BRAGA
EFE/ Mario Guzmán
La CorteIDH reabrió caso de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en México, hace 23 años. Tras años de lucha y negligencia judicial, su madre continúa buscando justicia. El proceso espera una audiencia para el 2025, destacando la responsabilidad del Estado de México.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a abrir el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, asesinada hace 23 años en Ciudad de Juárez, México, según ha informado la madre de la víctima, Norma Andrade.
“La esperanza (con esta noticia) es ver que en este México de hoy tengamos libertades, tranquilidad y paz, una paz que no hay ahora. Que la Corte obligue al Estado mexicano a que haga lo que tiene que hacer”, ha declarado Andrade.
Tras años de lucha judicial, en 2018 las autoridades encarcelaron a un hombre, pero ni siquiera cotejaron su ADN con los perfiles genéticos obtenidos del cuerpo de la joven, que contaba con graves signos de violencia sexual.
Un miércoles 14 de febrero de 2001, cuando Alejandra tenía 17 años y dos hijos pequeños, salió a trabajar y no regresó. Su madre acudió ante las autoridades para solicitar la búsqueda de su hija, pero esta no comenzó inmediatamente.
Días después, el 19 de febrero, una mujer identificó en la calle a una joven, con las características de Alejandra, desnuda, y que huía de un hombre. A pesar de la denuncia, las autoridades no aparecieron y el cuerpo de Alejandra apareció dos días después en un lote baldío.
“Norma presentó la petición para que la CorteIDH atrajera el caso. En 2002 acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvieron que pasar muchos años”, ha explicado Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
“En 2018 la CIDH emitió un informe donde considera que el Estado mexicano es responsable internacionalmente del feminicidio de Lilia Alejandra por no actuar inmediatamente”, agrega.
El Estado mexicano ha solicitado prórrogas a la CIDH, que no ha cumplido a pesar de diversas oportunidades, por lo que el Grupo de Acción ha insistido en que el caso debía elevarse a la CorteIDH.
Ahora, los representantes de Norma entran en un proceso en el que deben presentar primero un escrito de argumentos, solicitudes y pruebas. Después, tienen que enviar material probatorio, tanto la defensa como la CIDH y el Estado, para una audiencia pública que calculan que ocurriría a inicios de 2025.
Luego, se abriría otra etapa escrita en la que los tres agentes envían conclusiones para que la Corte, formada por siete jueces, emita un fallo.
Salas ha explicado que “en general” las sentencias de la CorteIDH se cumplen, aunque en 2009 en una sentencia sobre el caso ‘Campo algodonero’ -cuando encontraron ocho cuerpos de mujeres violentadas en 2001 en México- no se cumplió.
“No hay que acostumbrarnos a la impunidad. Depende de la insistencia y la resistencia”, ha dicho Salas, al recordar que esto no es un caso, sino una causa, y que la sentencia será para el Estado mexicano, no para el Gobierno actual.
“¿Cuántas mujeres asesinadas? Son muchas para que como sociedad unamos nuestra voz y la levantemos, que no esperen a estar en mis zapatos para apoyar a una madre con un hijo o una hija desaparecida o asesinada”, ha concluido Andrade.
