BRAGA
A propósito de la crisis de seguridad; las cifras demuestran que los delitos de violencia contra la mujer (no solo el femicidio) son de los más altos dentro de las estadísticas de nuestro país. Teniendo en cuenta que en este tipo de crímenes existe una gran cifra negra —lo que no se registra— las denuncias por abuso y otros delitos sexuales fueron de 18.510 en 2022, la violencia intrafamiliar hacia mujer llegó a 108.744 para el mismo año y las violaciones a 4.873 casos. Y si bien existen planes y campañas por parte de la autoridad, la especialista señala que “los delitos sexuales revisten una alta complejidad que no se resuelve con solo aumentar las penas. La violencia contra la mujer es de carácter estructural y tiene su origen en causas culturales y sociales relacionadas con las desiguales relaciones de género”.
Hace un mes el gobierno inició el Plan Calles Sin Violencia, que tiene como eje central disminuir los homicidios, para golpear al crimen organizado. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible reconocer la perspectiva de género en dicho Plan. Y no es un tema menor, dado que en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC (INE), los delitos con mayores denuncias son los que van en contra de las mujeres. De hecho, el mayor registro corresponde a violencia contra la mujer: 108.744 (2022), seguido por robo con violencia: 78.568 (2022). Dentro de las estadísticas las violaciones pasaron de 4.351 en 2021 a 4.873 en 2022. Y hay que tener en cuenta que en estos crímenes suele haber una gran cifra negra por falta de denuncia.
“Los planes de prevención situacional del delito deberían incorporar una mirada coordinada intersectorialmente que incorpore el enfoque de género en la gestión del espacio público sea iluminación, transporte, etc. Por tanto, si se aplicaran para todo el país, se requiere de un importante aumento de los recursos y su traspaso a los gobiernos locales”, señala Elena Salum, Coordinadora del Observatorio Desigualdades y Políticas Públicas, de la Escuela Trabajo Social Universidad de Valparaíso.
La especialista señala que los gobiernos, en general han realizado diagnósticos a través de encuestas y ampliando la oferta pública a las mujeres víctimas de violencia sexual: “por ejemplo, el ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha aumentado los actuales centros de atención de víctimas sobrevivientes de violencia sexual ubicados en regiones cuya finalidad es proporcionar apoyo profesional especializado (psiquiatría) a mujeres que han sido afectadas por violencia sexual. Por su parte, tanto las policías como el Ministerio Público han desarrollado un trabajo de perfeccionamiento de sus procesos, existen protocolos de actuación según los niveles de riesgo”.
Sin embargo, esto está muy lejos de ser suficiente. La misma académica señala que se requiere profundizar en una política pública que aglutine los esfuerzos de las distintas instituciones que trabajan en el tema, “para asegurar respuesta oportuna, exigibilidad de los derechos, proporcionar contención, apoyo profesional especializado, orientación y articulación de la derivación a las redes de apoyo del sistema”.
En el caso del femicidio “es necesario profundizar los esfuerzos para abordar las consecuencias de este delito en el entorno familiar y social de las víctimas, ya sea que se produzca en carácter de delito frustrado o consumado”, agrega la doctora Salum.
La pandemia de COVID-19 trajo como efectos colaterales aumento del estrés, problemas de salud mental y un alza en conflictos en la convivencia familiar y social. Lo que se tradujo en un incremento de denuncias de delitos, en especial de violencia intrafamiliar que creció en un 17%, según datos del Poder Judicial. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, el año 2022 la tasa de violaciones fue de 2.2 por cada 100.000 mujeres. La territorialización del delito en 2022 es la siguiente: Región de Arica y Parinacota con una tasa de 4.7; Región de Magallanes con una tasa de 3.3; Región de Los Ríos con una tasa de 2.9; Región de Coquimbo con una tasa de 2.7; regiones de Valparaíso y Los Lagos con una tasa de 2.5 respectivamente; RM y Región de Bío Bío con tasa de 2.1 respectivamente y finalmente, la Región de Tarapacá con una tasa de 2.0.
Las cifras sobre violación se encuentran disponibles a partir del año 2005. En el período 2005-2009 la ocurrencia del delito exhibe una tendencia al alza, aumentando desde 2.704 casos a un total de 3.403 casos en 2009. “Los años con mayor cantidad de delitos son: 2011 con 3.590 casos; 2018 con 3.509 casos; 2019 con 4.113 casos y finalmente se aprecia un alza importante los años 2021 con 4.349 casos y 2022 con 4.873 casos, respectivamente. La totalidad del período analizado, que corresponde a 17 años, da cuenta de un total de 60.499 violaciones y una evolución del delito, que en términos generales va en aumento, especialmente una vez finalizado el confinamiento sanitario por la pandemia”, señala Salum.
Es importante destacar que del total de delitos de mayor connotación social un 67.4% no fue denunciado. O sea, hay una importante cifra negra.
El abordaje de los femicidios es un tema que preocupa a los gobiernos. El estándar de la debida diligencia establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (OEA, 1994), es fundamental para comprender la obligación del Estado en términos de proteger, promover y garantizar la exigibilidad del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
Chile ha avanzado, en los últimos 12 años, en el combate y prevención del femicidio, partiendo por la tipificación del delito a través de la Ley N°20.480 (14 de diciembre de 2010) que modificó el Código Penal y la Ley N.º 20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables y reformando las normas sobre parricidio. También se creó el Circuito Intersectorial del Femicidio (CIF); que articula una respuesta oportuna, coordinada y especializada para este delito. “Esta iniciativa es interesante porque cuenta con un sistema de registro y generación de información integrada intersectorialmente lo que facilita el procedimiento y además, porque instala el proceso de descentralización de los CIF a nivel regional a partir del año 2016 facilitando el acceso a la justicia”, señala Elena Salum.
La especialista destaca además el Programa de Apoyo a Víctimas del ministerio del Interior que prioriza los delitos de femicidio, violación en mayores de 14 años y abuso sexual calificado. “El abordaje de estos dos últimos se realiza cuando ocurren en un contexto extrafamiliar. Esto revela la falta de una mirada ecosistémica en la intervención y mejorar la focalización en los agresores/as”.
Sin embargo, la académica advierte que las penas no son la solución.
“Se reconoce el intento de respuesta, pero no es suficiente porque no van de acuerdo a la complejidad del problema. Ejemplo de esto es la Ley N° 21.212 promulgada el 4 de marzo de 2020, más conocida como “Ley Gabriela” que modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal estableciendo penas sustitutivas que implican cumplimiento de la pena de manera sucedánea, sin embargo, para el victimario éste no es un factor a considerar para desistir de su intención. De hecho, en 2022 la tasa de femicidios fue de 0.44 por cada 100.000 mujeres y en términos de frecuencia, históricamente en Chile se producen en promedio alrededor de 50 femicidios anuales”.
Agrega que la violencia contra la mujer es de carácter estructural y tiene su origen en causas culturales y sociales relacionadas con las desiguales relaciones de género. Y eso no persuade a un agresor. Muchas veces incluso se quitan la vida, después de matar a su mujer. “Es la sociedad chilena que, en su conjunto, debe asumir un rol protagónico en la transformación de los estereotipos de género y modificación de los patrones culturales que permita avanzar en la incorporación de una visión y comportamiento colectivo que sea contrario al ejercicio de la violencia contra la mujer”.
—¿Por qué la estadística a subido en la violencia sexual?
—Analizado el incremento del delito especialmente entre los años 2021 y 2022 no se puede elaborar una conclusión tajante al respecto, sin embargo es posible plantear al menos tres posibles causales: en primer lugar, a partir de la pandemia se están generalizando las conductas violentas contra la mujer tanto en el ámbito privado como público, situación que es altamente preocupante; en segundo lugar, menos tolerancia a los actos de vulneración de derechos de la mujer, lo que hace que se visibilicen estas conductas y se denuncie más; y en tercer lugar, por el perfeccionamiento de la oferta pública de los sistemas de denuncias y la articulación intersectorial para su abordaje.
—Se habla de crisis de seguridad, pero estas cifras son más altas de que las de otros delitos. ¿Cómo se puede avanzar?
—En Chile en materia de delitos de violencia sexual la respuesta está canalizada por la vía jurídica. Ahora bien en materia de política pública frente al femicidio se estima necesario proseguir los esfuerzos por cuatro vías: primero, centralizar los esfuerzos en la educación como la estrategia para una sociedad libre de violencia contra la mujer; en segundo lugar, continuar avanzando en el perfeccionamiento de los abordajes institucionales coordinados intersectorialmente como es el CIF y la evaluación permanente de su diseño, financiamiento y gestión; en tercer lugar, la realización de programas de prevención a nivel socio familiar y socio comunitario en los territorios para fomentar conocimientos de los derechos de las mujeres, incentivar las denuncias para reducir la brecha de la cifra negra; y en cuarto lugar, la medición de indicadores de prevalencia de la violencia a través de encuestas que tengan por finalidad medir la violencia basada en género de distintos tipos. Todo lo anterior con la finalidad de generar un cambio sociocultural en el país en relación a la violencia hacia la mujer.
Pero lo más importante, explica Elena Salum, es que estamos llegando tarde. Estamos hablando de cifras de delitos, de mujeres que ya fueron violentadas o están muertas.
“Falta profundizar en la estrategia preventiva de la violencia sexual ya que la respuesta estatal se produce una vez ocurrido el delito. Para esto es fundamental el reconocimiento exhaustivo de los factores de riesgo en la elaboración de estrategias y programas con el fin de perfeccionarlos y orientar las políticas de prevención”.
