BRAGA
Esta semana se conocieron las cifras de la Superintendencia de Educación en relación denuncias por discriminación de identidad y/o expresión de género u orientación sexual y por situaciones de connotación sexual, al interior o exterior de centros educativos: aumentaron en un 93% entre 2018 y 2022. Desde el Movilh anunciaron que sólo entre 2021 y 2022 esta cifra aumentó en un 333% y señalaron que el Estado no suele sistematizar esta información anualmente, a diferencia de la organización. “Recibimos más denuncias que el propio Mineduc”, indicaron. Cómo contribuir a la erradicación de estas situaciones y la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) en estos casos.
Un total de 627 denuncias en 2018; 676 en 2019; 149 en 2020 y 128 en 2021 (dado el cierre de establecimientos) y 1.213 en 2022 es el total de requerimientos que recibió la Superintendencia de Educación por casos de “Discriminación por identidad de género”, “Discriminación por orientación sexual” y “Discriminación por género”, categoría creada en octubre de 2021.
Según explicó el estudio la Unidad de Estadísticas y Estudios de la Superintendencia, la mayor parte de las denuncias por identidad de género fueron por situaciones de acoso/bullying, exclusión de espacios y actividades, no garantizar accesibilidad de espacios y otros motivos similares.
El Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), que cuantifica los casos de discriminación de manera anual desde 2002, sostuvo que las cifras estatales distan con notoriedad de las recogidas por el espacio en primer lugar, porque apoderados, estudiantes o docentes LGBTIQ+ “en muchas ocasiones consideran que el Estado es burocrático o estiman que denunciar ante el mismo no tendrá efectos concretos”.
“Hay desconfianza, y lo mismo ocurre en otros planos, como las discriminaciones laborales, familiares o en espacios públicos; en parte por lo anterior, las personas en algunas ocasiones buscan resolver su problema mediante mediaciones más rápidas; sin papeleos o demoras excesivas que provocan revictimización y el Movilh garantiza ello resolviendo en muchas ocasiones los casos en contacto directo con colegios o municipios y se acompaña con asesoría psicológica gratuita inmediata, si es que el/la denunciante lo requiere”, subrayaron desde el espacio a El Mostrador Braga.
Otro de los motivos que atribuye el Movilh a la diferencia de denuncias de ambos espacios, es que las personas perciben que los movimientos LGBTIQA+ “tienen más conocimientos, sensibilidad y empatía frente a sus problemas, además de garantizar mayor confidencialidad”. Además, sostuvieron que los funcionarios/a estatales “en general carecen de conocimientos en temas LGBTIQ+ y en otras ocasiones no entienden los alcances o como se expresa la discriminación”.
Entre 2021 y 2022, la agrupación registró un 333% más de denuncias por casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género en los establecimientos educacionales y consideran que, uno de los motivos que pudo contribuir a un mayor número de denuncias, fue la presencia del primer ministro abiertamente homosexual en el Ministerio de Educación: Marco Ávila.
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A la par, el presidente Gabriel Boric implementó la Política de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral con orientaciones para la inclusión de estudiantes LGTBIQA+ (lesbianas, gays, transgénero, bisexuales, intragénero, queer, asexuales y otras orientaciones) que apuntan a prevenir el maltrato y la interrupción de las trayectorias educativas, así como crear espacios seguros dentro y fuera del aula. Sumada a las Jornadas de Educación No Sexista, el gobierno quiere avanzar un paso más allá: la Educación Sexual Integral (ESI).
Para la académica de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad Diego Portales (UDP), María Alicia Otaegui, las denuncias por discriminación aumentaron en los últimos años por múltiples motivos.
“Las problemáticas sociales levantadas durante el estallido y la pandemia del COVID-19 impactaron directamente en el bienestar integral de las personas, particularmente de los grupos más vulnerados y discriminados como son la comunidad LGTBIQ+ y, a raíz de esto, los distintos movimientos sociales y las distintas factorías políticas en pro de los derechos de la incidencia tomaron mucho más fuerza en el discurso público y comenzaron a visibilizar mucho más las distintas situaciones de discriminación y violencia que vive esta comunidad”, explicó.
A su juicio, el poder poner en la mesa discusión y visibilizar las temáticas de género permite que los tipos de violencia que asisten, ahora tengan un nombre y un apellido, a diferencia de antes, que se hablaba de términos genéricos como bullying: “Esto ha generado la conformación de más protocolos específicos de discriminación y violencia, lo cual es muy bueno”, agregó la académica. Sin embargo, todavía identifica un problema con los modos de acoger y dar una respuesta ante estas situaciones “porque no basta sólo sólo con visibilizarlas”.
– ¿De qué manera, a través de qué mecanismos o herramientas existentes o a crear se podría contribuir a la erradicación de situaciones de discriminación en los colegios?
-Las comunidades educativas están compuestas por diversos actores y actrices que juegan un rol fundamental en la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. Personalmente, creo que es importante trabajar con cada uno de ellos, trabajar las situaciones de discriminación y violencia, también desde distintas aristas.
Desde un contexto familiar, un contexto sociocultural y un contexto institucional que también incluya el aula en específico. Como docentes y educadores debemos ser aliados y debemos acabar con la discriminación y violencia que han sido sometidas y sometidos históricamente las personas de la comunidad LGTQAI+.
También es importante destacar que como docente somos garantes de derechos. Por lo tanto, hay varias acciones que desde nuestra ética profesional debemos hacer podemos hacer. Desde el nivel institucional, algunas de las acciones para erradicar las situaciones de discriminación en los colegios pueden ser, por ejemplo, reforzar las normativas legales que ya existen y las sanciones hacia los y las agresores revisar los protocolos que ya tienen, adecuarlos a cada uno de los contextos y actualizarlos, saber cuáles son los mecanismos de denuncias específicos que existen, cuánto tiempo deben demorar, etcétera.
Respecto a los protocolos actuales, como, por ejemplo, las orientaciones ministeriales que es super importante bajarlas a las comunidades educativas, explicarlas y reflexionar en torno a ellas para que las y los docentes también sepan cuáles son los protocolos de denuncia y cuál es el rol ético que tenemos desde la garantía de derecho de la niña y los niños.
Respecto a los contextos familiares, creo que también es súper importante hacer partícipe a las familias de las discusiones y las reflexiones, es decir, fomentar espacios democráticos basados en el respeto de los derechos de todas las personas, ¿verdad? Y generar una reflexión sobre nuestras propias prácticas y sobre las prácticas familiares específicas que ocurren.
– ¿Qué impacto podría tener la implementación de una política educativa de Educación Sexual Integral (ESI) en este sentido?
-La educación integral de la sexualidad contribuye a la eliminación de mitos, prejuicios y estereotipos sobre la sexualidad. El impacto que podría tener la implementación de una política educativa en este sentido, en el respeto a las identidades, es muy positivo. La evidencia muestra que el estudiantado, que no se ajusta las normativas de género binarias en las comunidades de educación, es decir, el estudiantado que es parte de la comunidad del LGBTQAI+ más es más vulnerable a la violencia de la discriminación en las escuelas. De hecho, la OMS plantea que cada año, doscientos cuarenta y seis millones de niños y niñas, se ven sometidas a alguna forma de violencia de género incluidos el maltrato, el acoso, el abuso psicológico y el hostigamiento sexual en los espacios educativos, o bien cuando se dirigen a estos sea, en el camino hacia la escuela.
La educación integral de la sexualidad contribuye a la igualdad de género puesto que genera conciencia respecto a las diversidades presentes hoy en día en nuestras comunidades, ya que examina las normas de género determinadas por las diferencias y las similitudes culturales, sociales y biológicas, fomenta la creación de relaciones respetuosas e igualitarias que se basan en la empatía y en el entendimiento.
Por tanto, si educamos en sexualidad desde un enfoque integral, estaríamos integrando una perspectiva de género en el currículum que le permitiría a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes tomar decisiones informadas acerca de su sexualidad y de sus relaciones de una manera libre y responsable.
En resumen, una ley ofrecería la oportunidad de incluir en los espacios educativos discusiones continuas sobre cómo los factores sociales y culturales con los que vivimos y que son relativos a las relaciones y a la vulnerabilidad impactan directamente en las desigualdades de género, en la orientación sexual y en la identidad de género, de las niñas, niños, niños, jóvenes y adolescentes de nuestras comunidades.
