Yo opino
Créditos: Agencia Uno
La reciente entrada en vigor de la Ley 21.523, a la que comúnmente se le denomina Ley Antonia, que sanciona la inducción al suicidio y el suicidio femicida ha generado críticas tildándola de populista e ineficaz. Sin embargo, no podemos pasar por alto el avance que constituye para evitar la victimización secundaria que sufren las víctimas más vulnerables en el proceso penal.
[cita tipo=”destaque”] Esta ley protege especialmente a mujeres y niñas que, siendo víctimas de graves delitos en contra de su indemnidad sexual, no lo denuncian por temor a ser estigmatizadas, al trato que reciben por parte de los encargados de investigar dichos delitos o las reiteradas declaraciones que deben prestar durante el proceso y su confrontación con el acusado.[/cita]
En efecto, esta ley protege especialmente a mujeres y niñas que, siendo víctimas de graves delitos en contra de su indemnidad sexual, no lo denuncian por temor a ser estigmatizadas, al trato que reciben por parte de los encargados de investigar dichos delitos o las reiteradas declaraciones que deben prestar durante el proceso y su confrontación con el acusado. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el impacto que provoca este tipo de delitos es mayor aún, provocando secuelas a corto y largo plazo, a lo que se suma que durante el proceso la víctima se siente expropiada de este, como ajena al procedimiento, sin protección y como un objeto o instrumento en el transcurso del juicio.
De lo anterior se desprende la importancia de que antes, durante y después del juicio se adopten medidas específicas para proteger a las víctimas de estos delitos, tales como las que dispone la referida ley, que entre otras medidas contempla la representación judicial, obtener respuesta oportuna, efectiva y justificada de sus solicitudes, investigación intersectorial con perspectiva de género, participación en el proceso y protección específica para evitar su victimización secundaria, lo que constituye un gran avance para víctimas de delitos tan graves.
