BRAGA
Todo partió el martes 30 de mayo cuando la publicación de una información sacada de contexto en un medio de comunicación de circulación nacional, alertó a las y los apoderados sobre contenidos de educación sexual que correspondían a 2017. Ese mismo día, la diputada de la bancada cristiana del congreso; Sara Concha, confirmó el ingreso de la acusación constitucional que, sumada a otros hechos, dio como resultado un debate que se dirime este miércoles 12 de julio: entre las acusaciones de “homofobia” y de promoción de la “ideología de género”, una arremetida que podría destituir e inhabilitar al ministro Marco Ávila. El proceso resumido en cuatro momentos.
“Guía del Mineduc sobre ‘sexualidad afectiva’ provoca molestia entre padres y apoderados” fue el titular que puso al centro de la atención mediática al ministro Marco Antonio Ávila, primer profesor abiertamente homosexual en asumir la cartera en la historia del país.
La nota, publicada el 30 de abril en la portada de El Mercurio plantea en su primer párrafo la “profunda inquietud” en padres y apoderados respecto de cuadernos entregados por Junaeb a los escolares y cita a tres apoderadas, referentes de los ranking de personas homofóbicas y transfobicas del Movilh: la presidenta de la Confederación de padres y apoderados CONFEPA; Erika Muñoz, y la presidenta del movimiento Con mis hijos no te metas; Ingrid Bohn, además de la presidenta de Fundación Escuelas Abiertas; María Teresa Romero.
Pese a que la misma publicación del periódico reconoce que la guía de “Orientaciones para la inclusión de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en el sistema educativo chileno” fue modificada por el actual ministerio en 2023, la nota publica algunas de las actividades que fueron recomendadas en 2017, bajo el gobierno de Michelle Bachelet.
En aquella ocasión, agrupaciones LGBTQAI+ respaldaron la gestión del Ministerio de Educación y la publicación de la guía: “Los apoderados que critican el texto del Mineduc no representan a la comunidad educativa y son las mismas tres que han figurado en distintas ocasiones en el Ranking Anual de la Homo/Transfobia por señalar, entre otras cosas, que el matrimonio igualitario destruiría la familia y a la sociedad”, señalaron esa vez desde el Movilh.
“Hoy vuelven a hacer lo mismo: se trata del mismo grupo de apoderados que ha asistido en diversas ocasiones al Congreso Nacional a oponerse a todas las leyes pro-derechos LGBTIQ+ (…) Por tanto, la motivación homo/transfóbica es clara”, agregaron.
Más tarde, el 7 de junio una noticia de otro conocido medio de comunicación nacional informó sobre un “procedimiento de salud sexual” en niños y niñas de un colegio de Talcahuano, realizado sin el consentimiento de sus madres y padres, que “incluyó tocaciones” y generó indignación en apoderados y la sociedad en su conjunto. Rápidamente las críticas se volcaron al Ministerio de Educación (MINEDUC), y el Ministro Marco Ávila calificó el hecho como “gravísimo” y constitutivo de “un delito”, por lo cual se inició una investigación inmediata desde la Superintendencia de Educación.
En la misma instancia, los dardos apuntaron otra vez sobre el ministro Ávila, pese a que el procedimiento (aún en investigación) se realizó en un colegio que depende de la Municipalidad de Talcahuano, es decir, se llevó a cabo en el marco de actividades ejecutadas a nivel municipal.
Sobre este hecho nuevamente recayó el debate sobre la Educación Sexual Integral, uno de los ejes principales que se propuso tramitar y despachar en forma de ley el ministro Ávila en febrero de 2023.
“Esto ya pasó todos los límites Ministro Marco Antonio Ávila!! Este es el resultado de sus jornadas No Sexistas y su famosa #ESI, ¿Qué dirá ahora? No puede ser que un operativo médico en un colegio termine con Niños Llorando (…) “#FueraAvila”, indicaron desde el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, reconocida agrupación antiaborto, antidiversidad y antiderechos.
“(lo que sucedió en Talcahuano) Es un delito gravísimo que debe ser percibido como tal (…) no se debe confundir con la educación sexual, que busca prevenir este tipo de situaciones para que los niños y niñas no vean vulnerados sus derechos”, explicó ante el suceso la diputada Emilia Schneider.
“Esto no tiene nada que ver con la educación sexual, en Chile no hay una política de educación sexual integral, y es fundamental que distingamos esto de una política que busca proteger a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país”, añadió.
Esa misma semana, los 19 legisladores de Renovación Nacional (RN) anunciaron el apoyo a la acusación constitucional iniciada por el Partido Social Cristiano (PSC) y acusaron al ministro de educación de llevar adelante “una agenda sobre ideologizada, tratando de imponer una agenda sexualizada y saltarse a los padres en su derecho preferente de educación a nuestros niños”. Lo mismo ocurrió con la bancada de diputados de Unión Demócrata Independiente (UDI), que sumó su apoyo en contra de la impulsión de lo que llaman “ideología de género”, promovida desde el ministerio.
Finalmente y luego de la mediatización del proceso anterior, el 19 de junio la oposición cristiana presentó la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, por “jornadas de educación no sexista”. Un libelo de siete capítulos presentado por las diputadas del PSC; Sara Concha y Francesca Muñoz, contó con once firmas y el apoyo de la mayoría de las bancadas opositoras.
Los ejes del texto apuntan al “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos” en materias relativas a educación sexual y de género, así como a la “ineficiencia” en generar políticas que enfrenten la deserción escolar, los resultados del SIMCE y la violencia en las aulas, entre otros puntos.
“Tenemos la convicción que el ministro de Educación está en una situación de inejecución de leyes importantes para el país que se están traduciendo en seguir profundizando la crisis educativa en la que está el país”, acusó el diputado RN Diego Schalper en la instancia.
La comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra del ministro de Educación recomendó rechazar la procedencia del libelo. La instancia definió el rechazo por tres votos en contra, de los diputados Tomás Hirsch (PAH), Juan Santana (PS) y Héctor Ulloa (IND). Votaron a favor los legisladores Miguel Ángel Becker (RN) y Gloria Naveillan (IND).
Este miércoles 12 de julio a partir de las 10 AM, el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados votará para aprobar o rechazar el libelo acusatorio. En la oportunidad, la defensa del ministro podrá apelar a la “cuestión previa”, que puede apuntar a que la acusación no cumple con los requerimientos formales para su presentación. De no ocupar este recurso, se pasará a discutir el fondo de la acusación, es decir, los siete capítulos.
De ser acogida por la Sala, la acusación pasará al Senado, jurado que deberá aprobar o desaprobar la acusación y de dirimir por la primera, el secretario de Estado será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años.
