BRAGA
En el Día Mundial Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Aministía Internacional recuerda los avances y retrocesos en derechos sexuales y reproductivos: en los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto. Puerto Rico, Perú, Costa Rica y Chile corren riesgos: se presentaron intenciones o iniciativas legislativas para dar marcha atrás en regulaciones actuales que permiten abortar según causales. Ante esto, un pañuelazo feminista recuerda que la lucha por los derechos reproductivos sigue de pie ante la avanzada ultraderechista y antimujeres.
Del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en 1990, y celebrado en Argentina, nació el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, conocido también como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, que se conmemora el 28 de septiembre ahora a nivel global.
La iniciativa surgió para exigir de manera conjunta la legalización del aborto y la facilitación de su acceso. Es que, de acuerdo a cifras de Amnistía Internacional, 25 millones de abortos inseguros tienen lugar todos los años. Por lo tanto, este grito por la justicia reproductiva busca llegar al debate legislativo para reconocer el aborto como un problema sanitario y avanzar hacia la reducción de muertes por abortos inseguros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el aborto inseguro como “un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos”.
Los abortos inseguros constituyen la tercera causa más habitual de muerte materna del mundo y dan lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, según la OMS. Así pues, el mismo ente ha subrayado en innumerables ocasiones que para evitar daños y muertes, en el peor de los casos, es necesario que los Estados garanticen la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos y abortos legales.
De acuerdo con Amnistía, en los últimos 25 años más de 50 países modificaron su legislación para permitir mayor acceso al aborto, reconociendo en ocasiones que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres. Paralelamente, algunos países se resisten y lo siguen prohibiendo en todos los casos, como es el caso de Nicaragua y El Salvador.
Según datos de Amnistía, países como Puerto Rico, Perú, Costa Rica y Chile podrían retroceder en sus legislaciones, que permiten el aborto en ciertos casos, ya que en el último lustro se han presentado intenciones o iniciativas legislativas para dar marcha atrás y la mayoría las han presentado grupos ultraconservadores y/o de extrema derecha, aprovechando su auge global.
El comité que vigila el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW o Tratado de los Derechos de las Mujeres) ha manifestado constantemente que las leyes sobre el aborto restrictivas constituyen discriminación contra las mujeres.
Asimismo, la legalización del aborto no garantiza siempre el efectivo derecho a decir de las mujeres y personas gestantes, dado que existen múltiples obstáculos y restricciones asociadas, como la falta de personal médico capacitado, discriminación y otras causas.
“El acceso al aborto está, por tanto, esencialmente ligado a la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las demás personas que pueden quedarse embarazadas y a la consecución, por consiguiente, de justicia social y de género”, sostienen desde Amnistía.
“Amnistía Internacional cree que toda persona ha de tener libertad para ejercer su autonomía física y tomar sus propias decisiones sobre su vida reproductiva, incluida la decisión de si tener o no hijos y cuándo. Es esencial que las leyes relativas al aborto respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de las personas embarazadas y no las obliguen a recurrir a abortos inseguros”, puntualiza.
Luego de largos años de espera, en septiembre de 2017 Chile aprobó Ley Nº 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación). A seis años de su implementación, casi la mitad de los abortos ocurren por inviabilidad y sólo 3.609 mujeres efectivamente abortaron.
Aún así, grupos y partidos de extrema derecha, como el Partido Republicano y organizaciones antiaborto como Chile Unido, pujan para echar atrás una ley que resultó de décadas de lucha: “por la defensa de nuestras vidas, es nuestra decisión”, defienden las organizaciones feministas, que volverán a alzar el pañuelo verde ante la avanzada republicana este 28 de septiembre.
