BRAGA
Aunque existen más de cuatro informes y documentos elaborados por la institucionalidad chilena y espacios dedicados a la lucha por los Derechos Humanos, sólo en el Informe Valech (2004) el Estado chileno reconoce más de 3.399 mujeres víctimas de prisión política y tortura durante el régimen militar: el 43% tenía entre 21 y 30 años. Además, 229 mujeres fueron detenidas estando embarazadas y 15 de ellas tuvieron su parto en calidad de prisioneras.
Más de cuatro informes y documentos fueron elaborados por la institucionalidad chilena y espacios dedicados a la lucha por los Derechos Humanos para dar cuenta de la violación sistemática contra los DDHH de personas de todas las edades, nacionalidades, orientaciones sexuales y de género ocurridas durante la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet.
Pese a ello, los números son solo una referencia debido a que el contexto no permitirá nunca saber cifras exactas. Sin embargo, el Informe Valech (2004) elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura registró más de 30 mil víctimas de prisión política y tortura, mientras que el Informe Rettig (1991) estimó que el número de ejecutados políticos asciende a 2 mil doscientos.
Este miércoles 23 de agosto se llevó a cabo la votación del proyecto que busca que la Cámara de Diputadas y Diputados condene la violencia sexual ejercida por la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 a mujeres. En la instancia, la diputada del Partido de la Gente puso en duda la violencia sexual durante el regimen militar con una frase que elevó un repudio generalizado en el congreso y las redes sociales.
¿Qué dicen los informes sobre la violencia contra las mujeres? El informe de 2004 registra 3.399 mujeres víctimas de prisión política y tortura particularmente, cifra que corresponde al 12,5% de las víctimas de este delito.
De acuerdo a los datos obtenidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, el 43,1% (1.464) de las mujeres tenía entre 21 y 30 años al momento de la detención, el 22,3% (757) tenía entre 31 y 40 años, el 13,3% (451) entre 41 y 50 años, el 11,4% (387) tenían entre 18 y 20 años y el 6,2 % (212) era menor de 18 años. Además, el grupo de mujeres entre 51 y 60 años representa un 3,3% (112) y el 0,47% (16) restante representa a las mujeres detenidas que tenían más de 60 años, al momento de su detención.
Asimismo, según el informe mencionado, 229 mujeres fueron detenidas estando embarazadas y de ellas, 15 tuvieron su parto en calidad de prisioneras, permaneciendo con sus hijos en esas condiciones por tiempos variables en cada caso.
El 52,2 % (1.774) de las detenciones se realizaron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, el 27,2% ( 926) sucedieron entre 1974 y 1977; y el 20,6 % (699) al período comprendido entre 1978 y el 11 de marzo de 1990.
Cabe destacar que el especial reconocimiento de la categoría de mujeres que fueron víctimas de prisión política y tortura se realizó en un contexto en que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 reconoció a dicha violencia como una violación a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, en aquel entonces la Plataforma de Acción de Beijing 7 estableció la necesidad de avanzar en materia de justicia internacional investigando los crímenes de que son objeto las mujeres en los conflictos armados y en las situaciones de conmoción interna.
En sintonía con ello, el Estado de Chile suscribió, entre otros pactos y convenciones, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, con lo cual asumió la responsabilidad de examinar con particular atención lo que ha sucedido con relación a la prisión política y la tortura en el caso de las mujeres, una respuesta a otro compromiso adquirido a nivel internacional, pero en ese caso frente a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recomendó a los Estados estimar a las mujeres como sujetos fundamentales en los procesos de reconstrucción de la paz y la convivencia nacional.
Lee el informe completo AQUÍ.
