BRAGA
Una verdadera protección de la vida, es aquella que promueve y cuida a personas gestantes. La maternidad debe ser deseada y resguardada en términos políticos, sociales y sanitarios; en ninguna circunstancia se le puede naturalizar el dar a luz sin haberlo elegido.
Lo aprobado en el Consejo Constitucional frente al aborto, establece límites peligrosos para la posibilidad de avanzar hacia el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de chilenas y chilenos. Si bien lo emanado desde la discusión de consejeras y consejeros aún no tiene una versión definitiva –ya que ciertas discordancias están siendo discutidas por una comisión mixta–, no existe de parte del sector que ha conducido este proceso, voluntad política de establecer un giro hacia una propuesta constitucional que ponga a los derechos en el centro, o como ellos mismo decían, “una que nos una”.
La discusión sobre aborto pareciera siempre estar polarizada entre la sacralidad de la vida y la autonomía y la voluntad del cuerpo de la mujer que gesta en su vientre una futura vida. El en marco del actual debate constitucional, esta dualidad pareciera incrementarse, de la mano de representantes del partido republicano, quienes a diario buscan imponer un concepto de libertad en lo económico, pero el conservadurismo religioso en lo valórico, situación que no hace más que quitarnos nuestra real posibilidad de elegir.
Al realizar un análisis más profundo, podemos dar cuenta que la problemática va mucho más allá, siendo abarcativa en término de las complejidades de los argumentos que se dan de lado a lado. A nuestro parecer, el cambio constitucional que se propone hoy en día respecto a “el derecho de quien está por nacer”, resulta inadecuado, dado que se le da alteridad e incluso se manifiesta una construcción de subjetividad de ese otro que resulta completamente cuestionable. Cuando hablamos de alteridad y de construcción de subjetividad, es necesario tener en consideración que ambas condiciones se construyen en el marco de una relación intersubjetiva.
Desde la mirada de la política pública sanitaria, se encuentra bastante difundida la realidad y el conocimiento sobre que la problemática del aborto contiene en sí misma una condición de clase. Son las mujeres de menos acceso a recursos materiales y económicos, quienes hacen uso de prácticas abortivas clandestinas, poniendo en riesgo sus propias vidas, mientras que aquellas mujeres que se encuentran en situaciones más favorables socioeconómicamente, tienen la posibilidad, por ejemplo, de viajar al extranjero, para realizarse abortos en condiciones sanitarias adecuadas y por ende, no poner en riesgo su poropia salud.
Lo anterior no es trivial, dado que si se perpetúa este escenario, estamos estableciendo incluso, que aquellas mujeres de escasos recursos tienen una menor consideración como humanas, como personas, debido a que el Estado Chileno no entrega las garantías ni condiciones necesarias para evitar una maternidad no deseada y forzada, lo que puede tener repercusiones directas en la posibilidad de construir una sociedad armónica y amorosa en su colectivo.
Una verdadera protección de la vida, es aquella que promueve y cuida a personas gestantes. La maternidad debe ser deseada y resguardada en términos políticos, sociales y sanitarios; en ninguna circunstancia se le puede naturalizar el dar a luz sin haberlo elegido, ya que aquello pone en jaque la posibilidad del ejercicio de derechos en torno de una vida digna para esa mujer. En este sentido, el Estado debe garantizar la posibilidad de construcción de proyectos de vida viables para quienes se encuentran en esta encrucijada, entregando verdadera libertad de elección en torno a la gestación.
Mujeres, feministas y diversidades sexogenericas han planteado en reiteradas ocasiones que esta es una alerta, la propuesta constitucional pone a Chile varios peldaños más abajo de lo que existe en la actualidad en esta materia a nivel internacional, y coartando un horizonte de libertad para quienes deseen o no gestar.
