Yo opino
Créditos: Agencia Uno
En enero pasado, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género dio a conocer los resultados del sondeo sobre derechos sexuales y reproductivos efectuado por Corporación Humanas. Se conversó mucho sobre temas que aún son considerados polémicos, como el aborto. También de temas emergentes que tienden a naturalizarse, como la diversidad sexogenérica. Pero el tema que más me resonó fue el apoyo, de más del 90%, a legislar sobre la educación sexual integral.
[cita tipo=”destaque”] Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y, como tal, el Estado debe velar porque reciban la educación sexual que necesitan. [/cita]
La ley de Educación Sexual Integral es una deuda que tenemos con la infancia y adolescencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque la evidencia internacional muestra que cuando esta se instaura se posterga la edad de inicio sexual y se utilizan más métodos de prevención de las consecuencias del sexo desprotegido, con la consecuente disminución de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. También hay evidencia que sugiere que disminuye el abuso sexual infantil y que mejora el ambiente escolar para niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la diversidad sexogenérica.
Con todo lo anterior, solo cabe preguntarse, ¿qué nos impide llegar a acuerdos que permitan legislar respecto a la educación sexual, que es legislar para proteger a quienes son nuestros hijos, hijas, y el presente y futuro de Chile? La respuesta es simple: nos centramos en lo que nos divide, en vez de buscar los espacios de convergencia.
Todos, creo, estamos de acuerdo en que queremos niños y niñas más protegidos. Que conozcan su cuerpo y sus procesos fisiológicos. Que sepan identificar y actuar frente a conductas inadecuadas y abusivas por parte de un/a adulto/a. Adolescentes que tengan elementos y espacios de reflexión y que (llegado el momento) decidan de manera consciente iniciar su actividad sexual y usen formas de cuidado para evitar gestaciones y contagios. Adultos con capacidad de vivir una sexualidad plena y segura.
¿Y dónde están los desacuerdos? Principalmente en que hay quienes consideran que la ley de educación sexual integral atenta contra el derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza. Si bien en una primera lectura esto podría representar un problema, al profundizar es fácil notar que no hay tal conflicto. ¿Por qué? Porque las experiencias internacionales exitosas, que son las que se pretenden replicar, son claras en decir que el conocimiento a impartir en los establecimientos educacionales es el saber científico, dejando las implicancias valóricas de la sexualidad para ser tratadas en el hogar, según la religión, cosmovisión o principios de cada familia.
Niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y, como tal, el Estado debe velar porque reciban la educación sexual que necesitan. Por otra parte, padres, madres y cuidadores tenemos el derecho y el deber de educar en valores, según nuestra particular cosmovisión. Ambas cosas son no solo compatibles, sino que van en directo beneficio de quienes más queremos y deseamos proteger.
