BRAGA
Créditos: Agencia Uno
Según señalan desde Aprofa, las cifras de profesionales que se oponen a realizar la interrupción del embarazo en sus distintas causales se fundamentan en la ausencia de capacitación e información hacia el equipo médico. Esta situación claramente tiene repercusiones negativas en las pacientes que desean acceder a la prestación de salud, ya que muchas veces deben trasladarse a recintos hospitalarios más lejanos para concretar la interrupción.
El último informe publicado por Corporación Humanas sobre objeción de conciencia, reveló que al menos un 43% de los obstetras contratados/as en hospitales públicos habilitados para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se opone a efectuar la prestación en la causal violación.
Desde Aprofa, organización que se especializa en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, califican las cifras como preocupantes. Además, indican que es primordial poder capacitar a los profesionales de salud en relación con la objeción de conciencia.
“Si bien hoy en día existen protocolos para asegurar la atención de quienes buscan interrumpir voluntariamente el embarazo en tres causales, falta fortalecer muchos aspectos, entre ellos, una mayor formación de las y los profesionales que realizan las atenciones”, comentan desde la agrupación.
Por otro lado, destacan que las altas cifras de objetores/as contribuyen a barreras que deben enfrentar las pacientes que desean acceder a la Ley IVE. Por ejemplo, que la gestante deba trasladarse a un recinto médico más lejano, debido a que su hospital más cercano no cuenta con profesionales que lleven a cabo la prestación.
Según el informe, uno de los recintos con las cifras más altas es el Hospital Sotero del Río de Puente Alto, un 85,7% de los médicos obstetras es objetor en la causal de violación, un 66,7% en inviabilidad fetal y un 47,6% en riesgo vital de la madre.
“Existe un desconocimiento general respecto a quién y en qué momento hacer uso de la objeción de conciencia, habiendo profesionales que hacen uso de esta, sin estar considerados dentro de la nómina de personas que pueden proclamarse como objetores/as”, dice Aprofa.
En la misma línea, indican que “la implementación de la Ley ha estado marcada por diferentes barreras administrativas y de ejecución, que han impedido que las personas gestantes puedan ejercer su derecho”.
Otros de los datos entregados por Corporación Humanas, indican que de 1.338 obstetras contratados/as en hospitales públicos habilitados para realizar una interrupción del embarazo, 576 profesionales se acogen a objeción si la causal invocada por la mujer o niña afectada es el embarazo producto de violación, 309 en caso de inviabilidad fetal y 205 frente a la causal riesgo vital (15,3%).
‘‘El Estado de Chile sigue al debe en su obligación de garantizar a lo largo de todo el territorio nacional el acceso al aborto en condiciones seguras en las causales que establece la ley, particularmente cuando los embarazos son consecuencia de una violación’’, subraya Humanas en el informe.
Para conocer más sobre las implicancias de la Ley Nº 21.030 y sobre derechos reproductivos en general, Aprofa cuenta con una página web para solicitar orientación en materia de salud sexual.
La plataforma tiene como objetivo acompañar las decisiones de las consultantes, siempre desde el enfoque de derechos y con base en información libre de prejuicios y sesgo.
La plataforma también posee un centro de salud donde los y las profesionales acompañan a las usuarias con información dentro del marco legal, para resolver dudas ante una sospecha de embarazo, o para interrumpir la gestación por la Ley N°21.030 o continuar con el proceso.
