Las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y Mujeres y Equidad de Género analizaron, en conjunto con el Gobierno, las cifras de femicidios durante los últimos años en el país.
Durante el mes de enero se han registrado 4 femicidios consumados y 17 frustrados. Tras estas cifras, las diputadas Carla Morales (RN) y Karen Medina (PDG), asistieron a la sesión conjunta de la comisión de Mujeres y la comisión de Seguridad Ciudadana para analizar las medidas de protección y las estadísticas ante estos delitos.
La sesión conjunta se realizó a partir de la preocupación parlamentaria, tras conocerse los casos ocurridos las últimas dos semanas: el asesinato de una funcionaria municipal de Pichilemu; el caso de una joven que se encontraba desaparecida en San Felipe y el de una mujer embarazada de siete meses, que fue encontrada en un canal de regadío en Rancagua.
En la instancia participaron las ministras del Interior, Carolina Tohá, y de la Mujer, Antonia Orellana, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a quienes las diputadas solicitaron estadísticas y cifras respecto a los delitos.
Tohá aseguró que este es un tema de preocupación para el Gobierno. Pero, afirmó que “no es efectivo que los números hablen de un aumento de femicidios”, y agregó que “hay una tendencia estable de las cifras de femicidio consumado los últimos años… y un aumento de femicidios frustrados”.
Por su parte, el subsecretario Vergara dio a conocer las estadísticas de atención: en 2022 hubo 322 femicidios frustrados y 120 consumados. En 2023, en tanto, fueron 335 los femicidios frustrados y 101 los consumados. Mientras que, en lo que va del 2024, las cifras son de 17 femicidios frustrados y 4 consumados.
Por su parte, las diputadas valoraron los datos entregados y el análisis sobre los planes que se estarían llevando a cabo. Sin embargo, la diputada Medina indagó respecto al porcentaje de víctimas de femicidios que contaban con medidas cautelares, y manifestó su preocupación por el uso de medidas cautelares y los posibles fallos en su implementación.
“Nos preocupa saber cuáles son las medidas que están fallando, por qué las medidas cautelares no se están cumpliendo (…) a pesar de las denuncias, a pesar de todas las medidas de apoyo que le está entregando el Estado y que están siendo ineficientes”, dijo.
Por otro lado, la diputada Morales abordó la falta de recursos en los Servicios Nacionales del Ministerio de la Mujer a través de las regiones y los problemas de conexiones que hacen que no se puedan llevar a cabo algunas implementaciones.
En el mismo contexto, las diputadas llamaron a avanzar en prevención y a priorizar los recursos, además de abordar los planes policiales con una mirada de género.
Ante esto, la ministra Tohá recordó que hay un plan de acción nacional que se está desarrollando, que tiene varias aristas de acción, entre ellas, el diagnóstico de la temática de género al interior de la PDI y Carabineros.
Desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la ministra Antonia Orellana afirmó que el femicidio “no es un hecho aislado de violencia extrema, sino que se ubica dentro de un continuo de violencias de género que ha experimentado esa mujer en su vida, con el mismo agresor u otro”.
“Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse desde su denuncia como un delito de femicidio, según los estándares internacionales”, agregó.