Adopciones forzadas en dictadura: “Chile fue uno de los principales proveedores de niños”

Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile y con investigaciones destacadas por importantes medios internacionales, como The Guardian, la Doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas, Karen Alfaro, acumula una veintena de estudios.

Mujeres en tanto sujeto social, el mundo del trabajo en el sistema neoliberal y otros son los principales temas que trabaja, aunque hace casi una década profundiza en uno en especial: las adopciones forzadas de niñas y niños chilenos en dictadura.

Gracias a investigaciones como “Madres que buscan hijos e hijas Adopciones forzadas de niños y niñas del sur de Chile 1973-1990”, “Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas. Proximidad diplomática en tiempos de Guerra Fría (1973-1990)“; “Salvar la infancia pobre apropiaciones y adopciones internacionales de niños/as bajo la dictadura militar en Chile (1973-1990)”, demostró que las adopciones forzadas fueron parte de una política de la dictadura para el control de la pobreza.

Doctora Karen Alfaro, Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile (UACH) desde marzo de 2023.

Mediante mecanismos de control y regulación familiar, como la institucionalización de la niñez popular y la inhabilitación de las familias pobres para ejercer la crianza, el primero de los estudios mencionados revela que las adopciones forzadas fueron un “mecanismo de privatización del cuidado de la infancia pobre, por medio de reubicar a los/as niños/as en familias en el extranjero”.

El modelo de familia del sistema neoliberal, que se implantó con la dictadura, estableció un ideal de matrimonio heterosexual y de clase media como apto para la crianza, mientras que de madres solteras y mujeres pobres nacían “hijos ilegítimos”, los cuales eran perfiles predilectos para la adopción forzada.

-En una de sus investigaciones menciona que estas adopciones son parte de una política de control de la pobreza, una suerte de orden y castigo para las mujeres pobres.

-La revisión de la literatura internacional me permitió saber que Chile fue uno de los principales proveedores de niños, fundamentalmente en la década del 70 y 80, con un alza entre el 75 y el 82. Precisamente en ese periodo se implementó una política de infancia desde la dictadura que dentro sus líneas de trabajo tuvo la promoción de la adopción, para lo cual se flexibilizaron todos los trámites de adopción: una familia extranjera o centros internacionales de adopción podían llevarse un niño o una niña chilena en 24 horas.

Además, se generó una campaña nacional e internacional que promovió la adopción de chilenos. Eso es coincidente con la mayor cantidad de salidas del país, entonces hubo de facto una política que promociona la adopción como un mecanismo de regulación de la infancia “en situaciones irregulares”, en un contexto donde el Estado se reducía y no estaba dispuesto a solventar los costos que tenía la recuperación de estos niños y niñas de extrema pobreza.

Foto: Infantes en dictadura | Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

La adopción se veía como un mecanismo para reubicarlo en otras familias consideradas más aptas que sus familias de origen de sectores populares. También hay otro tipo de adopción nacional donde se reubicaban hijos de jóvenes de la clase alta, y en esas opciones medió fundamentalmente la iglesia, como el caso del cura Joannon.

-¿Se considera un delito de lesa humanidad?

-En la medida que hay, en ciertas adopciones forzadas, ciertos mecanismos de apropiación de niños y niñas consideradas en secuestro permanente, donde nunca hubo reencuentro hay un secuestro permanente y una violación a los derechos humanos. Además, hay una separación en muchos casos en el momento del parto de estos niños, que son sacados al extranjero sin la autorización de sus padres. Y también constituye una violación a los derechos humanos el quitar el derecho a la identidad, ya que se despoja el origen biológico y su identidad nacional.

Uno de los grandes problemas que existe a la fecha es que, dada la legislación de la época, salían del país con una identidad, pero luego eran adoptados en el extranjero y ambas identidades no dialogan entre sí. Y además se borraba toda la documentación de origen dada la ley de legitimación adoptiva. Por eso hoy día no hay documentos en los organismos oficiales, sobre todo aquellos que salieron del país. De las adopciones nacionales sí hay registro, pero de las internacionales no, y son la mayor cantidad de casos: no hay registro público.

-El Estado chileno avanzó un poco hacia el esclarecimiento de la verdad con el trabajo de Carroza, pero ¿se reconoció que era un delito de lesa humanidad o qué se ha hecho en términos más concretos?

-Es importante destacar que existieron denuncias, incluso bajo la dictadura militar. Hay una jueza que fue denunciada por abogados, y hay muchas denuncias de abogados con ética y que vieron que había un abuso de poder por parte de algunas juezas y jueces, también hay investigaciones que se realizaron bajo la dictadura. Pero en completa impunidad. Incluso una de estas juezas se escapó de Israel, otras se escaparon a distintas partes y no han enfrentado procesos policiales a la fecha.

Con la apertura de la discusión pública de estos casos, a partir del trabajo de la prensa desde 2014 y las denuncias desarrolladas, se abre la investigación del ministro Mario Carroza. Una de las complejidades ha sido la tipificación, porque es distinto hablar de apropiaciones, de adopciones nacionales, de adopciones internacionales. Se abrió un marco muy amplio de denuncias que no ha permitido aguardar la dimensión de violación a los derechos humanos específicamente en el mecanismo de adopción forzada.

Creo que a la fecha no ha existido una señal contundente. A pesar de esta comisión de la Cámara de Diputados, que sí avanzó en establecer líneas de trabajo donde el Estado debe reconocer, generar una comisión de verdad, justicia y reparación en estos casos, ha faltado la voluntad política para poder avanzar decididamente en materia de verdad.

La historiadora colaboró en la serie Adoptados de TVN.

Hay muchas violaciones a los derechos humanos que todavía no están contenidas en los informes de verdad. Por ejemplo, la violencia política sexual, y este tipo de violencia que también es una violencia que se implementó contra las mujeres. Aquellas violaciones a los derechos humanos que tienen una dimensión de género no han sido todavía abordadas por el reconocimiento estatal.

-De hecho una de sus investigaciones sitúa el delito en el marco de una violencia política y de género hacia las mujeres ¿Qué otras políticas de este tipo existieron en dictadura?

-Estas prácticas también se enmarcan dentro de una lógica de la dictadura de imponer un mandato familiar, donde las madres solteras no solamente eran perseguidas sino que eran enjuiciadas desde el punto de vista jurídico. Gran parte de los argumentos para inhabilitarla del cuidado de sus hijos estaban y están bajo un paradigma que criminaliza a las mujeres que son madres solteras, sobre todo aquellas que viven en condición de pobreza. En las medidas de protección que ponían las agentes sociales, las catalogaban como prostitutas, alcohólicas, con capacidades intelectuales cuestionables. Y esto iba de la mano del pensamiento biomédico de la época, que responsabilizaba fundamentalmente a las madres del estado nutricional de los niños y de las niñas.

Se decía que gran parte de la causa de la nutrición infantil no estaba solo en las condiciones estructurales, sino que había una responsabilidad de la falta de capacidad intelectual de las madres que se embarazaban desde muy pequeñas. Entonces estos discursos biomédicos alimentaron el paradigma jurídico de la época que se entrelazaba con todo este entramado civil y militar que utilizó el cuerpo de las mujeres como un cuerpo para el ejercicio de la violencia obstétrica, la violencia social, la violencia jurídica.

Existieron las llamadas casas de engorda donde a mujeres de sectores populares se las llevaba estando embarazadas para forzarla a dar al hijo en adopción. Así fueron tratadas por la prensa de la época, como casas de engorda, se ubicaban en las poblaciones del sur de Santiago o del sur del país, y también operaron algunas casas de la madre campesina con las mismas características, muchas casas bajo el dominio de CEMA Chile y de la Secretaría Nacional de la Mujer.

Hubo un entramado civil y militar que se articuló para desarrollar estas prácticas de regulación de la sexualidad, de regulación de un tipo de familia que fuera formando, forjando las bases de la familia neoliberal.

-Entiendo que este es un problema que involucra a la comunidad internacional, por ende requiere de una solución que involucre a varios países…

Sí, lo que ocurre es que precisamente hay un contexto donde la adopción internacional tiene esta relación sur-norte, países del tercer mundo generan las condiciones para la intervención de organismos, organizaciones internacionales que promueven la adopción internacional como un mecanismo lucrativo, porque reciben subsidios estatales de sus países de origen y también recursos de las familias que buscan adoptar bajo el paradigma que promueve la lógica de la salvación de la infancia.

Muchas organizaciones, algunos centros internacionales de adopción, algunas iglesias, como la mormona, fundaciones italianas, centros suecos y otras que fueron creadas por algunas chilenas y chilenos en el extranjero, posibilitaron estas redes. Entonces hay en el fondo un entramado civil y militar en Chile que opera en articulación con redes internacionales. Estas redes le permitieron a la dictadura establecer relaciones diplomáticas y comerciales con algunos países a propósito de la adopción.

Algunos países han reconocido oficialmente, como el caso de Holanda, la responsabilidad que le cabe al Estado por no haber investigado el origen de estos niños y la red que posibilitó su llegada a Holanda. Y estamos en un momento de la tradición donde la idea es avanzar hacia lo que tú señalas, donde organismos internacionales de derecho humano puedan liderar en el fondo una articulación y esto no sea una voluntad solamente de los Estados, sino que debe existir una política internacional.

-En una de sus investigaciones menciona que “aún no logramos dimensionar como sociedad este hecho”. ¿Qué implicancias tiene esto a nivel social?

-No es sólo que desconocer el pasado puede tender a repetirlo, sino que se puede relativizar la violencia y la violencia extrema como causas de violación a los derechos humanos. Hoy se está relativizando la violación a los derechos humanos, se está poniendo en cuestión lo que se contiene los informes de verdad como una verdad histórica, entonces es relevante avanzar en el conocimiento de estas causas, porque nos hablan en el fondo de la radicalidad, del horror de la dictadura militar, donde no les tembló la mano para violar los derechos a la infancia, sujetos que fueron construidos como enemigos políticos sin tener ninguna participación: hay casos de niños que fueron ejecutados, niños desaparecidos, hay bebés que desaparecieron desde el vientre de su madre y no se sabe a la fecha cuál es su paradero, y además están estas adopciones.

El daño que han provocado estas adopciones es irreparable tanto para la madre, como el dolor de estos niños y niñas que han crecido en el extranjero sin saber su verdadera identidad. Esta fractura histórica nos impide conocer nuestro pasado, nos impide la convivencia en la actualidad, avanzar, mirar también y construir un futuro mejor, donde podamos conocer la verdad y avanzar en materia de justicia.

-Con el gobierno de Gabriel Boric hubo y hay expectativas. ¿Cómo lo ve y qué espera ocurra en el marco de la conmemoración de los 50 años?

Efectivamente las agrupaciones tienen gran esperanza y expectativa en este gobierno. Este año de conmemoración es importante generar una política de Estado que avance en una política de memoria, en una ley que impida que se eleven voces negacionistas porque eso genera un daño incalculable a la verdad histórica y a la convivencia nacional.

La agrupación Hijos y Madres del Silencio logró recuperar hasta la fecha más de 300 identidades.

Si relativizamos la verdad es imposible poder constituirnos como un colectivo, como sociedad. Esperamos que el gobierno Gabriel Boric lidere, de una señal política y podamos avanzar en esta materia. Todavía existen una serie de víctimas de las violaciones de los derechos humanos cuyas violencias no han sido tipificadas todavía en informes como el Valech, no están contenidas todavía todas las voces en ese informe. Y una de las que no están contenidas tiene que ver con estas víctimas de adopciones forzadas y de aquellos que sufrieron la violencia en los sectores populares, las poblaciones.

-¿Quiere agregar algo más?

-Creo que es importante también destacar que la dictadura generó varias redes internacionales de comercialización, algunas legales otras ilegales, recordemos el rol y las denuncias que se han hecho respecto al narcotráfico, el tráfico de armas. Si fueron capaces de establecer redes internacionales con esos fines, el tema de la adopción y de la circulación de niños con propósito político y económico se hacen parte también de estas redes y todavía no se ha instalado la verdad en esta materia.

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