BRAGA
Créditos: Fotos de Poder Judicial / Agencia Uno
La falta que comete la administración del Poder Judicial, al no implementar las medidas de mitigación obligatorias, estaría habilitando espacios de impunidad al interior de la institución. Según explica la abogada de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, “este es otro caso donde una víctima de acoso sexual y laboral, es abandonada por quien debería protegerla, su empleador, lo que envía una grave señal al resto de las funcionarias del Poder Judicial y a la sociedad, porque demuestra que la institución encargada de administrar justicia, no es capaz de generar espacios seguros».
En agosto de 2020, la Corte de Apelaciones de Rancagua inició un sumario administrativo en contra del juez titular del Juzgado de Garantía de la ciudad, Luis Barría, por tres denuncias de acoso sexual y laboral. Ahora, dos años después, Barría -quien fue juez del caso Caval-, será formalizado por abuso sexual en contra de una funcionaria del Juzgado de Garantía.
Sin embargo, la justicia no está operando con perspectiva de género, y una de las víctimas, quien es magistrada, solicitó no trabajar cerca de quienes -ella señala- como cómplices de Luis Barría, a pesar de que dicha solicitud fue aprobada, la profesional se ha visto obligada a continuar trabajando con quienes protegieron a su acosador, lo que conlleva al incumplimiento del decreto de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
En concreto, el pasado 19 de mayo la Corporación Administrativa del Poder Judicial debía cumplir con medidas de mitigación ordenadas por esta Superintendencia, luego de que la institución acreditara que los actos denunciados (acoso sexual y laboral) que sufrió la magistrada son verdaderos.
La funcionaria se reintegró a su trabajo el día 25 de julio del año 2022, sin embargo, las medidas de mitigación no se cumplieron, por lo que no se hizo efectivo que la separan de sus agresores, por ello, la víctima interpuso en el Juzgado Laboral de Santiago, una denuncia por tutela laboral contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por la vulneración a sus derechos fundamentales, la denuncia fue admitida el viernes pasado.
La superintendencia, en su resolución previa, indicó que los agresores de la víctima debían ser trasladados y cambiados de sus funciones para no tener más contacto con ella. Sin embargo, ellos continúan en sus puestos, a pocos metros de ella, por lo que la víctima ha permanecido en la modalidad de teletrabajo, la cual terminará a finales de septiembre, lo que la obligará a compartir espacio y funciones con sus agresores.
Esta situación se da en paralelo a la formalización del ex juez Barría por los delitos de abuso sexual reiterado contra otras dos funcionarias, el próximo 9 septiembre.
La falta que comete la administración del Poder Judicial, al no implementar las medidas de mitigación obligatorias, estaría habilitando espacios de impunidad al interior de la institución. Según explica la abogada de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, “este es otro caso donde una víctima de acoso sexual y laboral, es abandonada por quien debería protegerla, su empleador, lo que envía una grave señal al resto de las funcionarias del Poder Judicial y a la sociedad, porque demuestra que la institución encargada de administrar justicia, no es capaz de generar espacios seguros».
La abogada agrega que, este procedimiento es declarado como un “caso centinela” por la Suseso, pues fueron varias las funcionarias expuestas al mismo factor de riesgo. «No estaremos dispuestas a que sea la víctima quien deba modificar su puesto laboral y su proyecto de vida”, puntualiza Millán.
Chile ratificó el Convenio N190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la violencia y el acoso en el lugar del trabajo, y estos hechos denunciados, justamente vienen a evidenciar la fragilidad que existe en el ámbito laboral respecto a la prevención y sanción de hechos constitutivos de violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo.
De acuerdo a Millán, la resolución de la superintendencia es clara y llama la atención que, a pesar de la existencia de una Comisión de Prevención de Riesgos Psicosociales, no se estén tomando las medidas necesarias para cuidar la salud integral de una persona que ha sido víctima de acosos en su lugar de trabajo de manera permanente.
Por otro lado, también desde AML transparentan la sorpresa que les genera que el Poder Judicial no esté cumpliendo con las medidas de mitigación que dispuso la ACHS por la enfermedad laboral -que fue acreditada por la Suseso- y que es causada por el acoso. «El incumplimiento lleva aparejado sanciones que deben imponer los ministerios del Trabajo y de Salud, y así, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, también corre el riesgo de sufrir severas sanciones económicas. El problema aquí es grave, porque han pasado meses y a pesar de todo lo que puede ocurrir, aun así no se ha hecho nada”.
Desde la Asociación de Magistradas Chilenas (@MA_CHI), entidad que está asesorando y acompañando a la víctima, se advirtió la inobservancia a la propia reglamentación y obligaciones que el Poder Judicial se ha autoimpuesto para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual dentro de sus espacios de trabajo.
Lo anterior se refleja en el «retardo o inacción en la adopción de medidas oportunas que impidan que tales actos sigan vulnerando a quienes son víctimas o que las protejan adecuadamente». En este caso concreto, y en todos, hacen un llamado a todos los integrantes del Poder Judicial a «comprometerse en la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos, tanto de quienes integran el poder judicial como de aquellos y aquellas que acuden a tribunales exigiendo justicia, orientando su actuar a generar ambientes laborales libres de violencia y discriminación, con especial énfasis en la prevención y atención del acoso sexual” indicó su vicepresidenta, Carola Rivas.
