BRAGA
“Es posible eliminar ministerios por Decreto”, sostiene la abogada Nathalia Da Costa. Según explica, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son una facultad que el presidente argentino tiene para sancionar disposiciones como la eliminación de ministerios: el gobierno de Macri eliminó diez.
En las primeras 72 horas de su gestión, el expresidente argentino Mauricio Macri firmó 29 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), práctica que se repetiría durante toda una gestión que fue catalogada por la prensa nacional e internacional como “un gobierno por decreto”.
Aun cuando el líder de Cambiemos, alianza de la coalición política de Propuesta Republicana (PRO), tenía minoría en el Congreso, tal como recuerda BBC, gracias al uso de los DNU suspendió la aplicación del Código Procesal Penal, nombró nuevos miembros de la Corte Suprema, cambió artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y eliminó diez ministerios, entre ellos, el de Salud, solo por nombrar algunas acciones.
“Los Decretos de Necesidad y Urgencia son disposiciones de carácter legislativo emitidos por el/la Presidente(a) de la República, cuando existen casos o circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional”, afirma la abogada de la Universidad Católica Silva Henríquez, Nathalia Da Costa.
Establecidos con la reforma constitucional de 1994, realizada por el expresidente Carlos Saúl Menem, obedecen al “presidencialismo fuerte que existe en Argentina”, destaca la especialista, y han sido utilizados por diferentes presidentes y presidentas de Argentina con distintos fines.
La abogada argentina residente en Chile hace más de una década, indica que la Constitución Nacional Argentina prohíbe que el presidente o presidenta de la República emita disposiciones legislativas, “las que quedan reservadas a determinadas circunstancias, y se pueden realizar a través de los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia”.
Es en el artículo 99 de la Constitución Nacional que se prevé la posibilidad de emitir, en su inciso 3°, un DNU.
“En numerosos casos han surgido problemas respecto a cuándo se dan esas ‘circunstancias excepcionales’”, agrega Da Costa, pero existen límites a qué se puede sancionar a través de un DNU.
“Los DNU no pueden regular materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, tampoco se pueden dictar ante el rechazo de un proyecto de ley por el Congreso ni por falta de acuerdo de los bloques para su tratamiento o ante la falta de quórum para sesionar”, detalla.
“No pueden ser dictados discrecionalmente ni por conveniencia, debiendo también descartarse aquellas situaciones de emergencia que fueron tratadas por el legislador”, agrega.
Además, las Cámaras pueden aprobar o rechazar un DNU, pero mientras no lo hagan sigue vigente y, de acuerdo a información proporcionada por la académica, en este punto algunos(as) expresidentes(as) encuentran limitaciones o facultades para sancionar, y en la demora del rechazo, tener tiempo para aplicar un DNU, que también puede ser denunciado por inconstitucionalidad, lo que ocurrió frecuentemente en el gobierno de Menem.
-¿Cómo funcionan?
-Los DNU son firmados por el/la Presidente(a) de la República, previo acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Este último, personalmente, y dentro de los diez días de su emisión, debe someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (8 senadores y 8 diputados, según proporción de las representaciones políticas en las Cámaras), cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara.
Esta comisión, en un plazo de diez días, debe elevar su despacho, en el cual debe expedirse sobre la validez o invalidez del DNU, al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras.
Si consideramos la conformación de las Cámaras de Diputadas y Diputados y el Senado, a la hora de la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, La Libertad Avanza (partido de Milei) contará con uno o dos representantes como máximo, lo que tornaría muy difícil que un DNU propuesto desde este partido, en el caso de que Javier Milei resultara electo como presidente y decida emitirlos, pueda ser considerado como válido en esta instancia. Situación que podría replicarse al interior de las Cámaras.
Por ello, deberá negociar activamente con los demás bloques, a fin de buscar la aprobación de sus propuestas.
-¿Cuáles grandes promesas, gracias al uso del DNU, podría llegar a cumplir Milei en caso de llegar a la presidencia?
-Para poder implementar gran parte de las propuestas que se encuentran en las “Bases de acción política y Plataforma Nacional Electoral” 2023 de La Libertad Avanza, deben realizarse cambios legales y/o constitucionales.
Es posible que muchas las intente realizar vía DNU, pero para su aprobación o no rechazo deberá negociar con otros sectores políticos con mayor representación dentro del Congreso.
Otra vía es a través de plebiscitos, pero los mismos, si no son propuestas desde el Legislativo, no tienen fuerza vinculante, por lo cual deberán ser enviados al Congreso para que sean aprobados, pudiendo convertirse en un arma de doble filo para el gobernante que lo haya impulsado.
-¿Podría eliminar ministerios, por ejemplo?
-No sería un hecho novedoso, ya se ha realizado en otras ocasiones, sobre todo en el gobierno de Mauricio Macri. Es posible eliminar ministerios por Decreto, en base a las facultades concedidas por el art. 99 inc. 1 y 3 de la Constitución Nacional; por lo cual es perfectamente factible que pueda ser realizado por DNU, considerando la potestad entregada constitucionalmente.
Ahora, considerando la reciente alianza con Patricia Bullrich y el sector de Juntos por el Cambio (en realidad con el PRO), en algunos casos podría llegar con más facilidad a obtener la ratificación de algún DNU en el caso de que decida ejercer funciones colegislativas para gobernar.
