley Antonia.
Según comenta la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Francisca Rubio, “esperamos que el Congreso tome todas las acciones para que podamos abordar de manera concreta, con medidas que resuelvan el problema de seguridad y los atentos en contra de la vida de mujeres, porque tras una muerte queda una familia herida. Por ende, sacar adelante la Ley Antonia con sus tipificaciones (entre ellas, el concepto de suicidio femicida), permitiría abordar y prevenir”, dijo Rubio.
