BRAGA
Más de 350 mujeres quedaron embarazadas entre 2020 y 2022 en Chile debido al consumo de anticonceptivos defectuosos según un informe de Corporación Miles: un grupo de diputadas elaboró un proyecto de ley para que las víctimas sean reparadas y elevar las multas a laboratorios. Fue despachado.
El proyecto, que busca modificar el Código Sanitario para establecer una responsabilidad civil por los daños causados por medicamentos anticonceptivos defectuosos (boletín 14094), fue aprobado en general el pasado 17 de enero por la Sala de la Cámara, pero fue objeto de varias indicaciones, motivo por el cual retornó al grupo parlamentario.
Según información de la Cámara de Diputadas y Diputados, la semana pasada las y los integrantes de la Comisión de Salud analizaron las diez indicaciones, en su mayoría presentadas por el diputado Johannes Kaiser (Partido Republicano), que buscaron suprimir ciertas partes del texto, variar la redacción de otras normas y quitar la retroactividad de la ley.
La diputada Karol Cariola (PC), una de las autoras de la moción que originó la propuesta, señaló en la ocasión que las modificaciones buscaban cercenar el sentido del proyecto y, además, invertía la carga de la prueba a las personas afectadas, cuando es el laboratorio el que tiene que demostrar el defecto del medicamento.
La parlamentaria también acusó que las indicaciones tenían como objetivo rigidizar el mecanismo de acreditación del medicamento defectuoso por parte del ISP y proponía que la norma no se aplicara de manera retroactiva, es decir, que las más de 350 mujeres embarazadas entre 2020 y 2022 por anticonceptivos defectuosos no pudieran solicitar en nombre de esta ley.
En esa línea, la comisión ratificó los artículos de la moción original. Entre otros puntos, mantiene el concepto de personas gestantes, que el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) buscaba eliminar.
Paralelamente, señala que la ley entrará en vigencia desde la fecha de publicación en el Diario Oficial. Pero agrega que se aplicará, retroactivamente, a todos los casos de embarazos o pérdidas reproductivas por métodos anticonceptivos o dispositivos que hayan sido objeto de alertas farmacéuticas emitidas por el por el ISP desde el año 2020.
El texto busca reparar a mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado. Para ello, incorpora una presunción de causalidad cuando exista un embarazo y una alerta emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP).
Así, se establece que el laboratorio estará encargado de probar que el defecto no podría haber generado dicho daño. También, eleva las multas que puede aplicar el ISP y establece el efecto retroactivo de la ley para los casos que generaron el proyecto.
