BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Como una tensa semana política han sido evaluados estos días, ya que tanto los sectores oficialistas, de oposición y de la sociedad civil no se han quedado indiferentes ante el anuncio realizado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sobre la presentación de un eventual proyecto de aborto libre y seguro. ¿Fue un desacierto de la ministra adelantarse en esta materia? Mientras que para algunos esto supone una provocación y una posición de enfrentamiento que evidentemente afecta los tan anhelados acuerdos constitucionales, para otras las declaraciones significan finalmente un paso firme hacia la consagración de los derechos de las mujeres. No obstante, este anuncio podría considerarse como el primer traspié de Orellana, debido a que, ante las diversas reacciones, la secretaria de Estado tuvo que señalar que por el momento la propuesta del aborto sin causales no es prioridad.
‘‘No es prioridad» o ‘‘este tipo de proyectos son los que generan mayor discusión”. Así fueron las principales reacciones que han surgido a lo largo de una tensa semana política, frente al anuncio, por parte de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, de un eventual proyecto de aborto libre. Si bien para el mundo feminista progresista los dichos de la ministra representan más una reiteración del programa de Gobierno, el momento que usó para plantear el debate fue leído como un desacierto político, porque en lugar una arribar a una posición de poder al plantear el tema, el impulso terminó por afectar el propósito, advierten fuentes que conocen de cerca el trabajo de la ministra en el comité político.
Concretamente, consultada en el programa ‘Tolerancia Cero’, Orellana planteó que desde el Gobierno ya se encontraban trabajando en una propuesta legislativa para permitir el aborto legal y seguro. De hecho, confirmó que el 28 de septiembre se realizaron diálogos con diversas organizaciones civiles sobre el tema.
Sus dichos en minutos se viralizaron y se tomaron la agenda política de todos los sectores. De hecho, desde la oposición catalogaron el anuncio de la secretaria de Estado como una provocación que afectó directamente al actual debate constituyente. Mientras que algunos oficialistas también se mostraron en contra de lo anunciado por Orellana.
“Creo que hay varios temas importantes, especialmente en temas de género, de mujer, de igualdad, de protección, que tienen bastante más urgencia. La agenda de género es mucho más amplia que el aborto”, señaló el senador socialista Alfonso De Urresti.
Desde la vereda académica y civil, se sostiene que la declaración de la ministra de la Mujer no es más que una forma de sostener las promesas que el actual Ejecutivo ha levantado desde su campaña, la de ser un Gobierno feminista.
‘‘En ese sentido no lo veo como un error, pero tampoco como un ‘golpe de mesa’, sino más bien solamente recalcar lo que siempre se ha señalado sobre ser un Gobierno feminista y cumplir con los compromisos programáticos’’, comentó la académica de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, Hillary Hiner.
Una de las mayores críticas al anuncio es que fue realizado durante una semana clave de diálogos relacionados con el acuerdo constituyente. Por ejemplo, desde Chile Vamos aseguraron que la declaración evidentemente causa tensión y provoca un ambiente de enfrentamiento que obstaculiza la disposición a construir pactos.
Por su parte, sectores oficialistas acusan que grupos conservadores utilizan como excusa el anuncio sobre aborto libre para, así, prolongar y obstaculizar los acuerdos que se ha intentado levantar en torno a un nuevo proceso constituyente.
‘‘Yo creo que la derecha está sobrerreaccionando y, además, lo están usando como pretexto para dilatar la discusión constituyente. Eso es lo que está detrás’’, sostuvo el presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.
En esa línea, para la académica de la UDP el aprovechamiento político desde los sectores de oposición es evidente, sobre todo cuando se trata de temáticas históricas levantadas por el movimiento feminista. Hiner sostiene que ‘‘la agenda del Gobierno, y específicamente la agenda del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, no puede y no debe girar en torno a la opinión de esas personas’’.
Según señala la académica, estos sectores ‘‘ya han demostrado ampliamente que no tienen ningún interés en cambiar la Constitución de 1980’’, razón por lo cual no debería entregárseles el peso suficiente.
Asimismo, la integrante de la Coordinadora Feminista 8M, Karina Nohales, manifiesta que “para quienes se oponen a los derechos fundamentales de las mujeres y diversidades sexuales, nunca será el momento oportuno para discutir. Para ellos nuestras vidas siempre aparecen como un asunto secundario, incluso innecesario”.
A pesar de las diversas críticas, desde las organizaciones sociales feministas expresan que este anuncio es una nueva esperanza totalmente pertinente al programa gubernamental y a los estándares internacionales de derechos humanos, pues, con o sin proceso constituyente en funcionamiento, el Gobierno debe darle curso a su agenda, donde se encuentran el aborto y los derechos sexuales y reproductivos, explica la directora ejecutiva de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Danitza Pérez.
En esa misma línea, la integrante de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Siomara Molina, enfatiza que esta declaración es un ejercicio democrático y “una responsabilidad del Estado y de su institucionalidad abrir estos espacios y abordar aquellos temas que, por una parte, están dentro el programa de gobierno, pero que también son materia de derechos humanos. Temas por los cuales organismos internacionales de derechos humanos le han hecho indicaciones al Estado chileno desde hace tiempo.”
Cabe recordar que, en 2016, Amnistía Internacional (AI) entregó al Congreso un documento con 55 mil firmas de apoyo al proyecto de ese entonces y que buscaba despenalizar la interrupción del embarazo. Situación similar ocurrió un año más tarde, cuando la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó al Tribunal Constitucional un informe sobre estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos, la interrupción voluntaria del embarazo.
Por otra parte, la coordinadora del área psicosocial y vocera de Corporación Miles, María Ignacia Veas, manifiesta la importancia de crear estos espacios de conversación con la comunidad, pues el aborto no es un tema de “izquierda o derecha, sino que es un asunto de derechos humanos y de problemáticas que repercuten en toda la población, específicamente en aquellas que tienen que ver con la sexualidad de las mujeres y sus vidas en general”.
Ante todo el remezón político, la ministra Antonia Orellana continúa firme en su anuncio y, aunque recalcó que hasta ahora solamente se trata de un trabajo prelegislativo, y que el proyecto se presentará durante el próximo año, sostuvo que no existe razón en posponer la apertura de conversaciones sobre la temática.
‘‘No hay nada de malo en poner un debate. Mantener las cosas ocultas también divide. Esta es una realidad que afecta a muchas mujeres y por eso es que estamos en una etapa muy preliminar de conversación’’, indicó a la prensa durante esta semana.
Bajo tal contexto, la ministra Orellana anunció que durante este semestre la prioridad de la cartera se centrará en la aprobación de la ley integral de violencia contra las mujeres, la que será discutida en el Congreso Nacional la próxima semana.
El Mostrador Braga trató de comunicarse con la secretaria de Estado respecto al anuncio realizado y la forma en que se implementará el eventual proyecto de ley; sin embargo, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género declararon que no existen mayores novedades aparte de todo lo comunicado hasta ahora.
