BRAGA
Esta semana culminó la redacción de la propuesta final de nueva Constitución, que será votada este 30 de octubre. 217 artículos conforman el texto que se plebiscitará el 17 de diciembre, y organizaciones de mujeres ya definieron ir “En Contra” de un proyecto definido de “excluyente” y “conservador”.
Cerca de 150 menos que el texto de la Convención Constituyente, la nueva propuesta de Constitución quedó conformada por 217 artículos y 62 disposiciones transitorias, las cuales tienen 52 días para ser dadas a conocer a la ciudadanía, que decidirá entre las opciones “A favor” y “En Contra” el próximo 17 de diciembre.
Ante el cierre de este proceso, varias autoridades y referentes políticos/as y organizaciones sociales ya definieron su postura, como la alcaldesa Evelyn Matthei, que pasó de rechazar a afirmar su apoyo al texto. Lo mismo hizo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien decantó por el “En Contra”.
View this post on Instagram
Quienes también acordaron desaprobar esta propuesta son las organizaciones de mujeres, quienes se van a reunir en la Asamblea Abierta de Mujeres y Disidencias este sábado 28 de octubre: la Coordinadora Feminista 8M, Abofem Chile, La rebelión del cuerpo, OTD Chile y la Asociación de Ginecólogas de Chile son algunas de las que participarán de la instancia.
View this post on Instagram
Las asistentes coinciden en una lectura, la exclusión popular de este proceso en relación al anterior.
Para la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, diversos actores sociales “quedaron fuera” en este debate constituyente.
“Participamos en todas las instancias y propusimos iniciativas populares de norma que hicimos organizaciones de mujeres, las de infancia, las de trabajadores, las de la salud, de educación, de medio ambiente, de pueblos originarios y todas fueron rechazadas, fuimos excluidas de lo que finalmente está en este texto”, subraya.
“Aunque pareciera que se avanza, o se quiere avanzar en los temas de igualdad y de paridad, para efectos prácticos es a todo reventar una ley de cuotas que es más atrasada que lo que ya tenemos (en relación a paridad)”, agrega.
Las voceras de la Coordinadora Feminista 8M (C8M), Ana Paula Sánchez y Camila Olmos, coinciden en esta lectura y recalcan, a la vez, que el proceso “se ha desarrollado de espaldas al pueblo y no refleja de manera adecuada el cambio transformador que defendimos durante la revuelta social del 18 de octubre”.
Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en tanto, hacen hincapié en que el proceso constitucional de 2023 no parecía “legítimo” desde su origen, dada esta disminución de la participación de la sociedad civil.
“Disminuyó la participación de la sociedad civil y se otorgaron soluciones tecnocráticas a problemas que son profundamente políticos, y la campaña anterior, del plebiscito que finalmente se rechazó, fue una campaña profundamente sucia”, sostiene Priscila González.
Como consecuencia de la marginación de organizaciones, colectivos, agrupaciones y juntas de vecinas y vecinos, además de grupos minoritarios como población migrante, afrochilena, defensoras y defensores medioambientales y otros, las referentes de las organizaciones feministas acusan que se impuso el sector más “conservador” y “antiderechos”, a traés de la figura del Partido Republicano.
Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres afirman que “la ultraderecha ha tenido una sobre representación electoral y ha tendido a mostrar una especie de venganza respecto de lo que ha sucedido en el proceso anterior”, a lo cual suman desde el Observatorio de Género y Equidad, que observan tintes “autoritarios”.
“Impone un modo de vida, una manera de entender, una moral, una manera de entender las relaciones familiares, lo cual se refleja en decisiones como dejar fuera los derechos, el reconocimiento de los niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y subordinarlos a la decisión de los padres”, advierte Valdés.
En C8M hacen énfasis en la “orientación religiosa” del proceso, lo cual se plasma, a juicio de las integrantes, en la intención latente de “dar marcha atrás” en avances legislativos en materia de “derechos políticos y sociales, en particular los de las mujeres, disidencias sexo-genéricas y otros grupos con mayor vulnerabilidad social”.
“Es una propuesta con un enfoque neoliberal y capitalista, ya que no se observa una adecuada protección al medio ambiente ni una visión de futuro que frene la creciente precarización de nuestras vidas. Al contrario, parece apuntar a aumentar nuestra vulnerabilidad y dependencia de lo privado”.
Desde la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM) ven con preocupación un texto que dicen “amenaza” los derechos de las mujeres.
“Sólo a modo ejemplar, en materia de paridad, para asegurar el “acceso equilibrado” a las candidaturas se propone un 60%-40% (y no 50-50%), y se limita al legislador a un mecanismo de cuotas (de entrada) para cargos de elección popular, dejando atrás el modelo de paridad que hemos impulsado las mujeres y feministas”, ejemplificaron en una columna publicada en El Mostrador Braga.
Otro de los aspectos en que se detuvieron a analizar es que la nueva Constitución “incorpora el deber de retribución de cuidados entre madres, padres e hijas/os”, lo cual pasa por alto si ellos son víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus progenitores. El artículo que define la vida de “quién está por nacer”, que también fue incorporado junto con el de la objeción de conciencia también fueron apuntados durante todo el debate como amagos para los derechos sexuales y reproductivos no sólo de mujeres, sino también de niñas y niños, ya que podría obstaculizar la implementación de una futura ley de educación sexual integral.
Frente a este escenario y con el agotamiento de un segundo proceso constituyente que no tuvo la movilización social detrás que sí existió en el anterior, la opción “En Contra” se mantiene siendo mayoría en todas las encuestas, entre ellas Cadem.
Así pues, frente a un eventual triunfo de la opción “En Contra” ¿Se viene otro proceso constituyente? Las tres referentes concuerdan en la necesidad de contar con un nuevo marco institucional legítimo realizado en democracia, no obstante el debilitamiento social luego de dos procesos fallidos no serían el escenario más adecuado para pensar en un tercer proceso.
“Chile merece una nueva constitución que sea escrita en democracia y siente las bases para un nuevo Estado en el que finalmente se pueda reformar y podamos repensar el rol del Estado y no estemos subsumidos a intentar parchar o modernizar desde la gestión cómo se podrían hacer mejor las cosas, sino que ya pensar en cómo poder reformular cuál es el rol del Estado dentro de la sociedad”, puntualizan desde la Red Chilena Contra Violencia Hacia Mujeres.
