BRAGA
Cofundadora del Colectivo de Mujeres Afrodescendientes Luanda y abogada, realizó una tesis que sirvió de marco teórico para la promulgación de la Ley 21.151, que reconoce a las y los afrodescendientes como pueblo tribal en Chile. En 2019 fue coautora de un libro que reconoce la historia de las mujeres afrodescendientes de la ciudad de Arica y en 2022 se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo de Seremi de Justicia y Derechos Humanos en la XV región.
A Camila Rivera Tapia la apodaban “Choca” de pequeña por un comercial de galletas donde aparecían un grupo de africanos alrededor de una fogata.
De piel negra y cabellos rizados, conoció el racismo desde muy pequeña, a la par de una discriminación que partía desde el cómo la nombraban, un punto de partida para la construcción de su identidad.
“Desde niña sabía que mi familia era distinta, en mi hogar se decía que veníamos de África, mi papá es un aficionado de la percusión y de la salsa, siempre bailábamos música afro y teníamos una facilidad para ello”, recuerda.
Criada por su abuela y bisabuela paterna, la matriarca de una familia histórica ariqueña, a su corta edad ya reconocía la identidad afrodescendiente “sin conocer desde ahí el concepto: éramos negras, y que veníamos del valle y de la costa”.
“Ser mujer afrodescendiente en Chile primero es resistencia, es saber que hemos resguardado la identidad de nuestras ancestras a pesar de diversos proyectos políticos de invisibilización y negación, llenos de violencia, es saber que en mi sangre recorre una valentía sin igual”, reconoce.
En 2010 fue una de las fundadoras de la Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda, de la ciudad de Arica, nacida por la necesidad de “entregar voz propia a las mujeres negras en el país”, ser un espacio de formación y encuentro.
Considerada la primera organización de mujeres afrodescendientes nacida en Chile, se define como “una idea colectiva” y el nombre fue elegido entre las integrantes en honor al país de donde fueron traídas sus ancestras, Angola, cuya capital lleva por nombre Luanda.
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Producto del mismo racismo, nunca imaginó llegar a la universidad. “Pensé que no tendría la capacidad, y eso es parte del racismo sistémico que nos rodea, siempre pensar en menos y no en más”, reflexiona.
Antes de llegar a la educación superior, su paso por el ballet folclórico, ser dirigenta estudiantil y participar de otras actividades la hizo reconocer que podía ser parte de cualquier espacio que se lo propusiera, a merced de los obstáculos.
Conocer además las historias de Martin Luther King, de Angela Davis, de Nelson Mandela, de Elena Caffarena, de una bisabuela que atravesaba el valle sobre un burro y diversas historias de lucha por “la justicia racial, social y territorial” la motivó a estudiar derecho en la Universidad de Tarapacá.
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Su tesis universitaria, titulada “Los instrumentos internacionales de protección para el reconocimiento de los afrodescendientes en Chile” sirvió como marco teórico para la mesa de trabajo que terminó con la aprobación de la Ley 21.151, promulgada en 2019, que reconoce a las y los afrodescendientes como pueblo tribal en Chile.
“La Ley 21.151 es uno de los grandes avances que el Estado de Chile ha desarrollado en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes decretado por Naciones Unidas (2015-2024), es un ejercicio de memoria y de reparación que el Estado tenía como deuda, donde la ley se impulsa principalmente por mujeres del movimiento (…) debe seguir profundizando en la reivindicación de derechos del pueblo y pensar desde ya como desafíos en ampliar su cobertura”.
En 2019 fue coautora del libro “Desde las Ancestras a la Actualidad: Mujeres negras de Arica y sus resistencias“, una publicación colectiva que nace desde Luanda con la intención de contar a partir de sus propias voces sus propias historias.
En 2022 se convirtió en la primera mujer y afrodescendiente en ocupar el cargo de Seremi de Justicia y Derechos Humanos para la gestión 2022 – 2024 de la Región de Arica y Parinacota.
