BRAGA
Varias autoridades y personas públicas sostuvieron que la acusación contra el Ministro Ávila fue impulsada por “homofobia” luego de que diputados afirmaron que el mandatario impone su “inclinación sexual” en los colegios y Marcela Aranda dijera que su “activismo LGBT+” y “su condición superaran el límite de lo privado”, entre otras imputaciones. Sobre esta base y con una insistencia constante a la orientación sexual del ministro durante todo el proceso, el tema fue apenas mencionado durante la jornada de votación, con el fin lograr un apoyo transversal de una oposición que no contó con los votos para aprobar la misiva.
Este miércoles 12 de julio se inició el último debate de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Durante la instancia, la diputada Francisca Muñoz expresó que las diversas acusaciones imputadas a la autoridad ministerial “nada tiene que ver con características personales del ministro como han querido instalar algunos, para desviar las graves irregularidades”.
Esto pese a que el proceso fue impulsado por nueve diputadas y diputados abiertamente opositores a todos los proyectos por la igualdad de derechos para las personas LGBTQAI+. De las 156 páginas que contienen la AC, tres de los siete capítulos rechazan la educación en sexualidad a través de 70 páginas. Además, luego de las acusaciones de homofobia por parte del oficialismo, la oposición amplió los motivos de la acusación, pero el día anterior a la votación dirimitoria invitó a personas abiertamente homo/trans odiantes, como la líder del bus del odio, Marcela Aranda.
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La inculpación contra el ministro Ávila fue impulsada por parlamentarios del Partido Social Cristiano junto con Renovación Nacional (RN), el Partido Republicano y la Unión Demócrata Independiente (UDI) debido a su programa de educación sexual y la implementación de instructivos de educación no sexista incluido en los cuadernos junaeb.
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Respecto a esto, el abogado en defensa del ministro Ávila, Francisco Cox, comentó que “todas las jornadas son voluntarias, los manuales son voluntarios”, esto en respuesta de la acusación que mencionó que las jornadas de educación sexual en los colegios son obligatorias. “Estas jornadas tienen sustento legal”, agregó.
Entre otras denuncias contra el ministro presentadas durante la instancia están “el ausentismo y deserción escolar; la violencia presente en distintos establecimientos educacionales; la omisión de realizar un catastro general para conocer el estado de infraestructura de los establecimientos educativos e invertir de manera eficiente y eficaz los recursos públicos para ello y el desincentivo de la red liceos bicentenarios de excelencia”, expuso la diputada Muñoz.
Además, la diputada mencionó que el ministro ha incumplido en obligaciones como “informar la implementación de la estrategia nacional de educación públicas a las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso Nacional en los estándares y plazos establecidos en la ley y la omisión en disponer medidas de apoyo a los establecimientos que poseen un diseño insuficiente en el sistema educacional”, añadió.
Cabe destacar que en las instancias previas a la acusación, se presentaron distintos alegatos que indicaron que esta AC impuesta por la oposición tiene un trasfondo homofóbico. Entre estos estaban los dichos de los diputados Sergio Bobadilla y Gustavo Benavente, que llegaron a afirmar que el ministro impone su “inclinación sexual” en los establecimientos educacionales.
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Esto sumado a lo expuesto por la directora de Observatorio Legislativo Cristiano y ex vocera de “bus de la libertad”, Macarena Aranda, que en el contexto previo a la acusación aseguró que el titular de la educación “y su activismo LGBT+ y su condición, ha superado el límite de lo privado (…) ha cruzado el límite de vulnerar los derechos de los padres, los niños y la comunidad educativa”
Desde el gobierno se condenó aquellas acusaciones y se afirmó que la AC tiene razones discriminatorias. Sobre este tema, la ministra Camila Vallejo aseguró que la acusación carece de sustento político y jurídico.
“No hay línea de esa AC que tenga sustento político o jurídico. Entonces para aquello nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta AC ni exista las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de estado”, expresó la autoridad.
Sumado a esto, el Presidente Gabriel Boric también mostró su apoyo a la autoridad ministerial, publicando en su cuenta de Twitter: “Desgraciadamente, la acusación al ministro Ávila está marcada por homofobia”. Esto en referencia a las declaraciones entregadas por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano.
