BRAGA
El miércoles 23 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados decidió condenar la violencia política sexual ocurrida bajo la dictadura civil militar en el país. El proyecto fue aprobado con 15 votos en contra y tres abstenciones, y las frases “negacionistas y de odio” dichas durante el debate repercutieron dentro y fuera del congreso. Frente a esto, la Red de Historiadoras firmó una carta para hacer un recorrido bibliográfico de los documentos que constatan la existencia de la violencia política y sexual contra las mujeres en dictadura y pedir un marco legal para regular el negacionismo, entre otras cosas.
En medio del debate sobre la violencia política sexual vivida por mujeres en contexto de dictadura cívico-militar, las declaraciones de la diputada Gloria Naveillan, que señaló que las violaciones contra mujeres eran parte de las “leyendas urbanas”, generaron una fuerte repercusión dentro y fuera del congreso, y la Red de Historiadoras feministas las condenó como totalmente “falsas”.
“Exhiben no sólo el giro obsceno de la ultraderecha fascista que ella representa, sino el peligro de un proyecto político que busca abrirse paso a partir de la relativización de la violencia y la pérdida del valor a la vida. La violencia política sexual fue una práctica sistemática de tortura que constituye un crimen de lesa humanidad”, subrayan en una carta abierta.
Desde la red destacan que fue una “profunda falta de respeto” la participación de diputadas y diputados que votaron en contra de la moción que condena la violencia sexual ejercida hacia las mujeres durante la dictadura chilena, lo cual a su juicio “es reflejo de la indolencia y abismante ignorancia frente a la violencia sexual que, como han señalado los informes de verdad, investigaciones académicas, y los testimonios de quienes lograron sobrevivir a este tipo de padecimientos, fue ejercida de forma deliberada y sistemática por parte de militares, policías y civiles”.
“Además, la violencia política sexual fue ejercida contra un abanico amplio de mujeres, incluyendo tanto las mujeres militantes y simpatizantes de partidos de izquierda, como también las mujeres familiares de militantes, en contextos de centros de tortura y prisión política. Y más allá de este contexto específico, también hubo violencia política sexual ejercida contra las mujeres pobladoras, campesinas, feministas, lesbianas, mujeres trans y travestis, entre otras, en contextos de allanamientos, protestas y otros escenarios adonde agentes del Estado utilizaron el terrorismo de estado”, detallan.
En esta línea, sostienen que el terrorismo de Estado que se ejerció en Chile entre 1973 y 1990, fue diferente para hombres y mujeres, lo cual ha sido reconocido a través de juicios y en comisiones de verdad, convocadas e implementadas por gobiernos de todos los partidos políticos: “hay una verdad política e histórica innegable, la violencia política sexual es un hecho, parte de nuestra historia reciente”, resaltan.
Las integrantes de la Red de Historiadoras Feministas traen un caso reciente, ocurrido durante este mes, donde la Corte Suprema ratificó el fallo y la condena del Ministro Mario Carroza, contra tres ex agentes de la DINA por los delitos de secuestros calificados y la aplicación de tortura con violencia sexual contra seis mujeres – Cristina Verónica Godoy Hinojosa, Laura Ramsay Acosta, Beatriz Constanza Bataszew Contreras, Sara Gabriela de Witt Jorquera, Carmen Alejandra Holzapfel Picarte y Clivia Marfa Sotomayor Torres – en el ex centro de tortura conocido como “Venda Sexy” entre los años 1974 y 1975.
Según traen las especialistas, en abril 2019 el mismo Mario Carroza, también condenó a nueve Carabineros en retiro, por el secuestro agravado, de connotación sexual, de Ana María Campillo Bastidas y Patricia del Carmen Herrera Escobar, detenidas en junio de 1974 y recluidas ilegalmente en los subterráneos de la Plaza de la Constitución.
“Estos casos tardaron más de una década en llevarse adelante, y se tramitaron gracias al apoyo constante de abogadas feministas como las de Humanas, pero son significativos en que muestran, sin ninguna duda, que ocurrió violencia política sexual durante la dictadura”, destacan.
A eso suman que las diversas comisiones de la verdad efectuadas en Chile reconocen diversas violencias cometidas específicamente contra mujeres durante la dictadura, incluyendo la violencia política sexual.
Tal como muestran las historiadoras, en el Informe Rettig (1990-1991), de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 138 mujeres (6% del total) fueron reconocidas como “víctimas de graves violaciones de derechos humanos que terminaron en la desaparición forzada, la ejecución política o una muerte por la violencia política”.
Por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en tanto, este número se elevó en 57 mujeres más, siendo, en total, 195 mujeres reconocidas. “Esto también fue rescatado en la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y la Tortura, cuyos informes se reconocen como el Informe Valech y el Informe Valech II y cuyos apartados incluían secciones específicas sobre la violencia sexual, ya que fue prácticamente omnipresente en todos los testimonios recogidos”, señalan.
“El Informe Valech I (2003-2004) reconoció formalmente a 3.399 mujeres como víctimas de prisión política y tortura (un 12,47% del total) y el Informe Valech II (2010-2011) reconoció a 1.580 mujeres adicionales, siendo un 16% del total. En suma, el Estado de Chile ha reconocido formalmente a 4.979 mujeres como víctimas de prisión política y tortura y 195 mujeres como víctimas de graves violaciones de derechos humanos con resultado de muerte”, agregan.
No obstante, la cifra de 5.174 mujeres reconocidas por el Estado son “una cantidad muy pequeña en comparación con el enorme número de mujeres cuyas vidas fueron impactadas negativamente por la dictadura”, aseveran desde la Red de Historiadoras, ya que hubo mujeres que vivieron exoneración política, exilio y diversos tipos de terrorismo de Estado “no necesariamente reconocidos hasta ahora por el Estado”.
Asimismo, las académicas enfatizan en que “todavía” quedan “muchísimas” mujeres, hombres y personas LGBTQ+ víctimas de violencia política sexual que “no han sido reconocidos/as por el Estado, ni han tenido acceso a ningún tipo de reparación” a 50 años del golpe de estado de 1973. Los estándares internacionales de derechos humanos, desde un enfoque de género, señalan que “la gravedad y deshumanización constituyen una forma específica de violencia hacia las mujeres. Y más aún, apuntan a su imprescriptibilidad (Estatuto de Roma)”, apuntan.
Por este motivo, las especialistas ven con preocupación las frases de las y los congresistas dadas a conocer a través de la prensa.
“Es imperioso que el Estado, trabaje hacia una ley que sancione el negacionismo y aquellas acciones que inciten al odio y revictimización. También es importante abrir la calificación de víctimas – al estilo de las comisiones Rettig y Valech – para que sea un proceso constante: ninguna víctima de violencia política sexual se debe quedar fuera del reconocimiento estatal y el acceso a reparaciones integrales sólo por no haber hecho su denuncia en ciertas fechas. Además, a la hora de recoger estas nuevas denuncias, los/as integrantes de la comisión permanente deben ser capacitados/as en perspectivas de género y la violencia política sexual, en pos de recibir estas denuncias con la mayor capacidad de sensibilidad y receptividad posible”, plantean.
La carta, firmada por historiadoras de distintas casas de estudio, reconoce que el escenario político actual es “complejo” en tanto “los discursos negacionistas han ingresado en la disputa política por el pasado”, hecho que reconocen como consecuencia de un proceso “de normalización de la muerte como mecanismo de ejercicio del poder”, lo cual resulta del impacto “de la ‘verdad y justicia en la medida de lo posible’.
“Esta ‘normalización’ del régimen de muerte y la impunidad ha consistido por un lado, en el fortalecimiento del discurso de que el golpe era inevitable; por otra parte, que el problema de las violaciones a los Derechos Humanos afectaba sólo a un segmento de la población —a los familiares directos, principalmente a mujeres—, pero no al cuerpo social en su conjunto”, sostienen.
Finalmente, el grupo de estudiosas de la historia, investigadoras, profesoras y feministas, manifestando su “profundo malestar” y “solidaridad” hacia las familias de las víctimas y sobrevivientes de “tan brutales vejámenes” declaran su acompañamiento a “las mujeres resistentes, agrupaciones y organizaciones de mujeres sobrevivientes de tortura y de la violencia política sexual”.
✔ Denunciamos públicamente a quienes hoy en completa impunidad cuestionan la verdad histórica. La violencia política sexual fue estrategia diferenciada de género que operó en las dictaduras civiles militares del Cono Sur, siendo en nuestro país, mecanismos sistemáticos de represión que buscaron imponerse sobre el cuerpo de las mujeres y las disidencias sexuales y de género.
✔ Interpelamos a las comunidades académicas a no permanecer en silencio frente a la mentira y el extremismo de la derecha que ponen en cuestión el saber y el conocimiento producido sobre el pasado reciente.
✔Hacemos un llamado a las fuerzas políticas democráticas a repudiar públicamente estos dichos y a frenar conjuntamente el avance del negacionismo, impulsando legislaciones que lo regulen y lo impidan.
✔También hacemos un llamado al gobierno, los partidos y las instituciones, en particular aquellas relacionadas con los derechos humanos, a que convoquen a una comisión permanente para calificar a víctimas del terrorismo de Estado en Chile, capacitando, en particular para este fin, en torno a perspectivas de género y la violencia política sexual.
Finalmente, en articulación con el conjunto de colectivas y organizaciones feministas las académicas recuerdan que se suman a conmemorar los 50 años del golpe de Estado “visibilizando la violencia política sexual y el conjunto de violaciones a los derechos humanos, ya que son parte de la larga duración de la impunidad con la que hasta hoy se vulnera a mujeres y disidencias sexuales”.
“La Red de Historiadoras Feministas permanece en alerta frente a los discursos de odio y negacionismo. Contra todas las violencias, ni olvido, ni perdón”, cierran.
Lee la declaración completa AQUÍ.
