Yo opino
El posible cambio de escenario constitucional en Chile y el efecto que esto tendría en los 3 poderes del Estado es un tema absolutamente importante, y para la comunidad LGBTIQ+ los cambios en materia judicial se hacen aún más necesarios, ya que las circunstancias actuales perpetúan la exclusión social y la violencia sistemática hacia sus integrantes.
La Ley Antidiscriminación es ampliamente criticada por su ineficacia en materia de protección a las diversidades sexuales y de género. Limitada y defectuosa han sido los adjetivos utilizados para describirla. Basta recordar ciertos casos para ejemplificar esta crítica: procesos largos como el de Nicole Saavedra, el que además implicó un alto riesgo para las activistas involucradas (cinco de ellas se mantienen hoy con firma mensual); casos aún sin justicia significativa, como el de Susana Sanhueza y su asesino Cristián Muñoz, un hombre que no pudo aceptar su lesbianismo, acosándola hasta el día de su muerte; y crímenes históricos de impunidad, como el de Mónica Briones, quien a sus 34 años fuera asesinada en Santiago Centro por un hombre desconocido hasta el día hoy.
[cita tipo=»destaque»] Es necesario historizar la infravaloración que ha mantenido a gran parte de la comunidad LGBTIQ+ ajena a la participación ciudadana. [/cita]
Este 2 de agosto, sumamos otro caso de impunidad: se cumplen cinco años del asesinato de Anna Cook. Joven ariqueña, mujer lesbiana, buena amiga y DJ, cuya madre sigue buscando respuestas en torno a lo que pasó esa noche en la que Anna compartió con sus amigos por última vez. Este proceso de obtención de justicia ha sido frustrante y no ha tenido resultados, ha sido un trabajo difícil que se apoya con convicción, pero con muy pocos recursos, y que sigue esperando indicios de lo ocurrido.
La reiteración de este tipo de hechos los transforma en ofensas sociales permanentes, perpetuando la situación de exclusión de la comunidad. Si bien existe una igualdad formal (acceso a matrimonio y ley Zamudio) esta histórica desigualdad real impide el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía.
Porque esta desigualdad se vive de manera cotidiana en los aparatos ideológicos del Estado: en las dificultades que nos encontramos cuando intentamos llevar a cabo el debido proceso al interior del sistema judicial, en la expulsión temprana de la educación secundaria, en la negación de la prestación de un servicio y en el juzgamiento moral de un funcionario público, todas situaciones que impiden el acceso y la participación igualitaria de la comunidad disidente sexual en las instituciones públicas.
Por todo lo anterior, es necesario historizar la infravaloración que ha mantenido a gran parte de la comunidad LGBTIQ+ ajena a la participación ciudadana, para comprender verdaderamente la profundidad de aquello que parece nimio pero que nos separa como ciudadanos.
Formalmente, contamos con una normativa en materia de discriminación y el recientemente aprobado matrimonio igualitario, sin embargo, ¿estos cambios implican algún tipo de avance o transformación en materia de respeto y protección? ¿Hoy podemos decir que judicialmente los procesos de cambio han apuntado a resolver las necesidades de la comunidad LGBTIQ+? ¿Por qué estos crímenes siguen ocurriendo? ¿Cuándo sabremos quién mató a Anna Cook?
