Yo opino
Créditos: Foto de Agencia Uno
El 30 de septiembre de 2017 muere Joane Florvil en nuestro país; mujer, madre, migrante haitiana y afrodescendiente, debido a la discriminación interseccional, la que se explica en el Derecho Internacional de Derechos Humanos como una diferencia irracional, subjetiva y desproporcionada de trato basada en varias causales de discriminación o exclusión hacia una persona, las cuales ocurren conjuntamente. A 5 años de su fallecimiento recordamos su caso y analizamos las falencias en materia de sexismo, racismo y protección de los Derechos Humanos en Chile.
El 30 de agosto del 2017 Joane Florvil, migrante haitiana de 28 años, fue detenida tras ser acusada de abandonar a su hija, una menor de edad, en una oficina municipal de Lo Prado. Ella acudió al lugar en busca de apoyo para denunciar un robo que había sufrido su marido, sin embargo, no logró comunicarse, siendo su lengua materna el creole, y no habiendo ningún funcionario del municipio que hablara el idioma. Entre las pertenencias robadas se encontraban pasaportes, celular, cédula de identidad y carné del consultorio de su hija. En un momento, Joane deja a su hija junto a un guardia del recinto, para ir en busca de ayuda de un traductor que le brindara apoyo para darse a entender. Luego de esto, la municipalidad presentó una denuncia por abandono de la menor, ante Carabineros. Ese mismo día, en la noche, Joane fue detenida por presunto abandono de la menor.
[cita tipo=»destaque»] Creemos que el Estado de Chile tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los Derechos Humanos, con investigaciones de oficio, exhaustivas, oportunas y competentes, realizadas por órganos independientes, con respeto a la participación de las víctimas y sus familiares. [/cita]
Un mes después, estando aún bajo arresto, Joane fue ingresada al segundo pabellón de aislamiento de la Comisaría y minutos después empezó a darse cabezazos contra el muro y el piso del calabozo entre llantos y gritos de desesperación, sufriendo una grave descompensación. Siendo trasladada a urgencias de la Posta Central, e ingresada al día siguiente a la UCI, para terminar, siendo internada en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde falleció el 30 de septiembre de 2017. Por esto, diversas organizaciones de migrantes y antirracistas eligieron el 30 de septiembre como el Día Nacional Contra el Racismo en Chile, para no olvidar a mujeres como Joane y las víctimas del racismo. Este caso da cuenta de la urgencia que existe en abordar los casos de personas migrantes conforme a factores históricos, sociales y culturales, ya que, no es posible entenderlos sin una mirada interseccional, en los cuales confluyen distintos niveles de discriminación.
La detención de Joane tuvo una gran cobertura mediática, siendo difundida en los medios de comunicación nacional, que se apresuraron en condenarla, dejando en evidencia una conducta racista, centrada en una discriminación multidimensional ejercida hacia una madre, mujer, migrante haitiana y afrodescendiente. Este tipo de comportamientos persisten en nuestra sociedad hasta hoy, siendo el reflejo de un imaginario racista y sexista. La muerte de Joane Florvil es una tragedia que deja en evidencia la violencia, el racismo institucional y la discriminación interseccional que se ejerce en nuestro país, y que opera de la manera más dura con respecto a madres migrantes racializadas, lo que va en contra de los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, los que se han referido a la discriminación interseccional como la que surge cuando hay más de un factor de discriminación o exclusión sobre una persona. Es por esto que parte de hacer justicia es hacer memoria y velar porque el Estado de Chile cumpla con su obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los Derechos Humanos.
Desde el Frente Feminista y Ahora Nosotras, la Unidad de Género de Revolución Democrática, consideramos que las políticas migratorias tienen que tener un enfoque que logre abordar los casos de discriminación y racismo con la complejidad que estos demandan. Porque no son sólo las instituciones, sino que también cómo vamos creando comunidad. Creemos que el Estado de Chile tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los Derechos Humanos, con investigaciones de oficio, exhaustivas, oportunas y competentes, realizadas por órganos independientes, con respeto a la participación de las víctimas y sus familiares.
