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Esta iniciativa ampliará las personas que están obligadas a denunciar estos delitos de carácter sexual. Entre los nuevos sujetos incorporados estarían las autoridades eclesiásticas y quienes desempeñan cargos de autoridad en organizaciones que prestan servicios comunitarios, como corporaciones, fundaciones, ONGs u otras que estime la ley.
Este miércoles 9 de agosto la diputada Mercedes Bulnes presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que introduce modificaciones al sistema penal y de denuncia de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes (NNA), con el fín de ampliar las personas que son obligadas a denunciar este delito.
La reforma al Código Procesal Penal y al Código Penal también sanciona con penas de encubridores a los que deciden omitir denuncias de carácter sexual que involucre a menores de edad. Entre los nuevos sujetos obligados a denunciar se encuentran las autoridades eclesiásticas y quienes desempeñan cargos de autoridad en organizaciones que prestan servicios comunitarios, como corporaciones, fundaciones, ONGs u otras que estime la ley.
La iniciativa fue apoyada por parlamentarios de distintos sectores políticos como Carmen Hertz (Partido Comunista), la actual vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, María Francisca Bello (Convergencia Social), la presidenta de la Comisión de Mujeres, Clara Sagardia y Marcela Riquelme (Independientes), Jorge Rathgeb (Renovación Nacional), Erika Olivera (Demócratas) y Nelson Venegas (Partido Socialista).
“El proyecto de ley que he presentado tiene un objetivo muy preciso y es la protección de los niños, niñas y adolescentes (…) Como parlamentaria, pero también como abogada y como madre de familia, la protección de los débiles, en este caso de los NNA es una de mis mayores preocupaciones y prioridades” indicó la diputada Bulnes.
En la legislación actual no existe un deber general de denunciar, pero la ley sí establece casos excepcionales de obligatoriedad como a las instituciones policiales, empleados públicos, personal de salud, de educación, entre otros. Sin embargo, en el proyecto de ley, se explica que es fundamental ampliar el espectro de sanción, sobre todo tratándose de delitos sexuales, que normalmente se suscitan en contextos cerrados, en donde se utiliza la confianza como instrumento para vulnerar la indemnidad sexual de NNA.
La sanción para quienes están obligados a denunciar y no lo hacen es una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. Sin embargo, lo que se busca en esta modificación, es incorporar un nuevo inciso en el artículo 177 del Código Procesal Penal, que aumentaría esta pena, castigando la omisión con la misma sanción que la de un encubridor.
En el proyecto se explica que la sanción existente es insuficiente para aquellos individuos que quebrantan esta inhabilidad, lo que genera un debilitamiento de la efectividad y una vulneración de la confianza en el sistema jurídico, “con este propósito, consideramos que debe existir una sanción más dura respecto del quebrantamiento de la inhabilitación para trabajar con menores de dieciocho años, cuando esta inhabilitación tuvo como causa la comisión de delitos sexuales”, señala la diputada Mercedes Bulnes.
