BRAGA
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Para muchas mujeres el tráfico de drogas se convierte en una opción para cuidar de sus hijos al ser considerado un “trabajo” que les brinda flexibilidad para estar en casa. Además, reciben menos visitas y enfrentan desafíos debido a una infraestructura carcelaria inadecuada para sus necesidades.
Según datos del Ministerio de Justicia, se reveló que más de la mitad de mujeres reclusas en Chile están condenadas por delitos de drogas. Hasta diciembre de 2023, dos mil 443 internas cumplen penas vinculadas a este ilícito, marcando un aumento del 30% en relación con 2022. En comparación, el porcentaje de hombres en la misma situación es del 24%.
Este fenómeno contribuye a que Chile tenga la tasa de encarcelamiento femenino más alta de la OCDE, con 21.9 por cada 100 mil habitantes. La ley 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes, establece penas altas y pocas salidas alternativas, lo que contribuye a largos periodos de privación de libertad para las mujeres condenadas por estos delitos.
La directora del Centro de Justicia y Sociedad, Catalina Droppelmann, explicó a El Mercurio que, “la mayoría son cuidadoras principales de sus hijos y la venta de drogas no solamente les permite acceder a un ingreso sino que además ese delito para ellas es muchas veces considerado como un trabajo, porque les permite a su vez mantener la crianza de los niños, trabajar desde la casa y salir en horarios que no afectan a sus hijos”.
En 2018, sólo 1.571 mujeres reclusas recibieron visitas, en contraste con los 21.980 hombres que fueron visitados, según datos de Gendarmería recopilados por el Centro de Justicia y Sociedad UC. Esto, según explican profesionales, se debe a que muchas mujeres evitan que sus hijos las visiten para protegerlos de la compleja experiencia carcelaria, lo que contribuye a la soledad de las mujeres reclusas.
Además, la directora de Red Acción Carcelaria, Antonella Oberti, señaló al mismo medio que la infraestructura carcelaria, diseñada principalmente para hombres, no considera las necesidades específicas de las mujeres, como el acceso adecuado a agua durante la menstruación.
La falta de visitas y las malas condiciones profundizan los desafíos para las mujeres privadas de libertad, acentuando la desigualdad en el sistema penitenciario.
