BRAGA
La joven se quitó la vida en 2020 luego de que su denuncia por un ataque sexual sufrido durante Fiestas Patrias en 2018, fuera desestimada por las autoridades. Durante 2021 reabrieron el caso y el principal sospechoso quedó en prisión, pero por otro delito, el pasado 14 de febrero finalmente fue dejado en libertad.
Sin avances. Así está la investigación del caso de Anaís Godoy, una joven de La Serena que se suicidó en 2020. La estudiante había denunciado haber sido víctima de una violación durante Fiestas Patrias en 2018 a las autoridades, pero se sintió abandonada luego de que se archivara la causa por «falta de pruebas», a raíz de ello tomó la drástica decisión de quitarse la vida.
Tras su muerte, la familia presionó para que se volviera a investigar y gracias a eso se reabrió el caso, el que, hasta ahora, no tiene formalizados. El sospechoso -que tiene un amplio prontuario policial y que al momento de la violación usaba una tobillera-, fue puesto en prisión por otro delito y finalmente salió en libertad el pasado 14 de febrero, situación que tiene preocupada a la familia, porque la única medida cautelar que tiene es la prohibición de acercarse a ellos.
La prima de Anaís, Ángela Ramírez, sostiene que la familia ahora vive con miedo y angustia. “Ella era nuestra niña y nos la quitaron y ahora el principal sospechoso está libre”, señala.
Sin perspectiva de género
Este caso, al igual que otros que se han conocido en el último tiempo, tiene una tendencia que se repite: la falta de perspectiva de género al momento de aplicar justicia; esto porque los relatos de las víctimas no son tomados en cuenta o no se les da el peso real.
En ese sentido, la abogada y socia de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, quien recientemente ha tomado la representación de la causa, afirma que esta situación es una muestra más de cómo “la falta de perspectiva de género en nuestro sistema judicial discrimina a las mujeres y subestima los relatos de las víctimas de violación. Existe una desidia, expresada en el caso de Anaís y de muchas otras mujeres que terminan suicidándose porque el sistema no les cree, las deja al borde y las empuja a tomar este tipo de decisiones”.
Ramírez concuerda y señala que “la justicia no ha reaccionado ante esto. Nosotros como familia hemos tenido que hacer todo para que nos escuchen. Hemos visto muchas falencias en el sistema y solo nos han escuchado porque hemos protestado, porque hemos levantado la voz”. Agrega que ellos han aportado información y evidencias, como la carta que dejó Anaís antes de suicidarse. “Esperamos que se le vuelva a formalizar y que se haga justicia, tal como nos pidió mi prima en su carta. También esperamos que el fiscal responda, tal como se comprometió con nosotras como familia”, puntualiza.
Por ahora, el caso continúa abierto y sin formalización alguna, con el sospechoso en libertad y solo con la prohibición de acercarse a la familia a pesar de su nutrido prontuario criminal “lo que nos tiene muy atentas, porque no quedó con ninguna medida, como firma mensual, que de garantías de que no se fugará”, indica Millán.
