BRAGA
Este proyecto busca cambiar un paradigma instaurado en la cultura médica y en general en la atención de salud que reciben las personas gestantes en el país, al respecto, la abogada del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Chile) y representante de la mesa de parto respetado, Carla Bravo, señaló que aún falta mucho camino, ya que una ley no es la solución a todos los problemas sociales, pero es sin duda un piso necesario. “A diferencia de lo que señalaron algunos parlamentarios, esta es una ley para todas las mujeres y personas gestantes, y es francamente lamentable que se malinterprete su misión. No es ideología de género, es sentido común», puntualizó.
Con 101 votos a favor, 43 en contra y 4 abstenciones, fue aprobado el proyecto de Ley Adriana, que establece derechos para las personas gestantes y sanciona la violencia ginecobstétrica. De esta forma, la iniciativa lanzada en octubre de 2018, tras casi cuatro largos años, pasará al Senado para su próximo trámite parlamentario.
Nacido y trabajado en conjunto con más de una veitena de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Mesa de Parto Respetado, el proyecto busca proteger el proceso de gestación, preparto, parto, postparto, aborto y sanciona la violencia, asegurando los derechos de cuidados a las madres, padres y a los recién nacidos.
En su intervención la diputada y la autora del proyecto Claudia Mix, hizo referencia al reconocimiento de la violencia obstétrica como parte de la violación a los derechos humanos que históricamente han sufrido las mujeres y quienes tienen en su vientre la capacidad de gestar.
“Si bien en las últimas décadas se ha evidenciado una mayor preocupación por la violencia de género, en este caso vemos que las prácticas abusivas persisten en relación a la atención médica (…) que se agudiza cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, quienes mayormente se han visto discriminadas, violentadas, acalladas y no consideradas en las decisiones producto de su posición social y nivel educacional. Lo mismo ocurre con las más jóvenes y adolescentes, quienes acusan en mayor grado ser discriminadas producto de prejuicios patriarcales y el inicio de su actividad sexual”, señaló la diputada Mix.
De hecho, según la OMS, el tiempo mínimo de contacto inmediato piel con piel con el recién nacido tras el nacimiento, es de una hora, sin embargo, en Chile, según la Encuesta de Nacimiento realizada en 2018, se concluye que entre casi 6000 mujeres, menos del 20% tuvo al menos media hora con su bebé tras el parto.
Otra de las autoras del proyecto, la diputada independiente, Erika Olivera, reconoció estar muy satisfecha con este avance y agradeció “a las parlamentarias (os) que en forma transversal aprobaron este proyecto (…) y dar justicia al caso de Adriana Palacios, la joven madre que representa esta ley”. Palacios, fue víctima de violencia y negligencia médica, factores que provocaron que su hija, Trinidad, naciera sin vida.
En tanto, la abogada del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO Chile) y representante de la mesa de parto respetado, Carla Bravo, señaló que «sabemos que aún falta mucho camino, y que una ley no es la solución a todos los problemas sociales, sin embargo, es sin duda un piso necesario. A diferencia de lo que señalaron algunos parlamentarios, esta es una ley para todas las mujeres y personas gestantes, y es francamente lamentable que se malinterprete su misión. No es ideología de género, es sentido común».
Este proyecto busca cambiar un paradigma instaurado en la cultura médica y en general en la atención de salud que reciben las personas gestantes en el país. Aborda desde una perspectiva de derechos el proceso del nacimiento, dando garantías de reparación física y mental a quienes hayan sido víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, incorpora el enfoque de género, Derechos Humanos y salud mental perinatal en la formación de los profesionales de la salud para entregar más herramientas e información a las mujeres y personas gestantes, entre otros aspectos fundamentales para avanzar en esta materia.
