BRAGA
«Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus propios proyectos de vida», afirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala que lideró un estudio denominado «Vidas silenciadas».
Ser niña o adolescente y madre es una realidad que se ha normalizado en la región, pero especialmente en Guatemala, no se ha logrado combatir pese a ser uno de los países de América Latina y el Caribe con las tasas más altas de fecundidad en adolescentes.
Según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala (OSAR), solo en los dos primeros meses del 2022, 12.379 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en todo el territorio. Una cifra que se elevó hasta las 72.077 en 2021.
«La situación de embarazos forzados en Guatemala es escalofriante, especialmente en el caso de las niñas. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las políticas no están del lado de las niñas, así que este flagelo trunca sus proyectos de vida y no hay acciones concretas de parte del Estado para frenarlo. Mas bien, esto se vuelve un factor fabricador de pobreza», explica a Efeminista el oficial senior de programas de Planned Parenthood Global en Guatemala, José Ros Silvestre.
El especialista señala que la mayoría de estos embarazos, empezando por los de las niñas de 10 a 14 años, son producto de la violencia sexual que sufren las menores, especialmente dentro de su hogar o comunidad. «En 2018 hubo 5.680 denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes, 16 por día, y en 2019 se registraron 7.365 niñas que se habían convertido en madres», agrega.
Mirna Montenegro, directora de OSAR, cree que los casos de violencia sexual en Guatemala pueden ser mucho mayores. «Los promedios a veces esconden las realidades de algunos departamentos. Al año hay 2.400 nacimientos de niñas o niños cuyas madres tienen menos de 14 años. Y la covid, la violencia, el hacinamiento, menos acceso a servicios y menos acceso a denuncias también ha hecho que la violencia sexual se incremente», subraya.
Montenegro sostiene que los embarazos forzados se han convertido en una «epidemia» tal y como refleja el «incremento desmedido» que ha habido en los catorce años que OSAR lleva realizando estos monitoreos en el país.
Solo entre 2015 y 2019, las cifras de embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años subieron de 103.937 a 114.858, según datos recopilados por la organización.
Estos embarazos, explica José Ros, se registran «en mayor medida en los sectores más vulnerables de la población», pero se ven «tanto en niñas que viven en áreas urbanas como en niñas de las áreas rurales». «Esto es porque hay patrones culturales, sociales, religiosos y económicos que hacen que se perpetúe la violencia hacia ellas».
«Acá en Guatemala todavía se ve que a niñas de 12 o 13 años se las raptan o se las roban. Una vez que se averigua dónde está no se pone la denuncia sino que ya son las familias las que se sientan (a realizar un acuerdo) o es la comunidad la que decide. “Bueno, entonces se queda aquí”, y ya es parte de la otra familia, sin importarles bajo qué circunstancias se dio el robo o el rapto», cuenta la directora de OSAR.
Datos de la Procuraduría General de la Nación citados por Montenegro muestran que el 90% de los violadores son familiares o vecinos de las niñas. Y en un 30% de los casos el agresor es el papá biológico.
«¿Cómo alguien que te dio la vida y que te tiene que cuidar, querer y proteger te va a violar? Pero en un concepto patriarcal donde «es mi hija y yo hago con su cuerpo lo que yo quiera y mejor yo primero que otros», esos son los fundamentos que se manejan. Y que son todavía muy visibles acá en Guatemala», explica.
Ros y Montenegro coinciden en que, pese a los avances legislativos y normativos de los últimos años, los problemas siguen estando en el nulo acceso a la justicia y a la educación sexual integral.
«Aún es un tabú hablar sobre la sexualidad con los niños, las niñas y las adolescentes. Hay comunidades en donde es considerado pecado hablar sobre sexualidad, entonces no conocen su cuerpo, cómo funciona y tampoco tienen herramientas para reconocer si alguien está vulnerando sus derechos», dice el representante de Planned Parenthood Global.
Además, «los servicios integrales de salud sexual y reproductiva están ausentes sobre todo en el área rural. Estas barreras de acceso a la educación y a la salud forman un caldo de cultivo peligrosísimo para la violencia contra las mujeres y las niñas y limitan su posibilidad de acceder a una reparación digna», agrega.
Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), las niñas y mujeres son aún más vulnerables a la violencia sexual cuando los espacios en los que viven están controlados y disputados por las pandillas y el narcotráfico.
Con respecto al acceso a la justicia, la directora de OSAR asegura que solo el 2 % de los casos llegan a una sentencia. «Y no es que todo sea condenatorio, sino que muchas veces los dejan en libertad». Con el otro 97 %, «es como si no pasara nada. No cambia la vida de la niña, no hay un proceso de seguimiento ni de investigación».
«Al final, la violencia y los embarazos marcan mucho el destino de las niñas. Si en tu casa tú lo que ves es a tu abuela de 45, a tu mamá de 30 y tú tienes 15, entonces el modelo a seguir es una pareja e hijos. Esa normalización del destino de las niñas es lo que tenemos que ir cambiando», dice la experta.
La normalización de la violencia y los obstáculos legales y sanitarios antes expuestos han impedido que supervivientes como Fátima, quien fue violada por un profesor cercano a su familia cuando tenía 12 años y fue obligada a tener al bebé, puedan conseguir justicia y acceder a un aborto para no convertirse en madres cuando aún son niñas.
«Ha sido un proceso muy difícil porque en mi país el sistema de justicia está muy sucio. Desde que puse la denuncia siempre tuve una respuesta negativa porque ¿cómo una niña iba a estar denunciando a su profesor? Todo surge de la desconfianza que se le tiene a la palabra de una niña porque es niña», explica a Efeminista Fátima.
La joven, que gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales ha logrado rehacer su vida, vivió en carne propia la discriminación que existe en la sociedad guatemalteca y latinoamericana hacia las menores que quedan embarazadas, pese a que fueron víctimas de violencia sexual.
«Cuando utilicé el servicio público de salud, (los médicos) me hicieron comentarios desagradables que atentaban contra mi integridad. Y en el sistema educativo también sufrí bullying. Yo no podía estudiar porque no estaba casada y porque iba a ser madre. Mi familia extensa también me humilló y todo eso hizo que pensara que era mi culpa», recuerda.
Rememora que, además, dentro de la Fiscalía se perdía la evidencia que llevaban sus abogadas y que la información se filtraba para favorecer al agresor, que nunca fue detenido.
«Fue un proceso que me marcó la vida porque a una corta edad tuve que ser madre y no lo pedí. Me costó mucho comprender que (el bebé) era parte de mí, a pesar de que no lo quise desde un inicio. No me gustaría que más niñas pasen por esto y por eso he decidido alzar la voz», afirma.
Su caso, que es el de miles de niñas que atraviesan su misma situación cada año en la región, está ahora ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Los embarazos forzados «rompen los sueños» de las niñas y adolescentes y muchas veces hasta sus vidas, remarca Fátima.
«Muchas de estas niñas y adolescentes que quedan embarazadas toman la decisión de suicidarse, pero no es una decisión individual, es colectiva porque implica ir cerrándoles la posibilidad de llevar a cabo sus propios proyectos de vida», afirma Ana Lucía Ramazzini, investigadora de Flacso Guatemala que lideró un estudio denominado «Vidas silenciadas».
Entre los hallazgos más importantes del informe se encuentra el «continuum de violencia» que sufren las mujeres a lo largo de su vida. «La mayoría de ellas vivió violencia de género con las parejas con las que estuvieron involucradas o con familiares cercanos. Las violan desde los cuñados hasta los padrastros», dice Ramazzini.
No obstante, la ausencia de datos concretos sobre los suicidios de embarazadas ha impedido que se conozca el panorama real. «La ultima información que tuvimos del Ministerio de Salud es que entre 2020 y 2021 hubo 14 casos de muerte materna por suicidio, la misma cantidad de casos que nosotras documentamos en una década, entre 2009 y 2019. Eso quiere decir que esto sigue dándose y no podemos dejar de verlo», agrega la investigadora.
Según el estudio, los embarazos derivados de la violencia sexual provocan ansiedad, desesperación, y la sensación de estar «encerradas sin salida», ante la imposibilidad de poder acceder al aborto.
En Guatemala, la ley permite una interrupción del embarazo por razones terapéuticas, para evitar un riesgo a la vida de la mujer. A pesar de eso, las niñas siguen arriesgando sus vidas con embarazos forzados, sin una respuesta adecuada del Estado.
Mirna Montenegro cree que la situación no va a cambiar en los próximos años ya que, asegura, «los antiderechos han encontrado tierra fértil» en Guatemala.
Un ejemplo de ello, afirma, es su reciente declaración como «Capital Iberoamericana Provida» dentro de un congreso cristiano en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, y la aprobación de una polémica ley denominada «Para la Protección de la Vida y la Familia», que días después fue archivada por el Congreso.
«Era una ley oscurantista que lo que más marcaba era el tema de la intolerancia, el odio, la agresión», señala. La normativa buscaba combatir el aborto al subir las penas para los médicos, mujeres y quienes ofrezcan información y servicios incluso para interrupciones espontáneas y prohibir el matrimonio igualitario.
Pero, aunque ya está archivada, José Ros cree que la sociedad civil «tendrá que mantener la atención y la vigilancia para evitar cualquier retroceso o intento de reactivar» la iniciativa.
«Ahora lo que nos toca es resistir. No habrá avances, pero tampoco retrocesos. Tenemos que seguir con los marcos legales que tenemos y siempre señalando el tema de la prevención y la atención de la violencia y las situaciones que viven las niñas que ponen en riesgo su vida», agrega Montenegro.
