BRAGA
Durante las últimas semanas, la prensa ha comentado el difícil momento que está viviendo la actriz María Elena Swett, quien desde hace más de 5 meses no ha podido ver a su hijo luego de llevarlo a Estados Unidos para visitar a su padre para las fiestas. Pese a que el acuerdo era que el hijo retornara tras las vacaciones, el padre no cumplió su parte del compromiso. Lamentablemente, esta separación forzosa de la actriz con su hijo no es un hecho aislado en Chile.
Hacia fines del año pasado, vimos por redes sociales la campaña #NoEstamosTodasFaltaMirnita, que surgió a propósito del caso de una pequeña de 8 años que fue abducida forzosamente fuera de Chile durante 3 meses por su padre.
En enero de este año se detuvo a Jorge Carvajal González, quien había sacado a la niña del país tras una visita autorizada por Tribunales de Familia de Peumo en octubre de 2022, pese a que la madre y el “Programa de cuidado y protección de derechos infantiles” de la misma comuna habían informado a la justicia las incapacidades del hombre para cuidar de su hija, además de sus antecedentes de violencia intrafamiliar y de salud mental.
El retorno de la niña a su hogar se debió en gran medida a la campaña mediática que realizó la madre y seres queridos de la niña, a su insistencia por conseguir intermediación parlamentaria y a que el padre agresor pudo ser detenido en suelo nacional, al intentar ingresar por el Paso Los Libertadores.
Este caso es solo una muestra reciente de lo que ocurre normalmente en los procesos de “protección”, en los cuales usualmente el Estado abandona, expone y revictimiza a niños, niñas y adolescentes, operando bajo un sesgo discriminatorio sustentado en la cultura machista. Pese a que, en doctrina jurídica, se conoce como secuestro parental el hecho de un hijo/a que no es regresado a la fecha convenida sin consentimiento de la otra parte y sin intención de devolverlo a su hogar.
Cuando las madres denuncian estos hechos, son cuestionadas por el sistema judicial. Esto sucede porque está normalizada la idea de que la niña o niño no se encuentra en riesgo, debido a que estaría “al cuidado” de su otro progenitor o familia, sin importar que el progenitor haya sido señalado por la madre o por el propio hijo o hija como un agresor. Incluso en los procesos judiciales en general no se les cree a las niñeces, adolescencias y maternidades cuando denuncian violencia intrafamiliar y los riesgos a los cuales se exponen los niños y niñas al vincularse o relacionarse con sus padres agresores. Por el contrario, la mayoría de las veces se toman decisiones priorizando el presunto derecho del padre a relacionarse con sus hijos/as, por sobre la seguridad de la díada madre-hijo/a.
En la Agrupación Maternajes Judicializados somos muchas las madres quienes día a día enfrentamos este tipo de violencias institucionales. Nuestro caso impulsor es el movimiento #QueArumaVuelvaACasa, que desde el año 2017 busca la justicia por el secuestro parental de una lactante que a los 6 meses de edad fue separada de los brazos de su madre por la familia paterna. Hasta la fecha, la red familiar del progenitor ha realizado todo tipo de acciones para obstaculizar el contacto de la hija con su madre, sometiéndolas a un sinfín de procesos y prácticas judiciales discriminatorias por parte de los Tribunales de Familia de Chile, situación por la cual en 2018 se demandó al Estado chileno ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Casos de secuestro parental de NNA son a nivel nacional e internacional y Estado hasta el momento no ha mostrado interés en revertir esta situación, faltando a los principios y garantías fundamentales de proteger a niños, niñas y adolescentes, pues no previene estas situaciones y cuando suceden no las detiene a tiempo, obligando a las madres a peregrinajes judiciales que puede llegar a más de 6 años y estos pueden a durar muchos más, si es que estas no cuentan con los recursos para pagar abogados/as particulares especialistas en el tema o simplemente resignarse ante todos los obstáculos que se presentan.
Como agrupación esperamos que el Estado Chileno, promueva una pronta incorporación de la perspectiva de género con enfoque interseccional, en todos los tribunales chilenos (penales y civiles) para que madres, hijos e hijas puedan realmente estar protegidos y no tengan que someterse al trauma emocional que implica una separación forzosa de la díada madre-hijo/a, como la que ha sufrido recientemente Mane Swett.
