BRAGA
Créditos: Agencia Uno
El artículo 365 del Código Penal fija en 18 años la edad de consentimiento sexual para parejas homosexuales, mientras que para heterosexuales disminuye a 14 años. Esta situación ha sido criticada abiertamente por organizaciones nacionales LGBTQ+, así como por organismos internacionales que lo califican como una forma de discriminación. El objetivo que propone la derogación, más que bajar o subir los años, es igualar la edad de consentimiento sexual entre parejas, independiente de su orientación sexual.
Un nuevo avance en materia de legislativa para las diversidades sexuales se realizó esta semana, ya que la sala del Senado aprobó la derogación del artículo 365 del Código Penal, considerado por diversos movimientos LGBTIQA+ como la última ley homofóbica que rige en Chile.
El proyecto ahora debe pasar a su tercer trámite constitucional y ser votado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Según detallan desde el Movilh el resultado se ve con buenos ojos, ya que anteriormente los legisladores ya han respaldado la derogación.
Concretamente, el artículo 365 fija en 18 años la edad de consentimiento sexual para parejas del mismo sexo, mientras que para heterosexuales disminuye a 14 años. ‘‘Hoy dimos un paso contundente y decisivo hacia la plena igualdad legal, un derecho ya garantizado en la Constitución, pero que históricamente ha sido tan esquivo para las personas LGBTIQA+”, señaló el vocero del Movilh, Rolando Jiménez.
El objetivo que propone la derogación, más que bajar o subir los años, es igualar la edad de consentimiento sexual entre parejas, independiente de su orientación sexual. Cabe señalar, que la existencia del artículo 365 en el país ha llamado la atención distintos organismos internacionales, por ejemplo, desde el Comité de los Derechos del Niño de la ONU lo consideran ‘‘abiertamente discriminatorio’’.
“Al eliminarse esta anacrónica norma, la lucha por la igualdad LGBTIQA+ cierra un ciclo, donde ya nadie nunca más será sancionado por amar, lo cual a su vez se enmarca en otros derechos ya conquistados y que mediante leyes o políticas públicas prohíben o previenen la discriminación por orientación sexual o identidad de género’’ sostuvo Jiménez.
