BRAGA
Estos días se inició el trámite en el Senado del proyecto de ley de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Pero queda la sensación de que está hecho a medida de los intereses del empresariado: no contó con la incidencia de las y los trabajadores, como fue el compromiso gubernamental, la propuesta no da obligaciones a los empleadores y sostiene la discriminación de género. La Central Unitaria de Trabajadores va a participar activamente del debate legislativo para mejorar este proyecto de ley y con ello las condiciones de vida de millones de familias y de las mujeres trabajadoras.
En estos días se inició el trámite legislativo en el Senado del proyecto de ley de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal, anunciado por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública del pasado 1 de junio y que carece de una participación real de las y los trabajadores.
El anuncio presidencial daba cuenta de que con este proyecto “seguiremos combatiendo las injusticias y barreras que afectan a las mujeres trabajadoras de Chile”. Pero, por lo conocido del contenido, quedan más dudas que certezas respecto del cumplimiento del horizonte trazado por el mandatario y de su programa de Gobierno.
Peor aún, queda la sensación que este proyecto está hecho a medida de los intereses del empresariado, que mantendría su posición de privilegio en las futuras normas laborales. Junto con eso, queda en evidencia la mirada discriminatoria de una élite que no percibe los derechos de las trabajadoras y trabajadores de forma plena, sino que fomenta el criterio de trabajadores de primera y segunda categoría.
Vemos con preocupación que este proyecto haga suyas políticas planteadas en la anterior administración de Sebastián Piñera, que apuntaba a profundizar la flexibilización laboral, la precarización del empleo, la promoción de normas de adaptabilidad laboral las que -de paso- terminan por desestimar la ratificación del Convenio 177 de la OIT sobre el trabajo a domicilio y deja en nada lo expresado en el programa de Boric.
A lo anterior, se suma que este proyecto no contó con la incidencia de las y los trabajadores, como fue el compromiso gubernamental. La mera participación en la “Mesa Técnica de Conciliación de la vida laboral, familiar y personal” no implica per se un diálogo social, ni mucho menos tripartito.
La experiencia diaria de las y los trabajadores y sus propuestas en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal debe ser la base de este proyecto, más que los elementos teóricos y académicos al respecto. La proporción de la “receta” debe ser, justamente, más trabajadores y menos academia.
De haberse dado como corresponde, la participación de trabajadores y organizaciones sindicales se habría hecho notar que hoy ya existe la posibilidad de reducción de jornada laboral en vacaciones escolares -lo que aparece como una novedad en el proyecto- ya que es un derecho ganado por las organizaciones sindicales.
La propuesta del Gobierno no da obligaciones a los empleadores, sino que pone la responsabilidad de organizar los equilibrios a los trabajadores: no garantiza mecanismos de atención de enfermedades a los empleadores; tampoco se establece estrictamente como derecho preferente la modificación de turnos en las vacaciones de escolares, y se excluyen a los trabajos precarios, informales y vinculados con la producción.
En estos ejemplos ya se percibe la laxitud de la propuesta legislativa, casi como estrategia para no molestar al Senado y a fin de lograr un tránsito ágil en el Congreso a cambio de rebajar derechos laborales. ¿Por qué desarrollar un proyecto que no da soluciones a las y los trabajadores y que, además, está elaborado bajo un marco ideológico de derecha? ¿Asegurar los votos en el Parlamento? ¿Quedar bien con el “cumplimiento” del programa?
Finalmente, el proyecto sostiene la discriminación de género. No sólo porque los cuidados suelen recargar a las mujeres, sino que el único mecanismo que ha servido para la parentalidad positiva ha sido la generación de permisos parentales obligatorios no traspasables. Nada de eso se ve patente en este proyecto de ley.
El debate legislativo debe ser el momento donde se reciban las propuestas de las y los trabajadores y será el espacio que la Central Unitaria de Trabajadores utilizará para mejorar este proyecto de ley y dejar atrás el tradicional debate y la discusión institucional como única vía para mejorar las condiciones de vida de millones de familias y de las mujeres trabajadoras.
