BRAGA
Según datos de la CASEN 2017, la mayoría de las madres adolescentes, pertenece a los niveles socioeconómicos más bajos del país. La falta de mejoras en los programas de prevención y erradicación pueden ser un factor fundamental en la disminución de esta brecha, así como la falta de una ley de educación sexual integral.
Según datos del INE en 2009, se registraron 40.702 partos de madres adolescentes. Para 2019, la cifra disminuyó notablemente a 11.977. De ellos, el 97,5% corresponde a jóvenes entre 15 y 19 años, y el 2,5% menores de 15 años.
No obstante, aún quedan muchos obstáculos que enfrentar y políticas públicas necesarias para disminuir en mayor porcentaje la cantidad de embarazos adolescentes en nuestro país. Según datos de la CASEN 2017, la mayoría de estas casi 12 mil madres adolescentes, pertenece a los niveles socioeconómicos más bajos del país (32% en el primer decil v/s 7% en el décimo).
Según el informe “Hablemos de todo” (2019) de Injuv, “las juventudes pueden enfrentarse a obstáculos en relación a su salud sexual y reproductiva, dados por: bajos recursos financieros, estigmatizaciones y discriminaciones, y/o acceso a servicios de baja calidad en temáticas de salud sexual y reproductiva (OMS, 2018). Un ejemplo de cómo estas condicionantes afectan en el plano sexual y reproductivo, generando cambios de trayectorias en los y las jóvenes, está en que la maternidad adolescente tiende a reproducir las inequidades sociales, sanitarias, de género y económicas (Cherry y Dillon, 2014; Azevedo et al., 2012, como se citó en Rodriguez y Ullman, 2019)”.
Dentro del mismo informe, se establece que la mayoría de las jóvenes adolescentes no planea sus embarazos. “La evidencia muestra que en la mayoría de los casos no es así, debido a la vinculación con la pobreza, exclusión social, violencia sexual y de género y el matrimonio o unión precoz. El embarazo adolescente tiende a afectar en mayor medida a las mujeres que ya se encuentran marginadas y en contexto de pobreza, agravado por la falta de acceso a educación sexual integral, a servicios de salud sexual y reproductiva y los medios para conseguir métodos anticonceptivos (OPS et al., 2018)”.
En Chile tanto desde el sector público como privado existen programas sociales con resultados significativos en la reinserción escolar, la continuidad de su formación educacional y la prevención de embarazos precoz así como la disminución en la depresión postparto. Entre ellos, destaca el “Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad” de acompañamiento a la maternidad adolescente del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, implementado en 2011, al que no se le ha dado la continuidad para generar más impacto.
Otros recursos de ayuda son el programa “Adopción – Atención de Mujeres en Conflicto con el Embarazo”, del Ministerio de Justicia en conjunto al Sename. Asimismo, existe el “Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Madres, Padres y Embarazadas Adolescentes”, del Ministerio de Educación en conjunto a Junaeb, así como “Chile Crece Contigo”, del Ministerio de Desarrollo Social, el cual articula las incitativas, prestaciones y programas intersectoriales orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de las niñas y niños hasta los 8 o 9 años de edad.
En esta misma línea, existen protocolos, programas y recursos, así como leyes como la prohibición del matrimonio adolescente, que ayudan a disminuir la tasa de embarazos precoz. No obstante, la falta de promoción, la implementación de una ley de educación sexual integral y la focalización de recursos públicos con alianzas privadas, no están teniendo el impacto necesario en nuestro país.
